La UC suspende a un empleado por el supuesto desvío de 39.000 euros

  • La UC concluye que hay "serios indicios" de que el trabajadorse apropió del dinero y decide incoar un expediente disciplinario y apartarlo de sus funciones | También se ha abierto la vía judicial

Un empleado de la Universidad de Cantabria, miembro del Personal de Administración y Servicios del departamento de Derecho Privado, ha sido sancionado con la apertura de un expediente disciplinario y ha sido suspendido de funciones, empleo y sueldo por los supuestos hechos delictivos cometidos entre 2011 y 2016, en concreto por desvío de fondos y falsedad documental. Las conclusiones del expediente de información reservada llevado a cabo por la UC durante las últimas semanas revelan que "hay serios indicios" de que el acusado desvió a otras cuentas, en varios procesos, un total de 39.000 euros destinados al pago de distintos profesores invitados a impartir másteres. Son cuentas relacionadas con títulos propios, no con las carreras oficiales, por lo que tienen una contabilidad específica.

El pasado 30 de noviembre el equipo rectoral tuvo conocimiento de que una mujer, que no tiene ninguna vinculación con la UC, había presentado una denuncia en un juzgado de Tudela (Navarra), fruto de la cual la jueza encargada del caso interpreta que, de los contenidos de la misma, se puede intuir que un trabajador de la UC ha podido estar realizando acciones delictivas relacionadas con el manejo de fondos de la Universidad.

A consecuencia de la denuncia, la Guardia Civil se persona en la Facultad de Derecho para requisar material y documentación y solicitar la información pertinente para la investigación. Además, al margen de colaborar "en todo momento" con las fuerzas de seguridad, de forma paralela el rector Ángel Pazos decide el 5 de diciembre abrir un expediente de información reservada, dando pie una investigación interna, y se nombra a un instructor que comienza a tomar declaraciones y recabar documentos. El citado proceso, después de cumplirse los plazos legales, se cerró ayer y las conclusiones del mismo, que fueron comunicadas al mediodía a la persona acusada, son meridianas.

Al margen de abrir un expediente disciplinario al administrativo y de sancionarle, de forma cautelar, con suspensión de funciones, empleo y sueldo, la Universidad transmitirá todas las conclusiones de su investigación a la Fiscalía de Cantabria y al juzgado de Tudela y, en el momento que la jueza lo permita, se personará en el proceso abierto en los tribunales como parte perjudicada por los hechos sucedidos. La UC profundizará además en el estudio de las supuestas acciones delictivas cometidas, en aquellas partes que no están bajo investigación judicial, en las cuales la institución académica está obligada a quedarse al margen.

El empleado no ha acudido a su puesto de trabajo desde principios de diciembre, desde que la Universidad tuvo conocimiento del asunto. Él mismo se apartó enlazando días libres y vacaciones y ayer, una vez concluido el plazo legal del expediente de información reservada, recibió de forma oficial la comunicación de su sanción. Si los juzgados determinan su responsabilidad en los hechos y es declarado culpable una vez concluya la investigación en marcha, Pazos asegura tajantemente que sería despedido de la UC. "Una vez que el expediente disciplinario concluya y si el juzgado llega a sentenciar los hechos como delito, tomaremos las medidas administrativas más duras que la ley nos permita", asegura.

Falsificación de firmas

Según la información a la que ha podido tener acceso este periódico, el trabajador se valió de que es la persona encargada de realizar la gestión administrativa de todos los fondos de los títulos propios vinculados al departamento de Derecho Privado para desviar dinero a cuentas que no correspondían a las personas que habían trabajado en los másteres. De quiénes son esas cuentas y si el acusado tenía acceso a ellas es algo que desconoce en estos momentos la Universidad y que está bajo investigación judicial.

¿Pero cómo consiguió saltarse todos los controles para desviar ese dinero destinado a profesores de los posgrados a otras cuentas? ¿Cómo es posible? Para que se produzcan los pagos a los docentes de este tipo de estudios, son necesarias una serie de autorizaciones previas, con sus correspondientes firmas, que el administrativo falsificó, en diferentes casos, entre 2011 y principios de 2016. En total, 39.000 euros que, a día de hoy, no han sido devueltos a las arcas de la UC según indica el rector. "Hasta donde yo sé, no, no tengo conocimiento de ello", expresa.

El administrativo inculpado repitió en varios de los casos un mismo ‘modus operandi’: las retribuciones de las que, supuestamente, se apropiaba eran de profesores que venían a sustituir a otros que finalmente no podían intervenir en el máster, por lo que no aparecían en el plan docente, en definitiva profesores invitados para reemplazar a otros. En estos casos, hay que rellenar un papel oficial certicando que va a dar clase este otro profesor y tiene que contar, por lo menos, con las firmas del director del máster, del profesor que invita, del que da la clase... "La investigación interna concluye que el acusado falsificó todas esas firmas en diferentes casos y en varios momentos del proceso administrativo", advierte Ángel Pazos.

"Un hecho aislado"

El rector defiende que la Universidad de Cantabria se ha tomado el caso "muy en serio" y que ha actuado con "la máxima agilidad posible", cumpliendo a la vez la legislación interna y los plazos correspondientes. "Abrimos el expediente de información reservada inmediatamente después de conocer el caso, horas después de saber las conclusiones del mismo transmitimos al empleado las medidas disciplinarias tomadas...", relata.

Pazos asegura que es "un hecho aislado" –es el primer expediente de este tipo que se abre en su etapa de rector, que comenzó el pasado marzo, y en sus anteriores años como vicerrector de Investigación– y que lo lamenta "profundamente". "Me parecen unos hechos lamentables, pero lo único que podemos hacer desde la UC es manifestar un absoluto rechazo, mostrar una tolerancia cero y lanzar el mensaje de que, si alguien mete mano en la caja, en esta universidad vamos a ir hasta el final y lo vamos a castigar hasta donde nos permita la ley, pero nunca vamos a tapar o a pasear el tema", indica el rector.

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