La Universidad expedienta ahora a un profesor por una supuesta "irregularidad administrativa"

  • La UC explica que se trata de una actuación "puntual", que no está ligada al supuesto desvío de fondos cometidos por un administrativo

Diez días después de saber que la Universidad de Cantabria (UC) ha suspendido a un administrativo por un supuesto desvío de fondos y falsedad documental, la institución académica ha desvelado que ha abierto un expediente disciplinario a un miembro del Personal Docente e Investigador (PDI) por una presunta "irregularidad administrativa", que no detalló. Lo que sí aclaró la UC es que este nuevo caso "no está ligado a la secuencia detectada la pasada semana y que está siendo investigada en estos momentos por vía judicial".

En una nota de prensa, la Universidad explica que, como consecuencia del primer expediente, ha detectado esta otra irregularidad por lo que ha decidido abrir un segundo expediente disciplinario "que ha de confirmar si efectivamente los hechos son constitutivos de una falta, al efecto de proceder la sanción correspondiente". En cualquier caso, la institución matiza que la intervención sobre la que deberá pronunciarse el instructor del expediente iniciado es una actuación "puntual" ajena a la trama que desveló el pasado jueves este periódico.

Lo cierto es que la Universidad, durante la reunión del Claustro Universitario, ha reconocido que podían existir "otros hechos delictivos". En respuesta a la pregunta de un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS), el rector Ángel Pazos reiteró ese día que había un "único" expediente disciplinario abierto–el referido al administrativo de Derecho Privado–, aunque la investigación seguía abierta para ver si había "temas colaterales o más personas relacionadas". Ahora, como consecuencia del expediente abierto por la presunta desviación de fondos, llega este otro caso "no ligado" al primero, en el que se investiga desvío de dinero que supuestamente cometió entre 2011 y 2016 un funcionario del Personal de Administración y Servicios (PAS) del departamento de Derecho Privado.

Las conclusiones de ese primer expediente de información reservada llevado a cabo por la UC durante las últimas semanas revelaron que había "serios indicios" de que el acusado desvió a otras cuentas, en varios procesos, un total de 39.000 euros destinados al pago de distintos profesores invitados a impartir másteres. Cuentas relacionadas con títulos propios, no con las carreras oficiales, por lo que tienen una contabilidad específica.

Como desveló este periódico, el pasado 30 de noviembre el equipo rectoral tuvo conocimiento de que una mujer, que no tiene ninguna vinculación con la UC, había presentado una denuncia en un juzgado de Tudela (Navarra), fruto de la cual la jueza encargada del caso interpreta que, de los contenidos de la misma, se puede intuir que un trabajador de la UC ha podido estar realizando acciones delictivas relacionadas con el manejo de fondos de la Universidad.

A consecuencia de la denuncia, la Guardia Civil se personó en la Facultad de Derecho para requisar material y documentación y solicitar la información pertinente para la investigación. Al margen de abrir un expediente disciplinario al administrativo y de sancionarle, de forma cautelar, con suspensión de funciones, empleo y sueldo, la Universidad transmitió todas las conclusiones de su investigación a la Fiscalía de Cantabria y al juzgado de Tudela y, en el momento que la jueza lo permita, se personará en el proceso abierto en los tribunales como parte perjudicada por los hechos sucedidos.

"Política de eficiencia"

Como consecuencia de ambos expedientes, la Universidad de Cantabria ha anunciado este viernes que ha decidido llevar a cabo una serie de actuaciones informativas para, además de los procedimientos que se están siguiendo, "poder detectar posibles fisuras en el proceso de control". Todo ello –apuntó en el comunicado de prensa– dentro de la política de "eficiencia y transparencia con la que trabaja la institución".

Tras desvelarse el primer expediente, el rector aseguró que se trataba de "un hecho aislado" –era el primero de este tipo que se abre en su etapa de rector, que comenzó el pasado marzo, y en sus anteriores años como vicerrector de Investigación– y que lo lamentaba "profundamente". "Me parecen unos hechos lamentables, pero lo único que podemos hacer desde la UC es manifestar un absoluto rechazo, mostrar una tolerancia cero y lanzar el mensaje de que, si alguien mete mano en la caja, en esta universidad vamos a ir hasta el final y lo vamos a castigar hasta donde nos permita la ley, pero nunca vamos a tapar o a pasear el tema", indicó el rector.

Días después, al finalizar la reunión del Claustro Universitario, Pazos, en defensa de la "transparencia", tomó la palabra para explicar las medidas que ha llevado a cabo la UC desde que tuvo conocimiento el 30 de noviembre de las supuestas acciones delictivas cometidas por el funcionario y de las decisiones derivadas del expediente de información reservada que se cerró el miércoles, que incluyen, además de las sanciones al empleado, la personación de la UC en el proceso abierto en los tribunales como parte perjudicada por los hechos.

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