Revés judicial a los ayuntamientos, que no podrán liquidar plusvalías nuevas

Vista parcial de de Santander, cuyo Ayuntamiento ha sido condenado por las plusvalías
Vista parcial de de Santander, cuyo Ayuntamiento ha sido condenado por las plusvalías / Celedonio Martínez
  • El juez Juan Varea condena al de Santander a devolver con intereses el impuesto y establece que las corporaciones no pueden girarlo, aunque se demuestre que ha habido una ganancia

Los jueces han puesto contra las cuerdas a los ayuntamientos de Cantabria, que no podrán liquidar plusvalías nuevas en tanto el legislador no redacte una nueva ley que sirva de base legal para calcular el impuesto. Es la consecuencia de la sentencia dictada por el juez Juan Varea, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, que estima el recurso de un contribuyente, anula las plusvalías giradas por el Ayuntamiento de Santander y le condena a su devolución (un total de 7.429 euros), además de al pago de los intereses devengados. La administración local tendrá que hacer frente, además, a las costas judiciales.

La sentencia, que es firme porque no cabe recurso, supone un torpedo en la línea de flotación de las arcas municipales, pues el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como 'plusvalía municipal', permitió a los 102 municipios de Cantabria ingresar en sus arcas 22,1 millones de euros en 2016.

Ahora, con esta sentencia en la mano, los ayuntamientos están atados de pies y manos y no podrán girar plusvalías porque carecen de una ley que respalde el cálculo del impuesto. Si lo hacen, se verán abocados a una condena en sede judicial que, como se ha visto, no sólo acarrea la devolución de las cantidades indebidamente cobradas con los intereses correspondientes, sino también la imposición de las costas judiciales.

La sentencia de Juan Varea es la primera que aplica el criterio del Tribunal Constitucional (TC), que el pasado mes de mayo extendió a todo el territorio nacional la decisión que había adoptado previamente para el territorio foral de Guipúzcoa, y anuló varios preceptos del impuesto, no porque éste fuera inconstitucional, sino porque impedían discutir el sistema de cálculo del mismo y generaban indefensión en el contribuyente, que no podía probar la venta o transmisión en pérdidas.

La resolución del Alto Tribunal cayó como un jarro de agua fría en los ayuntamientos, que veían así frustrada una de las principales fuentes de financiación. Sin embargo, a pesar de esa sentencia, los principales ayuntamientos cántabros (entre ellos Santander y Torrelavega) acordaron seguir cobrando el gravamen hasta que el legislativo apruebe una norma estatal que regule cómo se ha de calcular la liquidación. «El órgano competente para modificar o adaptar la regulación del impuesto de la plusvalía y para establecer los mecanismos para determinar si hay o no incremento de valor en la venta de terrenos de naturaleza urbana es el Estado, que es quien debe fijar las reglas de cálculo y el régimen aplicable de manera transitoria a las liquidaciones afectadas», aseguró entonces la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador.

Pero las primeras reclamaciones han llegado a los juzgados. El juez Varea celebró el pasado día 13 una de las primeras vistas para resolver esta cuestión y empezar a aplicar el criterio del Constitucional. En ella, el abogado Javier Fernández-Regatillo reclamó al Ayuntamiento de Santander 7.429 euros por las liquidaciones giradas por dos inmuebles transmitidos en herencia. El letrado alegó que no había existido incremento alguno del valor del bien e invocó la doctrina del Alto Tribunal.

El Ayuntamiento se opuso con el argumento de que el demandante tenía que probar que efectivamente no hay un incremento del valor, lo que no puede hacer porque no está contemplado en el régimen legal. Interpretaba además que, si hay una ganancia, el gravamen se ha de aplicar porque no le afecta la sentencia del Constitucional.

Ante esta situación, el juez interpreta en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico que «ni los ayuntamientos por vía de gestión, ni el juez en el proceso, pueden decidir cuándo hay o no hay incremento, en qué consiste y cómo se acredita esa circunstancia». Es decir, «mientras no se dicte una nueva ley, esos preceptos están expulsados y la administración no puede liquidar el tributo, sencillamente, porque carecerá de cobertura legal para ello». Y esto es así «tanto si hay incremento teórico como si no, pues sólo el legislador podrá resolver esta cuestión en una futura ley».

Hasta ahora, en los juzgados sí se admitían pruebas al contribuyente para demostrar la ausencia de incremento, pero el magistrado recuerda que el Constitucional «no analiza la cuestión de qué es incremento o decremento o cuándo y cómo procede demostrarlo, pues ello corresponderá al legislador». Mientras tanto, la exigencia del impuesto, exista ganancia o no, «es inconstitucional, nulo e inaplicable».

La resolución aboca a los ayuntamientos a paralizar el cobro del gravamen. Queda por dilucidar qué pasará con los impuestos que ya se han liquidado. «Hay que estudiar caso a caso, porque no son lo mismo las plusvalías ya firmes, que las que estén en plazo para recurrir...», subraya Fernández-Regatillo.

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