Más de 500 cántabros han cambiado la cárcel por servicios a la comunidad

Imagen de una persona condenada a trabajos en beneficio de la comunidad en el ejercicio de sus funciones.
Imagen de una persona condenada a trabajos en beneficio de la comunidad en el ejercicio de sus funciones. / D. PEDRIZA
  • Todos los delitos que conllevan un castigo menor a los tres meses de cárcel pueden pagarse en la actualidad sin entrar en prisión

Actualmente, alrededor de 575 personas cumplen una pena en Cantabria sin entrar en prisión porque el juez les ha cambiado la cárcel por un tiempo concreto de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). De ellos, solo un 10% son mujeres: este es el porcentaje -más o menos- del total de ciudadanos que comete una infracción que acaba en los tribunales y con una sentencia en contra.

Esta forma de pagar una deuda con la sociedad tras haber cometido un delito se puede aplicar siempre que el juzgado dicte una sentencia que conlleve una pena menor a los tres meses de prisión. En los casos de violencia de género o contra la seguridad vial, esta alternativa se plantea de forma directa.

En el resto, se pueden imponer como pena sustitutiva de la prisión, «siempre que no estemos hablando de un reincidente», explica José Bengoechea, responsable del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro de Inserción Social 'José Hierro' de Santander, dependiente de Instituciones Penitenciarias. El funcionario señala que en este departamento se elaboran los itinerarios a seguir teniendo en cuenta cada caso de forma singular.

El proceso es el siguiente: con cada sentencia firme que puede suponer que el condenado se libre de entrar en prisión, se libra un oficio al SGPA, en el que se cita al penado para estudiar la mejor forma de encajar las horas que tiene que dedicar a la comunidad con sus circunstancias vitales. «Se valoran sus horarios de trabajo, sus obligaciones familiares, si tiene consultas médicas regulares, o el lugar en el que resida». Es decir, todo lo que puede interferir con las obligaciones laborales que tendrá que sacar adelante para limpiar su expediente penitenciario.

Bengoechea asegura que en su servicio siempre se agilizan los trámites porque creemos que «cumplir la pena es una obligación, pero también es un derecho de la gente enfrentarlo lo antes posible y poder dejar atrás esta parte de su vida».

La experiencia le dice que, en numerosas ocasiones, el propio penado se presenta en el SGPMA con una propuesta concreta de 'empleo'. Algunos no quieren satisfacer su deuda en su entorno más próximo, para que nadie conozca sus circunstancias, pero otros muchos sí eligen su ayuntamiento o una ONG conocida.

Con la institución en la que prestarán ayuda se establece en calendario de actividad y en ella se designa una persona de referencia, que informa de las incidencias y controla que el penado cumple sus deberes. La entidad tiene que facilitar un trabajo «real, digno y útil». Esto último es fundamental «porque tenemos comprobado que si la persona no siente que resuelve algo, el índice de abandono se incrementa».

Algún caso curioso

Se dan casos curiosos. Por ejemplo, un condenado se ofreció para limpiar y lavar vehículos para la Guardia Civil y así se organizó. Y algunas instituciones ofrecen plazas, pero avisan de que no quieren que las ocupen penados por violencia de género. «Te lo dicen así, directamente: no me mandéis un maltratador», relata el coordinador del servicio.

Las penas también se pueden saldar mediante la asistencia a talleres específicos para cada tipo de delito. Esta posibilidad es calificada por Bengoechea como «fundamental» porque están programados para intentar motivar los cambios de conducta que han llevado a delinquir.

«Ofrecemos talleres puramente formativos, de ocho semanas de duración, pero también otros de 10 meses, en los que el penado está obligado a asistir a todas las sesiones, porque si se salta alguna tiene que volver a empezar de cero». En Santander se están usando, sobre todo, los enfocados a tratar la violencia contra las mujeres.