Los ayuntamientos seguirán cobrando la plusvalía en la venta de pisos con pérdidas

El Ayuntamiento de Santander tiene presupuestado ingresar 11,7 millones este año a través del impuesto de la plusvalía.
El Ayuntamiento de Santander tiene presupuestado ingresar 11,7 millones este año a través del impuesto de la plusvalía. / Roberto Ruiz
  • Los principales municipios cántabros no van a modificar sus ordenanzas hasta que Hacienda adapte la ley a la sentencia del Tribunal Constitucional

Cuando se vende una vivienda más barata de lo que se compró y no existe un beneficio real en la transacción, ningún ayuntamiento puede cobrar la plusvalía. El Tribunal Constitucional lo dejó claro en las sentencias que en febrero y marzo anularon este impuesto en Álava y Guipúzcoa y ahora lo ha apuntalado al hacer lo propio dentro del articulado de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de aplicación en toda España. La sentencia dada a conocer el miércoles anula varios artículos de la tasa denominada oficialmente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu) e impide aplicar el tributo a los contribuyentes que realicen una transmisión inmobiliaria por menos dinero del que costó su adquisición.

Sin embargo, los principales ayuntamientos cántabros no van a modificar por el momento las ordenanzas municipales ni van a tomar medidas correctoras para paralizar los cobros de esta tasa -como sí han hecho los de Bilbao, Valladolid o Huelva, por ejemplo- hasta que el Ministerio de Hacienda reforme el impuesto de acuerdo con la sentencia del TC. Son los casos de Santander y Torrelavega, entre otros, donde los contribuyentes seguirán pagando el impuesto -a pesar de no haber obtenido ganancias- hasta que una norma estatal regule la nueva situación generada por la resolución del alto tribunal. "El órgano competente para modificar o adaptar la regulación del impuesto de la plusvalía y para establecer los mecanismos para determinar si hay o no incremento de valor en la venta de terrenos de naturaleza urbana es el Estado, que es quien debe fijar las reglas de cálculo y el régimen aplicable de manera transitoria a las liquidaciones afectadas", explica la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha comprometido a remitir al departamento de Cristóbal Montoro un informe exhaustivo de esta figura tributaria, consensuado por todos los ayuntamientos, que pudiera servir como guía para la reforma del impuesto que ha anunciado el Ministerio para adecuarlo a lo dictaminado por el Constitucional. Se espera que en la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP de este mes se analice el informe de los expertos y se apruebe una propuesta para trasladar al Gobierno central. "Hasta entonces, no cabe otra solución que esperar a que Hacienda establezca de forma completa la nueva legislación y se despejen todas estas cuestiones", explica González Pescador. Y mientras tanto, se mantendrá el 'status quo' pese a que los magistrados del TC consideran que pagar un impuesto a la Administración por la venta de casas por debajo del precio de compra no sólo parece injusto, sino que también es ilegal.

La edil insiste en que "los ayuntamientos no están capacitados para determinar en qué supuestos se da o no ese incremento de valor al margen de las reglas de cálculo que establezca la ley", por lo que considera que sería "irresponsable actuar al margen de esas directrices que aún están por determinar y eludir el consenso que quieren buscar el Gobierno y los ayuntamientos", criticando así "propuestas populistas" que, a su juicio, "sólo conducirían a generar situaciones de inseguridad jurídica". Se refiere a la petición realizada ayer por el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, que solicitó al equipo de Gobierno (PP) que inicie de "forma inmediata" los trámites para modificar la ordenanza que regula la plusvalía tras conocerse la sentencia del alto tribunal.

"Si yo fuera el alcalde estaría trabajando desde el primer minuto para modificar la ordenanza y no seguir perjudicando a los santanderinos", ha asegurado el concejal, que considera que el PP "no puede demorar más tiempo" la decisión de adaptar el impuesto. Casares rechaza las "excusas" aportadas por González Pescador y pone de manifiesto que el impuesto de la plusvalía es "potestativo", por lo que el Ayuntamiento "puede" modificar la ordenanza "libremente" -como están haciendo otros ayuntamientos de distintos puntos de España- sin necesidad de esperar a la decisión del Ministerio de Hacienda.

En este sentido recuerda que en el pleno del 6 de abril la oposición ya solicitó que se cambiase la ordenanza, lo cual "no fue posible" por la "falta de voluntad política" del PP y Ciudadanos. La postura tomada en Santander es la misma que ha adoptado el Ayuntamiento de Torrelavega. "Mientras la ley no cambie, como ayuntamiento no podemos hacer un tratamiento diferente al que venimos haciendo hasta ahora", explica Pedro Pérez Noriega, concejal de Economía y Hacienda.

La prudencia es igualmente la tónica dominante en otros ayuntamientos, como Castro Urdiales o Camargo, que prefieren "esperar" a analizar la sentencia del TC para "después" decidir "cómo actuar". "Aún es pronto para hacer una valoración en profundidad, pero sí podemos decir que ahora en Camargo habrá que estudiar individualmente cada caso y analizar cómo puede repercutir", valora el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento camargués, Héctor Lavín, que estima que serán "casos muy puntuales" a los que afecte la resolución, "a los que se reintegrará lo que corresponda tal y como marque la ley".

En cualquier caso, la decisión de la Justicia complica los ingresos de los ayuntamientos, que tienen en este gravamen uno de sus principales impuestos recaudatorios, lo que explica sus reticencias a incluir modificaciones en el mismo. Sólo en 2016 los 102 municipios de la región ingresaron en sus arcas 22,1 millones de euros por este impuesto y, para el presente ejercicio, el Ayuntamiento de Santander tiene presupuestados 11,7 millones y el de Torrelavega, 1,2 millones. Unas cantidades que mermarían de forma notable, ya que los consultores calculan en un 20-25% lo que dejarían de percibir las arcas locales al no cobrar a aquellos que no reciban plusvalía en sus transacciones, a lo que habría que sumar las devoluciones. "Hay que esperar a ver qué solución dan desde el Ministerio y que grado de retroactividad se aplica", insiste Pérez Noriega.

Reclamaciones

Lo que está claro es que la decisión del Tribunal Constitucional abre la puerta a las reclamaciones de los contribuyentes que vendieron su casa por debajo del precio de compra, algo habitual desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Según un cálculo de la sociedad de tasación Tinsa, en Cantabria se habría pagado de más en unas 6.100 transacciones inmobiliarias desde 2013, año a partir del cual se puede reclamar el cobro irregular del gravamen, ya que su periodo de vigencia es de cuatro años. A partir de entonces se considera prescrito y desaparece cualquier vía para pedir su devolución.

En Cantabria, los municipios han comenzado a recibir las primeras reclamaciones desde que a principios de año se conociera la anulación de la norma en Álava y Guipúzcoa, un número que a buen seguro se multiplicará tras esta sentencia del Constitucional de aplicación en todo el territorio nacional. En Santander, por ejemplo, ya hay acumuladas 90 demandas, que están "aparcadas" a la espera del cambio de normativa.

El Ayuntamiento de la capital indica que "articulará" los procedimientos para las posibles devoluciones, si fuera preciso, en vía administrativa, y "siempre con la mayor celeridad, tan pronto como el Estado modifique la norma y determine los mecanismos que se aplicarán para comprobar la inexistencia de incremento de valor". Mientras tanto, el consistorio indica que se analizarán las reclamaciones que se presenten y los documentos o pruebas que aporten los afectados "a la espera de la reforma del impuesto".

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