Hacienda busca con drones bienes ocultos en otros 22 municipios

  • El Gobierno central trata de detectar inmuebles sin declarar y proceder a su regularización mediante el pago de una tasa de 60 euros y los impuestos atrasados

Un total de 22 municipios cántabros, entre los que se encuentran Piélagos y Santa Cruz de Bezana, han sido seleccionados por Hacienda para llevar a cabo el procedimiento extraordinario de regularización catastral a lo largo de este año.

Se suman así a las 66 localidades de la región que ya fueron inspeccionadas por el departamento de Cristóbal Montoro entre 2015 y 2016 para aflorar bienes inmuebles ocultos, bien porque no estén declarados en el Catastro o porque tienen una contribución que no se ajusta a su naturaleza y sus propietarios pagan menos Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del que debieran. Tras esta ampliación sólo quedarían por inspeccionar el 13% de los municipios de la región.

De este modo, a finales de noviembre de este año, cuando termine esta tercera fase extraordinaria de regularización, el 86,2% de los municipios cántabros habrá pasado bajo la lupa de Hacienda. El objetivo del Gobierno central es rastrear la totalidad de los inmuebles que hay en Cantabria, que en 2014 ascendía a 362.356, un 0,19% más que en el ejercicio anterior, según el Instituto Cántabro de Estadística (Icane).

Técnicas de investigación

Para comprobar si los inmuebles han sufrido actualizaciones no declaradas, los técnicos de Hacienda encargados de las revisiones utilizan diversas técnicas. Además de la tradicional visita a pie de calle, disponen de la ayuda de medios aéreos que, a través de ortofotos realizadas desde un helicóptero, les permiten verificar si las construcciones captadas concuerdan con la realidad declarada anteriormente en el catastro. Pero, además, se han dotado de medios más sofisticados para la comprobación, como drones.

Nadie se escapa al ojo de Hacienda. Por eso, los propietarios de las localidades inspeccionadas que en su día no declararon ese cerramiento de la terraza por el que le han ganado metros a su vivienda o esa piscina en la azotea por la que no están pagando, se encontrarán más pronto que tarde con la correspondiente notificación de la Dirección General del Catastro para requerirle la puesta al día del impuesto y, de paso, el pago retroactivo de lo dejado de ingresar.

Además, los propietarios deben pagar una tasa de 60 euros por los costes administrativos. En la notificación se incluye también un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite consultar a través de la sede electrónica del Catastro la situación del inmueble antes y después de la regularización, para ver las discrepancias detectadas.

Especialistas del sector, como la empresa Impuestalia, aconsejan revisar siempre las notificaciones enviadas por el Ministerio de Hacienda ya que, según su experiencia en este tipo de tramitaciones, suele haber errores en el 7 % de los casos.

Irregularidades

En un año y medio de trabajo, entre 2015 y hasta mediados del siguiente ejercicio, Hacienda había concluido ya las inspecciones en 38 municipios cántabros, en los que halló 27.800 irregularidades de distinto tipo. La mayor parte de ellas (el 40%) se debía a ampliaciones y rehabilitaciones no declaradas que conllevan un incremento del recibo del IBI de 178 euros anuales, seguido por las nuevas construcciones (34 %), las reformas y cambios de uso (24%) y la construcción de piscinas (2 %).

El fraude detectado en Cantabria hasta el pasado 20 de julio a través del Plan de Regularización Catastral supuso un incremento de la recaudación por el IBI de 19,4 millones de euros, a los que se sumaron 10,6 por atrasos, equivalentes a 480 por inmuebles. Según Hacienda, en el conjunto de España la recaudación extraordinaria ascendió a 1.254 millones.

Esta iniciativa arrancó a nivel estatal en octubre de 2013, después de que el Gobierno central acordara que los propietarios de inmuebles con características que no estaban recogidas en el catastro pudieran regularizar su situación. Sin embargo, no comenzó a aplicarse en Cantabria hasta 2015. Ese año Hacienda seleccionó a 34 localidades. Camargo, Mazcuerras y Medio Cudeyo fueron las primeras en pasar las inspecciones, y el año pasado se sumaron otros 32 municipios.

Con esta recaudación se pretende que los consistorios puedan paliar en parte su maltrecha economía durante estos años de crisis, aunque desde Hacienda señalan que estas inspecciones extraordinarias no implican «necesariamente un aumento de recaudación, puesto que la afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los consistorios rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, ya que habrá más contribuciones».