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Sanidad descubre ahora una cláusula que "impide sancionar a Ferrovial hasta 2017"

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El gerente del SCS, "escandalizado" por la maniobra aprobada antes del cambio de Gobierno, confía en que sea anulada por los servicios jurídicos

Ana Rosa García

Viernes, 24 de junio 2016, 12:02

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La comisión de seguimiento del macrocontrato de Valdecilla, encargada de vigilar la gestión de los servicios asumidos por la adjudicataria, Smart Hospital Cantabria (Ferrovial-SIEC), se ha dado de bruces con un documento que tiene "escandalizado" al gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y a todo su equipo. Se trata de una resolución aclaratoria de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones que "nos impide sancionar a la empresa hasta 2017 por las deficiencias o incidencias detectadas en el nuevo complejo hospitalario". Este blindaje, en el que apoya la adjudicataria para defender por qué no está en marcha aún la plataforma informática del registro de incidencias bautizada como Aurora, no había trascendido hasta ahora. "Ha sido la propia empresa la que nos lo ha notificado, no teníamos conocimiento de la existencia de esta resolución, no hemos encontrado donde estaba registrada y, la verdad, no damos crédito", lamenta Pérez, que ya ha encargado a los servicios jurídicos del Gobierno que estudie su legalidad para buscar la forma de anularla.

La "sorpresa" con la que se ha topado la Administración se ha hecho mayúscula al descubrir que el documento está firmado por el anterior gerente de Valdecilla, César Pascual, "solo unos días antes de abandonar su puesto" hace ahora justo un año. Concretamente, está fechado el 17 de junio de 2015, "tras unas elecciones en las que se había decidido un cambio de Gobierno. Si no había tomado posesión la nueva Consejería, estaba a punto de hacerlo", recuerda Pérez Gil. El gerente deja claro que "esta decisión va más allá de la persona que lo firma, es una actuación del Ejecutivo anterior (PP), con la que se ha privilegiado a una empresa frente a toda la sociedad cántabra, el contribuyente es el que sale perjudicado en todo esto". A su juicio, "es increíble que se haya aprobado el documento en estos términos, ni por la base ni por el contenido ni por el momento. Me parece una deslealtad del Gobierno saliente hacia toda la ciudadanía".

Pascual: "Tengo la conciencia tranquila"

Desde Madrid, su destino laboral desde hace doce meses, César Pascual reconoce que "fue una petición de aclaración solicitada por la empresa, porque se planteó la duda sobre el plazo de margen que tenía desde la entrada en funcionamiento del nuevo edificio hasta que se aplicara el sistema sancionador", pero niega de forma rotunda que se pretendiera favorecer a la adjudicataria con la respuesta. "Y si alguien piensa eso que vaya al juzgado, porque no es serio. Desde luego, yo tengo la conciencia muy tranquila", se defiende.

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