La Audiencia de Cantabria confirma la imputación de Higuera y Sámano

El exdirector de Cantur y el exgerente del Consorcio de Museos están procesados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias

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DM .Santander

El exdirector de Cantur Diego Higuera y del exgerente del Consorcio para los Museos de Prehistoria y accionista de la empresa Conurca, Pablo Sámano, fueron confirmados ayer como imputados por la Audiencia de Cantabria por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en varios contratos.

Sámano recriminaba al juez que no le hubiera aceptado incluir unos informes favorables a su tesis de defensa

Las conclusiones a las que llegó la comisión de investigación del Parlamento de Cantabria durante la anterior legislatura provocaron que la Fiscalía denunciará las posibles irregularidades. Se trata de una división de contratos de Cantur hacia Conurca para evitar la publicidad y la coincidencia de la forma de administrar los diferentes contratos propuestos por los dos imputados. Uno de ellos, Sámano, a través de sus representantes legales, discutió que el juez del caso le hubiera denegado incluir una serie de diligencias en la instrucción. En concreto, la comparecencia de unos peritos que habían hecho unos informes favorables a su tesis de defensa.

Pero la Audiencia no aceptó su argumento. Esta misma declara que esos procedimientos no tienen la obligación de presentarse durante la instrucción sino que poseen la opción de introducirse en el juicio oral. «Será en el acto del juicio oral donde el recurrente podrá llevar a sus peritos, proponerlos como tales y preguntarles, puntualizar o aclarar lo que estime procedente para sus intereses».

Los magistrados de la Audiencia coinciden en que, de acuerdo con el dictamen del perito judicial, hay indicios suficientes para no archivar la causa y continuar el procedimiento contra los investigados. La Sala advierte, además, de que el auto de fin de instrucción «no es una sentencia» ni «valora pruebas en sentido estricto», sino que simplemente recoge que, tras las diligencias practicadas, es posible imputar algún delito a las personas investigadas.

Añade que las partes pueden pedir las diligencias que entiendan oportunas, pero recalca que no todas han de ser necesariamente aceptadas por el juez instructor. De hecho, insiste en que las diligencias que no sirvan para que el juez conforme un juicio sobre indicios, «o sean innecesarias por reiterativas o inútiles», se pueden posponer para el acto del juicio oral.

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