Un inmigrante menor de edad, residente en Santander, se enfrenta a su segunda orden de expulsión del país

  • El pasaporte indica que tiene 17 años, por lo que tiene derecho a la tutela administrativa, pero el Gobierno se ampara en el informe fiscal que, basado en pruebas médicas, dice que es mayor y convierte su situación en irregular

La vida de este joven de Duala (Camerún), huérfano de padre y madre, es una carrera de obstáculos que no tiene fin ni siquiera cuando ya ha alcanzado la que consideraba tierra prometida. Su trayecto desde su país natal hasta Cantabria está repleta de episodios –atravesar media África hasta llegar al Mediterráneo, frustrado asalto a la valla de Melilla, naufragio de la patera con la que intentaba cruzar el estrecho de Gibraltar...– que ningún humano merece vivir. Y mucho menos un niño.

Porque era un adolescente cuando, en compañía de varios amigos, inició un largo trayecto en busca de una vida mejor. Porque apenas tenía 15 años cuando llegó solo, en la primavera de 2015, a Santander, procedente de Algeciras. Y porque hoy en día, cuando se enfrenta a una nueva pesadilla, la segunda orden de expulsión de España, sigue siendo menor de edad, según defiende a ultranza y según consta en su partida de nacimiento y en su pasaporte, que indican que tiene 17 años. Pero no para el Gobierno de Cantabria, que, amparado en el informe de la Fiscalía que defiende que es mayor de edad según concluyen las pruebas médicas realizadas en Valdecilla, le ha retirado la tutela administrativa y el permiso de residencia al que sí tienen derecho los menores extranjeros no acompañados, lo que le convierte en un inmigrante en situación irregular. Por el momento, su abogada, Eugenia Gómez de Diego, ha pedido con carácter urgente la suspensión cautelar de la expulsión hasta que se celebre el juicio después de Navidades.

La historia de este joven camerunés pone de manifiesto las lagunas de un sistema que mantiene colgado de un hilo su futuro, a la vez que ha despertado el rechazo de diversos colectivos sociales y de Podemos, que, tras conocer ayer su situación a través de El Faradio, han pedido al Gobierno cántabro la paralización de su expulsión. Según relata su letrada –exconcelaja socialista en el Ayuntamiento de Santander y ex directora general de Juventud–, el chico se puso a disposición de las autoridades nada más llegar a Santander, en marzo de 2015, defendiendo que era menor de edad. Su partida de nacimiento era su aval.

Dudas, archivo... y reapertura

Pero el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) puso en duda la validez del documento, por lo que trasladó los hechos a la Fiscalía de Menores, que pidió la realización de unas pruebas médicas en Valdecilla –una radiografía de la muñeca– para comprobar su edad . Unas pruebas de las que el joven no fue informado previamente y que, además, «tienen mucho margen de error» –entre 15 y 18 meses–, ya que se basan en unas tablas «de hace treinta años que no se han actualizado» y que no tienen en cuenta criterios «fundamentales» como el país de origen o los hábitats alimenticios, tal y como denuncia Gómez de Diego. Tal es así, que este tipo de diagnósticos han sido tumbados por el Tribunal Supremo en una decena de sentencias por su falta de exactitud y denunciados como ilegales por el Defensor del Pueblo o la ONU.

El caso es que las pruebas arrojaron que el joven «tenía 18 años o más», lo que provocó que el 23 de abril de 2015 se dictara un decreto fiscal que determinaba su mayoría de edad, lo que provocó que el Icass cesará «de forma inmediata» en la guarda y cuidado que asumió en cuanto llegó a Cantabria y que Extranjería abriera un expediente de expulsión por estancia irregular.

Su abogada recurrió esta determinación y, durante el proceso, el joven viajó a la Embajada de Camerún en Madrid, donde le expidieron un pasaporte que confirma que nació el 15 de junio de 1999, que se incorpora como nueva prueba. En virtud del mismo, a principios de 2016, la Delegación del Gobierno central en Cantabria anula la orden de expulsión al hacer valer el valor del pasaporte y solicita al Ejecutivo regional que se vuelvan a activar las medidas de protección. Pero, según explica Gómez de Diego, el Icass no tramitó su tutela ni inició el proceso para que lograra el permiso de residencia.

El caso es que el 3 de junio el organismo dependiente del Gobierno de Cantabria solicita, otra vez, a la Fiscalía la realización de nuevas pruebas de edad o que se ratifique en el decreto anterior. En definitiva, que no se creen los documentos de Camerún. La Fiscalía rechaza repetir las pruebas y se reafirma en su opinión anterior, que el joven es mayor de edad, dando más validez a la prueba médica de Valdecilla que a los documentos oficiales de su país. El Icass decreta entonces el cese de la guarda y cierra el expediente de protección del joven, cuyo caso regresa a la Delegación de Gobierno, que vuelve a abrirle un segundo procedimiento de expulsión cuando hace apenas unos meses había archivado el primero y su situación no ha cambiado. Ahora serán los juzgados quienes decidirán su futuro.