Revilla admite que la falta de dinero limitará la estructura de la oficina anticorrupción

Revilla ha explicado que ha dejado la creación de esta oficina anticorrupción en manos de Rafael de la Sierra.
Revilla ha explicado que ha dejado la creación de esta oficina anticorrupción en manos de Rafael de la Sierra. / Javier Cotera
  • El presidente reconoce que no podrá organizarla como tenía previsto inicialmente y confía en que esté "lista" antes de que termine el año

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que el anteproyecto del Gobierno para crear una oficina anticorrupción que tramite las denuncias de los ciudadanos está "a punto" y confía en que esté "lista" antes de que termine el año. Aunque reconoce que no será como "había pensado" inicialmente. Las estrecheces presupuestarias, que obligan a priorizar las inversiones en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, impiden a la Administración dotar al proyecto de la dimensión original: "Tendrá una estructura mínima". Fuentes del Ejecutivo resaltan que, al menos en parte, se podrá ejecutar a través de la Ley de Transparencia con un equipo de funcionarios.

El líder del PRC se comprometió la misma noche electoral a poner en marcha este órgano. "Prometo la honradez total. No voy a tolerar que haya un mínimo atisbo de que alguien mete la mano. Eso queda erradicado", aseguró en aquel momento. Ahora, una año y tres meses después, insiste en que la base "está lista" y ha dejado todo en manos del consejero de Presidencia yJusticia –y su hombre de confianza–, Rafael de la Sierra, quien ya tiene ultimada una estructura que, como reconoce Revilla, es "mucho más modesta".

El jefe del Ejecutivo quería impulsar este proyecto sin dinero y se ha dado cuenta de que es imposible. Además deberá tener unas raíces jurídicas sólidas, ya que se tratará de un órgano nombrado directamente por el presidente y creado por el propio Gobierno para su propia fiscalización.

Cualquier persona que tenga indicios o pruebas de que un cargo público o un funcionario ha cometido una ilegalidad podrá denunciarlo en persona, por correo o a través de internet. Las delaciones serán confidenciales, pero deberán llevar obligatoriamente la firma del denunciante. Lo que el anteproyecto no deja cerrado todavía es el ámbito de actuación del organismo. Afectará al Ejecutivo y a las empresas públicas, pero existen dudas sobre si tendrá competencia también sobre los ayuntamientos de la región.

Dudas de los expertos

Lo que está por ver es si finalmente se nombrará a un consejo de expertos, personas independientes, con experiencia en el ámbito de la gestión y de reconocido prestigio, que estudiará cada caso. Hay dudas en el Ejecutivo de que las restricciones presupuestarias se lo permitan, ya que obligaría a los elegidos a trabajar de forma altruista o por una dieta simbólica.

El sistema de funcionamiento previsto pasaba por investigar la verosimilitud de los casos remitidos. Después consistía en recopilar información complementaria, ponerse en contacto con los denunciados y comprobar los hechos a través de una auditoría u otro sistema. Y finalmente, en una tercera fase, decidiría qué hacer: convocar una comisión de investigación o, incluso, trasladarlo a la Fiscalía para que dirima si existen indicios suficientes para abrir la vía judicial.

Consejo de Transparencia

La opción más factible en estos momentos es llevarlo a través del futuro Consejo de Transparencia, que estará formado por políticos y técnicos de la Dirección Jurídica del Ejecutivo, diputados del Parlamento, miembros de sindicatos y funcionarios estatales de la Agencia de Protección de Datos. Su misión será resolver las reclamaciones de los ciudadanos por los incumplimientos de la Ley. En cualquier caso, el propio Revilla le resta importancia: "No tengo percepción de que seamos una región corrupta".

También existen ciertas dudas en el ámbito judicial. Recientemente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, mostró algún reparo a las funciones que tendría esta oficina: "No podrá investigar delitos porque se trata de un órgano administrativo y, como tal, si tiene conocimiento de una actuación delictiva tendrá que ponerla en manos de la autoridad fiscal o judicial". En el ámbito político, Podemos ya ha dado el visto bueno, aunque Ciudadanos y PP se oponen frontalmente a su creación.