Secciones
Servicios
Destacamos
Gonzalo Sellers
Jueves, 1 de diciembre 2016, 14:13
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
El presidente de Cantabria confirmó ayer lo que ya era un secreto a voces desde la semana pasada: el Presupuesto de Cantabria no se podrá aprobar en tiempo y, por primera vez en 22 años, será necesario prorrogar el actual. Al menos durante uno o dos meses, que es el tiempo que, se supone, tardarán en ponerse de acuerdo los partidos para dar luz verde a las nuevas cuentas.
¿Cómo repercutirá esto en Cantabria? ¿Qué consecuencias implicará no tener listo desde el 1 de enero el documento económico más importante de la región? Los expertos, políticos y técnicos, consultados por este periódico relativizan sus efectos. Nadie se lleva las manos a la cabeza por un escenario repetido en otras comunidades este mismo año y por los mecanismos que existen para paliar su coste.
No aprobar nuevos Presupuestos, como recoge el artículo 38 de la Ley de Finanzas de Cantabria, supone gestionar lo mínimo y no poder decidir sobre nuevas inversiones o gastos, por lo que todo depende del tiempo que tarde el bipartito en conseguir los votos necesarios para sacar adelante los de 2017. Las previsiones más optimistas hablan de que el Parlamento podría dar luz verde al documento a finales de enero o principios de febrero.
Si se cumple ese plazo, la repercusión en los desembolsos será nula, ya que los primeros pagos obligatorios no se producen hasta febrero, con las primeras nóminas de los funcionarios y las entregas plurianuales de algunas obras. Y en los ingresos será mínima, ya que la subida en las tasas sólo se retrasaría un mes. Aunque en este caso existe una incógnita que el Gobierno deberá resolver: ¿cómo afectarán este retraso a los cambios en las bonificaciones del IRPF y en la reforma fiscal del impuesto de patrimonio?
Estos tributos tienen una aplicación especial y no pueden coexistir en el mismo año dos tarifas distintas. El Gobierno autonómico tiene previsto limitar algunas deducciones de la renta y añadir otras, además de elevar de un 8% al 10% el de Patrimonio. Pero si todo se aplaza un mes, ¿cómo convivirán los cambios con la norma vigente?
Existe un precedente que, quizás, el bipartito pueda tomar como referencia. Mariano Rajoy decidió este mismo año que la reforma fiscal, en lugar de aplazarse a 2017, entrase en vigor desde el mes de julio. El Estado optó por aprobar para todo el año unos gravámenes de transición a medio camino entre los antiguos y los nuevos, ante la imposibilidad de legislar de una manera entre enero y junio y de otra distinta en la segunda mitad del ejercicio.
Coste simbólico
Uno de los principales efectos negativos de la prórroga se producirá en las inversiones. Todo el listado de proyectos previstos en el Presupuesto de 2017 aún no presentado a la oposición quedará congelado. No puede haber inversiones nuevas si no se aprueban las cuentas. El razonamiento es de sentido común: esas obras no existían en las cuentas que se prorrogan. Y lo mismo ocurre a la inversa. El gasto hecho este año en una carretera no puede volver a repetirse. Y tampoco puede destinarse ese dinero a otro fin.
El segundo coste es político. No se le escapa a nadie el desgaste que ha sufrido el bipartito en las últimas semanas. Pero no aprobar a tiempo el Presupuesto es un golpe especialmente duro para Miguel Ángel Revilla. El presidente cántabro tenía como uno de sus grandes logros el haber contado con unas cuentas puntuales siempre que el PRC ha estado en el Gobierno. Es decir, entre 1995 y 2011, pactando con PP y PSOE, y el año pasado. A pesar de los avisos del consejero de Economía y del resto de grupos, Revilla ha mantenido la esperanza hasta el final. Quizás no contaba con tener el enemigo en casa.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El truco de la DGT para aparcar a la primera en línea
La Voz de Cádiz
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.