El Gobierno penalizará las viviendas en suelo rústico con una nueva tasa municipal

Viviendas unifamiliares en Obregón (Villaescusa).
Viviendas unifamiliares en Obregón (Villaescusa). / Andrés Fernández
  • Las casas unifamiliares deberán pagar entre un 3% y un 5% del presupuesto de obra, pero se retrasa dos años la obligación de presentar un plan especial para construirlas

El suelo rústico se ha convertido en protagonista indiscutible de la nueva Ley del Suelo que está preparando el Gobierno regional. Su flexibilidad en los usos de estos terrenos mientras impone limitaciones para construir viviendas unifamiliares ha polarizado las posturas sobre la normativa, que cuenta con un anteproyecto definitivo después de que el Ejecutivo estimara el 85% de las alegaciones presentadas por particulares e instituciones privadas y públicas.

Una de las novedades más polémicas es la creación de una tasa que penalizará las casas que se levanten fuera del entorno de los núcleos rurales. Los propietarios deberán pagar entre el 3% y el 5% del presupuesto de la obra para paliar los gastos que conlleva acercar los servicios a sus parcelas, anunció ayer la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. Su importe exacto lo decidirá cada ayuntamiento y se pagará de una sola vez al solicitar la licencia de obra. Un 'castigo' que comulga con la filosofía socialista de "limitar la dispersión urbanística actual" que existe en los municipios de la región. "Se trata de ordenar de manera más racional los suelos alrededor de núcleos rurales", defendió.

El Gobierno, al mismo tiempo, ha decidido relajar otra de las normas pensadas para frenar la construcción lejos de los pueblos. La ley actual permite edificar rápidamente en estos suelos, sin más requisitos que una licencia del Ayuntamiento. Urbanismo quiere pisar el freno exigiendo la presentación de planes parciales que aporten más garantías, pero retrasará la medida dos años después del choque frontal con algunos municipios y con el PP. De hecho, los populares presentaron una propuesta en el Parlamento, apoyada oficialmente por Ciudadanos y formalmente por el PRC, para que la normativa no cambiará.

El director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, explicó que la prórroga de dos años responde al tiempo que se necesita para implantar los cambios en los planes especiales que, a partir de 2019, se exigirán para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. Este nuevo protocolo, según el Gobierno, será "más sencillo" que el actual, no ralentizará el proceso y "evitará trámites largos y costosos".

Despoblación rural

La vicepresidenta dudó que estas limitaciones vayan a potenciar aún más la despoblación rural que sufre Cantabria. Por varias razones. La primera, porque muchas de esas casas son segundas residencias. Y segundo, porque los datos que maneja indican que no se construían tantas. "El número es bajo. En treinta municipios no han hecho ninguna en los últimos años", aseguró. Esto contrasta con la postura de algunos ayuntamiento, como el de Cabezón de la Sal, por ejemplo, que hace menos de un mes aprobó una moción para dejar la ley tal y como está. "Esta norma ha supuesto que en los últimos años se hayamos podido tramitar casi una treintena de expedientes, así como la generación de puestos de trabajo para pequeñas empresas de construcción, que han podido paliar la crisis en el sector", destacó la senadora nacional y portavoz del PP, Esther Merino.

Los 343 artículos del anteproyecto de la Ley del Suelo, tras un "largo proceso" de participación pública, necesitan el informe favorable de los servicios jurídicos del Ejecutivo antes de ver la luz verde en el Consejo de Gobierno y abrirse el debate en el Parlamento para su aprobación. De nuevo, el Gobierno necesitará un aliado en la oposición para sacar adelante la normativa. "Este documento garantiza la seguridad jurídica del urbanismo, favorece la actividad económica y el empleo y facilita la reforma de edificios y la regeneración urbana", destacó la vicepresidenta.

Se reducen las multas

Estaba previsto que la nueva Ley del Suelo fuera la última normativa importante que el Gobierno del PP llevase al Parlamento la pasada legislatura. Pero no fue así. Las elecciones se echaron encima y el documento se quedó sobre la mesa, confiando en lograr un consenso político posterior, fuese cual fuese el resultado de las urnas. Aquel texto quedó descartado cuando el bipartito se puso manos a la obra para redactar una nueva legislación. El PSOE, desde la Dirección de Urbanismo, ha trabajado con la base de aquel borrador y mantiene, entre otras cosas, una drástica reducción de las multas respecto a la normativa autonómica actual.

De los 300.000 euros que, como máximo, se pueden imponer ahora por una sanción muy grave, se pasará a 150.000 euros. Y los 300 euros que supone la multa más pequeña de todas se convertirán en 150 euros. "Ahora no son socialmente razonables. Las hemos humanizado. Acciones sin ninguna trascendencia medioambiental dan lugar a sanciones tremendas que arruinan y destrozan a familias", indicó hace tres años el exconsejero de Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Fernández, cuando incluyó en la normativa la bajada de sanciones que mantendrá el bipartito.

Planes generales

El documento también incluye las normas transitorias como instrumento contra la anulación de los planes generales, una situación que sufren Santander, Cabezón de la Sal y Laredo. El PSOE ha decidido que la solución a las sentencias judiciales llegue por esta vía y no con una reforma de la norma actual a través de la Ley de Medidas del Presupuesto, como así pedían PP y Ayuntamiento de Santander. Sin embargo, sí ha optado por ese sistema para despejar el camino al proyecto de la mina de zinc en la Comarca del Besaya. Una muestra, según el concejal de Urbanismo de la capital, César Díaz, del "sectarismo y la doble vara de medir" de los socialistas.

La vicepresidenta, sin embargo, opina que no se pueden comparar las dos actuaciones. Ya sea a través de la Ley de Medidas o de la nueva del Suelo, el Ayuntamiento necesitará todavía un año más de trámites para elaborar las normas transitorias. Por el contrario, la regulación del uso minero del subsuelo es "una oportunidad económica" que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, sin más trámites extras. "Es un asunto de seguridad jurídica. No se puede seguir legislando a la carta y a golpe de problemas. No vamos a consentir más apaños de este tipo en Cantabria. Hemos sido un ejemplo de mal urbanismo durante muchos años", lamentó Tezanos. Y así será, ya que el PP se quedará solo en el Parlamento cuando presente una enmienda parcial en el debate del Presupuesto. Ningún otro grupo la apoyará, aunque el PRC defiende una posición intermedia y espera que los populares registren una Proposición de Ley para no tener que esperar a la aprobación de la nueva Ley del Suelo.

La vicepresidenta quiso dejar claro que ni la modificación puntual de la normativa sobre extracción de minerales ni el artículo incluido en el anteproyecto dejan un resquicio a la llegada del fracking, como así denunciaron desde Podemos. "Todos estamos total en contra, mantenemos la misma postura tanto aquí como en Madrid, al contrario de lo que ocurre en el PP. En absoluto se deja abierta una puerta al fracking", aseguró.

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