El técnico imputado por las mordidas a ganaderos se enfrenta a 4 años de cárcel

Javier Escalona saliendo de declarar del juzgado de Medio Cudeyo.
Javier Escalona saliendo de declarar del juzgado de Medio Cudeyo. / Antonio 'Sane'
  • El fiscal y el Gobierno regional acusan de un delito de cohecho al funcionario de Ganadería, que será juzgado por un jurado popular

Un tribunal popular dirimirá en los próximos meses si el técnico de la Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Ontaneda, Javier Escalona, imputado por el supuesto cobro de ‘mordidas’ a ganaderos por la tramitación de ayudas públicas, cometió un delito continuado de cohecho, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal.

La Acusación Pública, que ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, solicita cuatro años de prisión para el técnico, además de 9.000 euros de multa y la inhabilitación especial durante nueve años. El Gobierno de Cantabria (PP), que fue quien puso a Escalona ante la Justicia, no ha querido hacer más sangre y se ha limitado a adherirse al informe fiscal. El caso está ahora pendiente de que la abogada del acusado presente su informe.

Escalona fue apartado de sus funciones y enviado a su casa durante los seis meses que duró la tramitación del expediente administrativo abierto por la Consejería de Ganadería en marzo de 2013, con Blanca Martínez al frente de ese departamento. Aquellas indagaciones internas concluyeron que había indicios de delito en la actividad del funcionario, por lo que Ganadería trasladó el caso a Fiscalía y ésta lo remitió directamente al juzgado. La investigación judicial para dirimir las responsabilidades penales del técnico detuvo el procedimiento administrativo, y el funcionario, a pesar de estar bajo sospecha, volvió al trabajo, aunque fue trasladado a la oficina de Santander, donde desarrolla tareas en el Servicio de Estadística a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Mordidas de 3.000 euros

El turbio asunto destapado por la Consejería de Ganadería se descubrió cuando algunos ganaderos de la zona pasiega contaron que Escalona les solicitaba dinero, en torno a 3.000 euros, por gestiones y trámites administrativos inherentes a su cargo. Entonces saltaron todas las alarmas y la titular de Ganadería puso en marcha las pesquisas internas. Durante seis meses, los instructores del expediente recabaron más de medio centenar de testimonios de vaqueros que admitieron la existencia de esas mordidas. Algunos ganaderos, con escasos recursos, revelaron de manera inocente que como no tenían dinero pagaron en especie con un cordero.

Ganadería concluyó que la conducta de su empleado constituía un caso claro de cohecho, y puso toda la documentación en manos de la Fiscalía. Pero cuando la documentación llegó al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Medio Cudeyo, los ganaderos que, de buena fe reconocieron haber pasado por la caja del funcionario, fueron llamados a declarar como imputados y, así, de manera inopinada, pasaron de víctimas a acusados. El juez también imputó a otros dos funcionarios, compañeros de oficina de Escalona, a los que reprochó su silencio a pesar de ser conocedores de las irregularidades.

Finalmente todo quedó en un susto porque en diciembre del año pasado, el juez acordó el archivo de la causa para todos los ganaderos encausados, en su mayoría de los municipios de Vega de Pas, Luena, San pedro del Romeral, Corvera de Toranzo y Santiurde de Toranzo, y también exoneró de toda culpa a los dos empleados de la oficina comarcal de Ontaneda.

El juez de Medio Cudeyo, Enrique Quintana, ha dado por concluida la investigación y determinado que la causa sea juzgada por un tribunal popular, una resolución que ha confirmado ahora íntegramente la Audiencia Provincial.