Veinte trabajadores de Cantur deben devolver la subida salarial que el comité pactó con el PP

  • La empresa acordó un aumento de sueldos individuales de hasta un 30% para algunos trabajadores meses después de aprobar un ERE que afectó a cerca de 40 empleados

A Cantur le ha estallado el último convenio colectivo con los trabajadores, que tenía vigencia durante 2014 y 2015, como una bomba de relojería entre las manos.

El Tribunal Superior de Justicia ha ratificado la nulidad de la subida salarial del 1,5 % a los trabajadores de la empresa pública y el incremento salarial por categorías aprobado durante el Gobierno del PP. Una decisión firme que obligará a 21 trabajadores a devolver con carácter retroactivo el aumento de sueldo, que en algunos casos llegó hasta un 30%, aprobado tan solo unos meses después de firmarse un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a cerca de 40 personas –26 despidos y 14 jubilaciones anticipadas– y sin los informes favorables necesarios de la Dirección General de Trabajo y las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia para modificar las retribuciones de personal no funcionario laboral. Cantur cuenta actualmente con unos 430 trabajadores aproximadamente.

La decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha confirmado la parte de la sentencia que ya había anulado esa subida salarial, ha caído como un jarro de agua fría dentro de la plantilla y ha generado un especial malestar entre los afectados, que tendrán que reintegrar a las arcas de la empresa el dinero cobrado los dos últimos años.

La Consejería de Industria intenta desde ayer buscar alguna fórmula a través de la cual, esta vez con los informes pertinentes y los pasos administrativos que obliga la Ley de Presupuestos, «permita en un breve plazo compensar este desastre con el reconocimiento legal de los cambios de categoría de los trabajadores afectados». El responsable de Cantur, Javier Carrión, intentará fraccionar y flexibilizar los plazos y cantidades que los empleados afectados tienen que devolver.

Fuentes de la empresa pública critican que se acometiera un aumento salarial de estas características justo después de proceder a un ERE en 2013, que se saldó con 40 salidas de la empresa pública y un ahorro de 200.000 euros, según justificó el PP en su momento.

Una decisión que no contó con el consenso ni de su propio partido, ya que fue recurrida por la Dirección General de Trabajo del mismo Ejecutivo, y no se contó con las consejerías pertinentes. Se da la circunstancia de que todas ellas estaban en manos de los populares, que gobernaba por entonces con mayoría absoluta.

La negociación del convenio colectivo ya provocó entonces tensiones dentro del propio Gobierno del PP. El por entonces responsable de la empresa pública, Julio Muela, que tenía la encomienda de sacar adelante una sociedad que se debatía entre la crisis del sector y los innumerables planes del Ejecutivo para el área, logró alcanzar un principio de acuerdo con los representantes de los trabajadores, que después desautorizó el Gobierno. Aquello le llevó a presentar su dimisión, que no fue aceptada por el exconsejero Eduardo Arasti.

Enfrentamiento interno

Fue el detonante del enfrentamiento en una relación sembrada de desencuentros desde poco después de la luna de miel que sucede a cualquier nombramiento. Finalmente, el convenio colectivo se cerró a finales de 2013. Sin embargo, dicho acuerdo fue impugnado por Trabajo, momento en que Muela volvió a presentar su dimisión, pero con carácter irrevocable.

Ahora la Sala ratifica, tal y como señaló el Juzgado, que es nulo cualquier aumento salarial pactado en el convenio colectivo por «conculcar la legalidad presupuestaria» que prohíbe incrementos de retribuciones del personal del sector público para modificar las retribuciones de personal no funcionario laboral.

El consejero de Turismo, Francisco Martín, señaló ayer que «frente a este desprecio por la legalidad y por los derechos de los trabajadores trabajaremos por minimizar los efectos, y desde luego pediremos responsables políticas».