La 'terapia milagro' contra la hepatitis C ha llegado en Cantabria a los 850 enfermos graves

En este sentido, sostiene que «puede haber gente que, por diferentes motivos (trastorno mental, drogadicción o la suma de ambas -patología dual-), no hayan pasado por consulta, pero de los que tenemos constancia han sido tratados todos». El nivel de daño en el hígado (fibrosis) se clasifica de F0 en su estado inicial hasta F4, el más avanzado. Tal y como se recogía en el documento consensuado y aprobado por el Consejo Interterritorial de Sanidad en abril de 2015, en la primera fase quedaron incluidos todos los diagnosticados del F2 en adelante.

Desde entonces, Valdecilla ha proporcionado un total de 639 tratamientos, con una tasa de curación del 97%, situándose Cantabria en 2015 como la comunidad que ha destinado más recursos al abordaje de la hepatitis C por ratio poblacional (21,55 millones en 2015), según ha publicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde la Subdirección de Asistencia Sanitaria del SCS apuntan que el número de tratamientos iniciados se ha ido reduciendo en 2016 -de enero a septiembre recibieron la terapia 204 personas, la mitad que en el mismo periodo del ejercicio anterior (435), debido a que el grueso de la población diana iba siendo menor. Como ejemplo, si en la primera etapa de vigencia del plan la media era de 60 casos al mes, este año se ha reducido a una tercera parte.

Cumplido el primer objetivo del plan nacional, ha llegado el momento de comparar los resultados por comunidades autónomas para marcar la hoja de ruta a partir de ahora. La cuestión por debatir es si las regiones que, como Cantabria, podrían seguir avanzando en la lucha contra la hepatitis C, extendiendo los tratamientos a los pacientes de carácter leve (F0 y F1), deben esperar a que el resto se ponga al día.

Crespo no tiene ninguna duda al respecto: «Deberíamos no ser restrictivos y, en aquellas comunidades donde ya no hay pacientes avanzados por tratar, no poner cortapisas para seguir adelante, manteniendo la misma priorización, es decir, si hay un caso grave facilitarle la terapia antes, pero creo que sería razonable avanzar». A su juicio, «tenemos que dar un salto de calidad para eliminar con ello un problema de salud pública, tratando a aquellos enfermos que potencialmente pueden volver a contagiar». No hay que olvidar que curarse de la hepatitis C no exime de volver a padecer la enfermedad si existe contacto de nuevo con otro foco de infección.

«Situación privilegiada»

El plan nacional cifraba en cerca de 52.000 los afectados a tratar durante esta primera fase, aproximadamente la mitad de las personas diagnosticadas en España de hepatitis C. «Si se analizan las tasas de tratamiento por millón de habitantes, que es la forma de homogeneizar los datos, solo La Rioja y Madrid han tratado más pacientes que Cantabria», sostiene el jefe de Digestivo de Valdecilla, que defiende que «las comunidades que han ido más lentas en el desarrollo del plan deben continuar con la priorización marcada, pero donde ya se ha cumplido ese cometido se debiera continuar hacia el tratamiento de los demás, puesto que son los que van a seguir contagiando». Aunque admite que es «difícil» calcular a cuántos pacientes abarcaría abrir este abanico (no hay registros), estima que podrían oscilar entre 500 y 800 casos.

Tras el balance de situación, Crespo destaca la «situación privilegiada que ha tenido y sigue teniendo Cantabria» en este terreno, con un apoyo de la Administración tanto en la legislatura del PP como en la actual (PRC/PSOE) -el plan nacional echó a andar a caballo entre las dos-. Pero la región había sido pionera en el acceso al nuevo arsenal terapéutico para combatir la hepatitis C mucho antes. Ya a finales de 2012, Cantabria fue una de las primeras comunidades en disponer de los medicamentos denominados de primera generación (boceprevir y telaprevir), que proporcionaron un abordaje radicalmente distinto de la enfermedad. Con ellos se trataron cerca de 200 personas, pero eran muy caros y no tan eficaces como sus sucesores. De ahí que se dejaran de utilizar al aparecer medicamentos más avanzados, los de segunda generación (simeprevir y sofosbuvir), comercializados durante los meses de agosto y noviembre de 2014 con elevadas tasas de eficacia y, además, menos efectos adversos.

Con estos nuevos antivirales se trataron en Cantabria a lo largo de 2014 y principios de 2015, antes de la entrada en vigor del plan nacional, un total de 157 personas. Antes de comercializarse en España incluso se utilizaron en Cantabria mediante la fórmula de uso compasivo -procedimiento restringido a casos excepcionales-, solicitándolos a países donde sí estaban ya aprobados, como Estados Unidos y Alemania.

Con la entrada en vigor de la estrategia nacional no solo se regularon los requisitos para favorecer un acceso equitativo a los antivirales de última generación, sino que también se solventó la principal de sus pegas: su desorbitado precio. Los primeros tratamientos que se administraron llegaron a superar los 100.000 euros por paciente.

Tratamiento a presos

El Ministerio de Sanidad estableció un acuerdo con los laboratorios fabricantes de los fármacos comercializados (Gilead y Abbvie) que contemplaba un coste variable en función del volumen de terapias administradas. Esto supone que en cada tramo de pacientes (se fijaron hasta siete), el precio de cada medicamento varía. Así, si se tratan hasta 4.000 enfermos, el coste asciende a 28.641 euros por persona, mientras que si la cifra de tratamientos oscila entre los 35.000 y 40.000, se aplica una rebaja que se quedaba en 15.285 euros, en el caso del laboratorio Abbie. Si se atiende a la tabla de precios de Sovaldi -el fármaco de Gilead más popularizado- el coste por paciente pasa de los 25.500 euros si el pedido abarca hasta 8.000 pacientes, pero desciende hasta los 3.500 euros si llega a más de 45.000 casos.

Con objeto de conocer el tramo de pacientes en cada momento, las comunidades autónomas envían mensualmente la información de los tratamientos iniciados al Ministerio de Sanidad. Y de esa forma los laboratorios preparan la factura correspondiente, que repercute en las arcas públicas de la Administración regional. Una factura de la que quedan exentos los tratamientos facilitados a los 50 reclusos de El Dueso que también han recibido la terapia, en el marco de un innovador proyecto desarrollado por el Servicio de Digestivo y el equipo médico del penal, cuya financiación corre por cuenta de Gilead. Solo dos reclusos de El Dueso, tratados previamente, se gestionaron de la manera habitual por el SCS.