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El Parlamento aprueba este lunes el cambio legal para la mina de zinc

El Parlamento aprueba este lunes el cambio legal para la mina de zinc

El PRC pedirá en el pleno una nueva ley antifracking que el Ejecutivo ya ha empezado a esbozar

Gonzalo Sellers

Lunes, 20 de febrero 2017, 07:03

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El Gobierno superará hoy en el Parlamento un trámite clave para poner en marcha el proyecto de la mina de zinc en la comarca del Besaya. El cambio normativo en la Ley del Suelo, que permitirá los usos mineros en el subsuelo de determinadas zonas, contará con el respaldo de Ciudadanos y con la presumible abstención del PP. Podemos, sin embargo, se opone frontalmente a esta medida.

El Ejecutivo ha querido acelerar este proceso empujado por el máximo interés de una empresa canadiense, Emerita Resources, en invertir cerca de 400 millones de euros para extraer un millón de toneladas de zinc al año. Según las estimaciones de esta compañía, la mina dará trabajo a alrededor de 1.500 personas entre empleos directos e indirectos durante los veinte años siguientes a su apertura. Si se cumplen los cálculos, el Puerto de Santander también vería incrementada su actividad en un 20%.

Una vez superada la votación de hoy en el hemiciclo, el Ejecutivo ya tendrá vía libre para convocar un concurso público al que, además de la empresa canadiense, se espera otra oferta de un grupo de inversiones australiano y, quizás, de Asturiana de Zinc, la antigua concesionaria de la mina de Reocín durante 150 años, hasta que cerró en 2003 por la devaluación del precio del mineral. Entonces cotizaba a mil euros la tonelada frente a los más de dos mil de la actualidad.

Fracking

El PRC también pedirá en el pleno de hoy una nueva ley antifracking. Los regionalistas quieren que el Gobierno presente, «con la mayor brevedad posible», una nueva normativa que «defienda los intereses sociales, naturales, culturales, patrimoniales y medioambientales» de la comunidad frente a proyectos de investigación o extracción que «pudieran ser perjudiciales».

De hecho, el bipartito ya trabaja en una ley contra la extracción de gas del subsuelo que, esta vez sí, consiga pasar el filtro del Tribunal Constitucional y esquivar el rechazo del Ejecutivo central. Después del batacazo que se dio hace tres años en los tribunales la ley autonómica que prohibía la fractura hidráulica, el futuro documento no vetará explícitamente esta actividad para no entrar en conflicto con el Estado, pero sí explotará las competencias propias en urbanismo, sanidad y medio ambiente para que, en la práctica, el fracking sea inviable en la región.

La tercera protagonista de la jornada será Vuelta Ostrera. Ciudadanos, como ya hizo en el Congreso de los Diputados recientemente, pedirá al Gobierno que explique la situación de la depuradora, después de que el Tribunal Supremo haya denunciado los continuos incumplimientos del Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con el calendario de derribo.

La Sala emitió un auto el mes pasado en el que daba un ultimátum al departamento de Isabel García Tejerina: si no presenta en marzo los estudios ambientales de los seis emplazamientos alternativos, obligará a cerrar y demoler la estación inmediatamente.

Por esa razón, Ciudadanos preguntará al bipartito cuál es su posición en este conflicto y las futuras medidas que se barajan.

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