Ampliar el área de protección del Parque de Liencres costará nueve millones en siete años

Las dunas de Liencres y, al fondo, la playa de Canallave.
Las dunas de Liencres y, al fondo, la playa de Canallave. / Andrés Fernández
  • El Gobierno regional ultima un Plan que multiplicará por nueve la zona de seguridad de Costa Quebrada, el Pas y las Dunas

El Parque Natural de Liencres, una de las joyas paisajísticas de la costa cántabra, reforzará su protección en los próximos meses. El Gobierno regional ha decidido recuperar un plan que llevaba casi una década durmiendo en un cajón y que multiplica por nueve su área de seguridad, reducida en la actualidad a los pinares de bajada a la playas de Valdearenas y Canallave y a sus dunas. Pasará de tener 194 hectáreas a 1.753. Pero no será gratis. Según el informe inicial fechado el pasado marzo al que ha tenido acceso este periódico, ya aprobado por el Patronato del Parque y que ahora estudian los servicios jurídicos del Gobierno, la primera fase de la ampliación durará siete años y tendrá un coste estimado de nueve millones de euros.

El área de influencia del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) traspasará las fronteras de Piélagos y llegará hasta Mogro, por un lado, y hasta el límite de Santa Cruz de Bezana con Santander, por el otro. Toda Costa Quebrada quedará incorporada a la nueva reserva natural, que, además, protegerá Cuchía, los islotes de esa zona, todo el estuario del Pas y llegará hasta la playa de Los Caballos, en Miengo.

Cada plan, 60.000 euros

Para estirar estas fronteras harán falta elaborar cuatro herramientas que organicen la nueva estructura del Parque: un Plan Rector de Uso y Gestión, otros dos de movilidad y desarrollo sostenible y uno último de Integración Ambiental y Paisajística. Cada uno de ellos costará alrededor de 60.000 euros. Además, habrá que poner en marcha un puñado de actuaciones previas en la zona que supondrán un gasto añadido para el Gobierno. Por ejemplo, la regeneración ambiental de ecosistemas (85.000 euros anuales), un programa de actuación contra plantas invasoras (40.000 euros al año) y acciones de restauración excepcional para zonas degradadas.

El documento calcula que casi cuatro millones de euros se podrán conseguir vía subvención de la Red de Espacios Naturales Protegidos, pero más de cinco millones deberán salir de las arcas de la Administración autonómica durante los siete años que dure esta primera fase de implantación. Desde 2017 hasta 2023. "Son estimaciones y cualquier compromiso de financiación siempre estará supeditado a la capacidad presupuestaria del Gobierno", matizaron desde la Consejería de Medio Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, encargada de diseñar el nuevo Plan.

El Cuco, la Picota y protestas

El mapa de la ampliación del Parque llegará hasta la ladera alta del monte de El Cuco, protagonista de una de las acciones urbanísticas más polémicas de la región en la última década. Convertido en una gigantesca escombrera, las máquinas ya han empezado a derruir las 232 viviendas a medio construir que llegaron a venderse pero nunca se terminaron, gracias al adelanto del dinero que el Gobierno ha hecho al Ayuntamiento de Piélagos.

El PORN de Liencres permitirá la restauración ambiental de la zona más alta, donde todavía se encuentran una parte de los edificios abandonados junto a pronunciadas pendientes y un desmonte que llevó a los grupos ecologistas a denunciarlo en los tribunales.

En una zona con mucha presión urbanística y un tramo de costa muy singular, cualquier intento de construir en el nuevo área de influencia del Parque Natural quedará vetado tras su aprobación. Las implicaciones del PORN también afectarán, por tanto, al monte La Picota, un mirador privilegiado sobre las playas de Liencres donde existe desde hace veinte años un proyecto para construir una urbanización de 200 viviendas en plena ladera. Esa bolsa de suelo de 200.000 metros cuadrados, ubicada en plena ladera, junto a la carretera que lleva de Liencres a la bajada a la playa de Canallave, pertenece a casi sesenta propietarios. Ellos mismos reconocen que nunca se llegará a construir, pero esperan que se les compense. Una fórmula prevista en el propio Plan, concretamente en la disposición adicional tercera, donde se recoge la posibilidad del aprovechamiento urbanístico en otra zona.

Críticos

A pesar de todo, la voluntad del Gobierno por ampliar el Parque ha encontrado críticos. Los propietarios de los terrenos afectados han denunciado públicamente el "expolio" que supone esta medida, ya que se ataca directamente a sus derechos sobre la propiedad privada. Un atropello, según comentan, que se materializa en que esta figura de protección blindará herméticamente sus parcelas, privándoles de la posibilidad de establecer en ellas cualquier tipo de explotación.

El documento recoge otras prohibiciones expresas en ese área una vez que se apruebe el nuevo Plan, como la construcción de helipuertos, instalaciones de energía solar y eólica, la presencia de vertederos o polideportivos, entre otras muchas. Además, impide extraer arena y rocas de las dunas y pernoctar en los aparcamientos.