Cantur cita en el Orecla a 14 empleados y les reclama complementos ya cobrados

Javier Carrión, director de Cantur/Celedonio Martínez
Javier Carrión, director de Cantur / Celedonio Martínez

La empresa pública dice que solo hace cumplir la sentencia que anuló el convenio colectivo, pero SIEP habla de «atropello a los trabajadores»

Jesús Lastra
JESÚS LASTRA

La empresa pública Cantur citó el viernes a 14 trabajadores en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) para reclamarles complementos salariales que a su juicio han percibido de manera irregular y deben reintegrar a la tesorería del erario autonómico. La cita acabó con cuatro avenencias y el resto sin acuerdo, a la espera del próximo movimiento de la Dirección, que podría ser el juzgado.

El episodio, inusual en la Administración, entronca con la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del anterior convenio colectivo de Cantur. El fallo fue firme en 2016 e implicaba suspender la subida salarial del 1,5% a los trabajadores de la empresa y el incremento retributivo por categorías aprobado durante la legislatura 2011-2015, gobernada por el Partido Popular.

Precisamente, es en este apartado de las categorías salariales donde emerge la polémica que ha llevado el caso hasta el Orecla. Según el director de Cantur, Javier Carrión, «estamos haciendo lo que dicta la ley, algo que también debieran de hacer los sindicatos. No estamos actuando de esta forma porque nos dé la gana, sino porque hay una sentencia que, como todas las demás, respetamos de manera escrupulosa», arranca.

La deuda que exige el Gobierno va desde los 1.400 a los 7.000 euros según cada caso Javier Carrión, director de cantur

Carrión recuerda que la aprobación del convenio tumbado por los tribunales «tras la denuncia de la autoridad laboral nos dejó un papelón gordo». El mandatario va más allá y precisa que «hemos ejecutado la sentencia que nos conmina a restablecer el equilibrio presupuestario roto con los incrementos salariales firmados» en el nuevo marco laboral considerado ilegal posteriormente por los tribunales.

¿Por qué se va entonces ahora al Orecla si la resolución es firme desde 2016? «Hemos estado un año tratando de llegar a un acuerdo con la plantilla, pero no ha sido posible. No nos ha quedado más remedio que iniciar este procedimiento», dijo, tras insistir en su «respeto» hacia la Función Pública.

Sin embargo, desde el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) tienen una visión distinta del conflicto. Según explica la organización, Cantur ha pedido a los trabajadores afectados que reconozcan que existe una deuda para, a partir de ahí, calcular el tiempo que les resta hasta la edad de jubilación y poder ir descontándola mes a mes a razón de 60 euros por nómina.

Según SIEP, que admite su sorpresa ante las formas del Gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo con estos empleados, la obligación que exige el Ejecutivo a cada trabajador oscila según el caso, yendo desde los 1.400 hasta los 7.000 euros.

Funciones superiores

«Ha habido trabajadores que han estado haciendo funciones de otros, por lo que la normativa dicta que si el trabajo que se hace corresponde a una categoría superior debe ser esa la retribución», recuerda el sindicato, que igualmente defiende que en Cantur haya «una estructura lógica» en cuanto a las diferentes categorías. «El problema no tiene que ver con la subida salarial pactada en el anterior convenio, que no podía darse por motivos de estabilidad presupuestaria, sino por este otro asunto. A día de hoy, la empresa todavía no ha ejecutado la sentencia como debiera», sostienen desde el sindicato de empleados públicos, que adelanta que si se quita el dinero a los trabajadores, éstos acudirán a defenderse a la vía judicial al entender que lo cobrado les pertenece de forma legítima.

SIEP igualmente rememora los pasos que se han llevado a cabo hasta llegar al punto presente. «De enero a marzo de 2017 Cantur quitó parte de las retribuciones a los trabajadores afectados, pero en abril se las devolvió. No entendemos lo que está haciendo la empresa», manifiestan.

Además, reprochan que cuando se negoció el convenio anulado, Cantur tenía un asesor jurídico que dio su visto bueno al documento. Ahora, en cambio, denuncian que el Ejecutivo ha elaborado unos informes que no ha remitido ni al comité de empresa ni al personal damnificado. «Es un atropello a los trabajadores», censuran.

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