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La Audiencia archiva la querella de la trama de los cursos de formación

El tribunal dice que no hay indicios de falsedad, prevaricación o cohecho por parte de los técnicos de la Administración, denunciados por Cossío

consuelo de la peña

Sábado, 29 de abril 2017, 07:57

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Ni falsedad ni prevaricación ni mucho menos cohecho. La Audiencia de Cantabria no ha encontrado ni un solo indicio de la existencia de una supuesta trama corrupta en la Administración regional en torno a los cursos de formación, una actividad que en el último ejercicio movió en Cantabria 16 millones de dinero público. Por eso, el tribunal acuerda el archivo de la querella presentada hace dos años por el Grupo Centro de Estudios Cossío. La Sala ventila en un auto de tres folios su decisión, que ya es firme y contra la que no cabe recurso.

El centro de formación acusó a varios funcionarios del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) de liderar una "operación orquestada para dar de baja a unos centros" en beneficio de otros, previo pago de mordidas. Pero el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander archivó el caso, lo que obligó a Cossío a recurrir el sobreseimiento ante la Audiencia. Ahora, el tribunal ha ratificado la decisión del juez ante la ausencia de "indicios suficientes para sostener la existencia de falsedad o prevaricación" por parte de los técnicos de la Administración.

Respecto al cohecho, la acusación más grave que implica la entrega de un soborno para corromper a un funcionario público a cambio de favores, el tribunal añade que no se menciona en la querella, "sólo se insinúa entre líneas, sin ninguna concreción en cuanto a quién, cuándo y cómo se presionó a la querellante y se le pidió dinero de las subvenciones que recibía".

La Audiencia recuerda además que algunas de las denuncias recogidas en la querella "ya fueron sobreseídas en su día" y otras, como la baja de los dos centros de formación Cossío y sus especialidades formativas, están siendo ventiladas en un procedimiento contencioso administrativo.

Sigue la UDEF

No obstante, el carpetazo judicial de la querella no zanja, ni mucho menos, la investigación que desde el pasado mes de diciembre realiza la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Madrid sobre los mismos hechos.

La Academia Cossío acudió a la UDEF para denunciar las supuestas irregularidades en la homologación de centros de formación y el pago de supuestas mordidas a funcionarios cuando supo que el Juzgado de Santander había cerrado el caso. Entonces, el grupo de formación, lejos de aquietarse, actuó en una doble dirección. Por un lado, recurrió el archivo ante la Audiencia, como órgano superior, y al tiempo puso en manos de la UDEF toda la documentación que obraba en su poder. La academia entendía que el archivo judicial se había tomado sin la más mínima investigación. De hecho, ni siquiera se llamó a declarar a la denunciante.

Tras unas primeras indagaciones internas, la Unidad de Delincuencia Económica remitió un informe a la Fiscalía Superior de Cantabria en el que concluía que, al menos indiciariamente, se han podido cometer irregularidades.

El escrito de la UDEF motivó la apertura de diligencias de investigación en la Fiscalía de Cantabria, de las que se hizo cargo la fiscal superior, Pilar Jiménez, cuya primera decisión fue ordenar la intervención de distinta documentación relacionada con la homologación de centros de formación para el empleo desde el año 2007 hasta ahora.

Cómo fue la operación

Así, en una operación totalmente inusitada, agentes de la UDEF entraron en la sede del Gobierno regional y en las oficinas del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) y del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) para requisar miles de documentos. De la sede gubernamental de Peña Herbosa se llevaron dos expedientes de contratación del centro de interpretación del río Ebro en Fontibre (Campoo de Suso) del ejercicio 2010. En el Servicio Cántabro de Empleo y en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) intervinieron todos los expedientes administrativos relacionados con la homologación de los centros de formación, así como información puntual sobre la puntuación otorgada a las academias desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones.

La entrada de los agentes en las oficinas de la administración se produjo el pasado mes de diciembre, y la Unidad policial todavía no ha enviado su informe a la Fiscalía de Cantabria. Por eso, tal y como adelantó este periódico, la fiscal superior, Pilar Jiménez Bados, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado una prórroga de las actuaciones antes de decidir si archiva el caso o lo judicializa. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de seis meses de duración para las diligencias de investigación, prorrogable mediante oficio dirigido al Fiscal General del Estado. Es por eso que Jiménez Bados, en previsión de que agotado el plazo no disponga aún del informe de la UDEF, ha solicitado un aplazamiento. El Ministerio Público necesita ese informe para acordar nuevas actuaciones y dar traslado al juez, si observa alguna irregularidad.

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