De la Sierra, Lombó, Blanco y Revilla, antes de la firma del pacto de investidura
De la Sierra, Lombó, Blanco y Revilla, antes de la firma del pacto de investidura / Andrés Fernández

Líneas rojas en industria, impuestos y empleo para negociar el Presupuesto

  • Con el proyecto de reforma fiscal sin cerrar, y a la espera de que las cuentas lleguen al Parlamento, los partidos de la oposición diseñan sus exigencias por si el bipartito llama a la puerta

El bipartito pagará más caro que el año pasado la aprobación del Presupuesto. Tras las emergencias sociales que en 2015 obligaron a redirigir todos los esfuerzos a educación y sanidad, los partidos de la oposición exigirán esta vez una demostración real de impulso a la actividad económica e industrial.

Con Podemos atrincherado en su lucha contra Salvador Blanco y Sodercán, los negociadores de PRC y PSOE miran ahora a Ciudadanos como un amigo de alquiler para esquivar su minoría en el Parlamento. En el PP ni siquiera esperan que llamen a su puerta.

El Gobierno se encuentra en una carrera contrarreloj para aprobar el documento a tiempo. «Hay plazo suficiente para hacerlo a finales de diciembre», dijo optimista la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. Lo cierto es que aún no está cerrada la reforma fiscal anunciada por la Consejería de Economía y, por tanto, el documento final no se ha entregado en el Parlamento antes del 31 de octubre, como es habitual. «Vamos con más retraso que en años anteriores debido a que el Gobierno en funciones de nuestro país ha estado en los últimos meses mirando para otro lado», denunció la dirigente socialista.

Desde Ciudadanos aventuran unas negociaciones arduas, a pesar de que reconocen que su postura es mucho más flexible que la de Podemos, casi descartado ya como muleta del bipartito por supeditar la marcha del consejero delegado de Sodercán a la aprobación de las cuentas. Pero en el partido de Albert Rivera también señalan dos obstáculos iniciales. El primero, la reforma fiscal. «No vamos a ceder a una subida de impuestos», dicen. Y el segundo, a la intención del bipartito de elaborar un Presupuesto «similar» al de este año, en palabras de Tezanos. Ciudadanos ha sido especialmente crítico en los plenos parlamentarios con el documento que se aprobó para 2016 y no ven con buenos ojos ese anuncio de la vicepresidenta. «Mal empezamos», avisan.

Propuestas rurales

Sobre la mesa pondrán varias propuestas económicas, como el desarrollo de un Plan Estratégico Integral para Cantabria a 30 años, con su correspondiente dotación económica, y establecer un modelo de cursos de formación orientado al trabajador.

Ciudadanos también centrará buena parte de sus exigencias en el mundo rural y en la actividad del primer sector. Para eso solicitará un paquete de reformas para los puertos pesqueros, presupuesto para hacer frente al pago pendiente a los ganaderos, fondos para completar las cuadrillas de montes y agentes forestales y dinero para combatir eficazmente al avispón asiático y acelerar el plan de erradicación de los plumeros, además de un programa especial para dar una salida digna a la gente del campo.

Los negociadores del partido naranja intentarán lograr un compromiso del bipartito para revisar la situación actual del entramado público del Gobierno. Además de devolver la gestión de Sodercán a la Consejería de Industria, creen que debe buscarse la fusión de empresas que pudieran ser convergentes o la desaparición de aquellas que resulten innecesarias, así como eliminar patrocinios fuera de mercado a empresas privadas que «en el pasado han sido un sumidero de dinero público».

En el PP, donde ni siquiera se plantean recibir una llamada del Ejecutivo para pactar un acuerdo, dibujan sus líneas rojas en el ámbito económico. «Las pinceladas avanzadas sobre política fiscal nos llenan de preocupación», admiten los populares, que exigen a la Consejería de Economía poner freno a una subida de impuestos.

Más impuestos, no

El Partido Popular no admitirá modificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, que con Ignacio Diego como presidente se bonificó un 99% en las herencias de padres a hijos. También se oponen al «incremento desmedido» de las transmisiones patrimoniales. Y tampoco renuncian a su propuesta, ya planteada en el Parlamento, de rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas más bajas.

Su apoyo estará condicionado «indudablemente» por las dotaciones a las políticas de estímulo económico, sobre todo al sector industrial, al fomento de la innovación, al empleo y al aprendizaje.

La ‘hoja de ruta’ de Podemos está muy marcada por su ultimátum a Salvador Blanco y al PSOE, pero también incluye una lista de medidas centradas en el desarrollo económico y los servicios sociales. La formación morada cree que el año que viene «la prioridad número uno es generar empleo en la región». Para ello, demandan un Plan para la Industria que concrete económicamente sus medidas y que se le dé una especial atención a la reducción de la brecha salarial y de ocupación entre hombres y mujeres.

El partido de Pablo Iglesias, socio en la oposición del bipartito durante el primer año y medio de la legislatura, exigirá el cumplimiento «de todos y cada uno» de los puntos del acuerdo de investidura que firmó con el PRC, incluyendo la reducción del copago para dependientes –volviendo a los niveles anteriores– o el aumento de la cuantía de la Renta Social Básica y su complemento con otro tipo de ingresos. También propondrán medidas para la protección de las personas más vulnerables frente a la pobreza energética. «El 40% de la población activa de Cantabria no percibe ningún ingreso o lo hace por debajo del salario mínimo interprofesional. Y el 25% se encuentra en riesgo de exclusión social. Son datos que siguen ahí y que este Gobierno ha decidido obviar», denuncian desde Podemos. 

A pesar de que el Presupuesto de este año salió adelante con su voto, en la formación morada reconocen que estaba «mal calculado y con una previsión de ingresos por encima de la real, que provocará un déficit por encima de los 100 millones de euros, siendo conservadores». Por esa razón, ahora demandan unas cuentas «realistas y con una adecuada financiación» para sanidad, servicios sociales y educación.

Por último, pondrán sobre la mesa una batería de medidas enmarcadas en la ‘Ejemplaridad en la gestión pública y transparencia’. Una de ellas será acabar con ciertos privilegios como los aforamientos, ya aprobado en el Parlamento pero que necesita una reforma legal que aún no se ha materializado.