La Comisión de Urbanismo da luz verde a 21 viviendas nuevas en suelo rústico

Núcleo de Barriopalacio, en Anievas, uno de los municipios beneficiados.
Núcleo de Barriopalacio, en Anievas, uno de los municipios beneficiados. / Andrés Fernández
  • Los propietarios de terrenos aceleran los trámites para obtener la autorización antesde que se modifiquela Ley del Suelo

En medio de la polémica surgida por la reforma de la Ley del Suelo, que imposibilitará la construcción de una vivienda unifamiliar aislada sobre suelo rústico sin la necesidad de acomodarla a un Plan Especial –tal y como sucede actualmente–, la Comisión Regional de Ordenación al Territorio y Urbanismo dio ayer luz verde a 21 expedientes solicitados por otros tantos propietarios que buscan agilizar su tramitación antes de que cambien la legislación vigente. El órgano consultivo y de gestión en las materias de ordenación y urbanismo aprobó expedientes en Hazas de Cesto, Molledo, San Vicente de la Barquera, Liérganes, Ruiloba, Suances, Bareyo, Marina de Cudeyo, Meruelo, Camargo, Penagos, Anievas, Hermandad de Campoo de Suso, Castañeda, Villaescusa y Mazcuerras.

Las autorizaciones de ayer se suman a las cerca de 346 desde que se aprobó la Ley del Suelo rústico impulsada por el Gobierno de Ignacio Diego durante la pasada legislatura. Una media de 20 por cada reunión de la Crotu que para el diputado popular José Manuel Igual refuerza la idea de que «no hay que tocar lo que funciona» y advierte de que «el cambio legal supondrá un paso atrás para el dinamismo económico en las zonas rurales de la región». Según explica el portavoz de Urbanismo del PP, los planes especiales ya estuvieron vigentes en la legislatura 2007-2011 «y no se hizo ni una sola vivienda, mostrándose absolutamente ineficaz. Y es que los planes especiales no sólo son costosos, sino muy complejos y paralizan totalmente el desarrollo de las áreas afectadas, y por ende a los propietarios».

Sin embargo, el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, defiende que la nueva normativa pretende acabar con la transitoriedad contemplada en la Ley de 2012 y dar cumplimiento mediante la elaboración de planes especiales que permitirán una ordenación «respetuosa» con el territorio, porque «las parcelas se adecuarán a las necesidades de cada municipio».

El Gobierno está dispuesto a negociar «los cambios para sacar la norma con consenso», pero ve necesario actualizar una legislación. Recuerda además que habrá ayudas para redactar los planeamientos.