Tráfico estudia fórmulas para dotar a las policías locales con ‘drogotest’

Andando el mismo sendero que su antecesor en el cargo, Serafín Sánchez, el actual jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha decidido remangarse también para involucrar a las administraciones locales en una realidad preocupante el 51,64% de los conductores que el año pasado fueron sometidos a un control de drogas en Cantabria dieron positivo de la que los ayuntamientos no pueden participar por falta de recursos.

Aunque es el resultado obtenido de controles realmente selectivos al contrario de los de alcohol, indiscriminados por norma general el porcentaje justifica por sí mismo "la lucha que mantenemos contra una de las grandes lacras que existen en materia de seguridad vial" como es la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Una batalla en la que Tolosa desearía "la mayor implicación posible" pero que hoy, sin embargo, solamente se libra a campo abierto en las carreteras interurbanas de la región (bajo jurisdicción de la Guardia Civil de Tráfico) porque en las urbanas (custodiadas por la policía local) no hay armamento disponible para poder hacerlo.

Un coste inasumible

El elevado coste de estos aparatos y, muy en especial, de los kits para la toma y el análisis de las muestras, han terminado por acallar las voces en las comisarías de policía local, donde, aún conscientes de la importancia de tener su propio narcotest, los mandos y sus agentes han dejado de reivindicar una adquisición que sus ayuntamientos respectivos consideran inasumible.

Según explica el responsable de equipos de detección de alcohol y drogas de la compañía Dräger Safety (principal comercializadora de este tipo de dispositivos), Luis Botija, un drogotest cuesta 3.500 euros. Para las administraciones locales, su adquisición no representaría una carga económica desmesurada. Pero su utilización, en cambio, sí. Cada kit vale alrededor de 40 euros. Y cada prueba remitida al laboratorio para su análisis, otros 80 más. Es decir, que cada examen negativo supondría un coste de 40 euros y cada test positivo en el que es necesaria una prueba de contraste un desembolso de 160.

Vista desde una perspectiva económica, la compra de un drogotest solo sería rentable en el caso de que al menos una de cada nueve pruebas que se hicieran dieran positivo, ello considerando que una infracción por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes se castiga con una multa de 1.000 euros (600 si se abona en pronto pago) que, dicho sea de paso, no repercutiría en las arcas del ayuntamiento sancionador sino en las de Tráfico, que es el departamento encargado de su recaudación.

Vista desde un ángulo preventivo, su adquisición sería amortizable en cualquier caso.

Consciente del alto coste que supone la puesta en marcha del procedimiento al que, de otra parte, habría de añadir los gastos derivados de la formación de los agentes que realizaran este tipo de prueba, Dräger Safety ofrece a sus clientes la cesión gratuita del drogotest, una donación de carácter temporal y condicionada, eso sí, a la compra de un determinado número de kits. "Nosotros cedemos los dispositivos y, a cambio, el beneficiario nos compra los elementos necesarios para hacer las pruebas", explica Botija, que cree que, en esas condiciones, "cualquier policía local que lo desee tiene suficiente para poner en marcha un drogotest".

Pero ni siquiera así ha logrado adentrarse en el mercado cántabro, donde las policías locales se conforman con la ayuda que al respecto les presta la Guardia Civil.

"El equipo es muy interesante", reconocen los concejales de Seguridad Ciudadana de Santander y Torrelavega, Pedro Nalda y Pedro Pérez, para quienes "todo lo que repercuta en la seguridad vial es bueno". En la misma línea, los jefes de la Policía Local de Castro y de Laredo, Juan Carlos Veci y Domingo García, están seguros de que los drogotest "nos permitirían establecer un mayor control" sobre estas conductas. Y en iguales términos, el subinspector de la Policía Local de Camargo, Jesús Salmón, asegura que la carencia de este tipo de instrumentos "empobrece en parte el servicio". Los cinco coinciden en sus ventajas. Pero también en su gran inconveniente: "Es muy caro".

Al rescate, José Miguel Tolosa ha propuesto recientemente a la Dirección General de Tráfico la posibilidad ya contemplada en su momento por Serafín Sánchez de ceder a las administraciones locales un equipo propio con sus correspondientes kits que estas podrían empezar a usar quizá el próximo año, aunque fuera de forma rotatora. "Estableceríamos un calendario de rotación que permitiese su uso compartido", explica el jefe provincial, que, por otra parte, también contempla la posibilidad de que Tráfico pudiera facilitar sus kits a los ayuntamientos que se decidieran a comprar un drogotest.