Condenado a 1.440 euros de multa por ejercer de dentista sin tener titulación

El Colegio de Odontólogos de Cantabria, que interpuso la denuncia, juzga «ridícula» la sanción al gerente de una clínica dental de El Astillero

ANA ROSA GARCÍASantander

Dos años después de que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria destapara el caso con la ayuda de un detective privado, el gerente de una clínica dental de ElAstillero (cuya identidad responde a las iniciales P. A. M. C.) ha sido condenado «por un delito de intrusismo», que se traducirá en una multa de 1.440 euros y el pago de las costas procesales. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que el acusado, que es protésico, «a pesar de carecer de la titulación oficial necesaria como odontólogo-dentista, realizaba a los clientes labores propias de esa titulación, tales como empastes, implantes, extracciones dentarias y limpiezas de boca». Para el presidente de la entidad colegial, José Piñal, la condena es «ridícula», pero «es lo que establece la ley. Es escandaloso, pero no vamos a dejar de perseguir este tipo de prácticas. Si vuelve a hacerlo, intentaremos demostrar que es reincidente».

A raíz de la denuncia, en octubre de 2014, la Guardia Civil de ElAstillero abrió una investigación

Tras la denuncia, presentada el 14 de octubre de 2014, la Guardia Civil de El Astillero abrió una investigación en la que se incautaron y pusieron a disposición de la autoridad judicial los archivadores y el ordenador con los datos de todos sus pacientes. En aquellas fechas, el acusado se defendía negando «tajantemente» que se hubiese excedido de sus funciones como protésico. «Me limito a hacer lo mío, aunque intento colaborar con los tres dentistas que tengo en plantilla, no me meto en su terreno. ¿Para qué iba a arriesgarme? Sería absurdo», declaraba entonces.

Sin embargo, el vídeo grabado por el detective que se hizo pasar por paciente fue una prueba decisiva, avalada por una sentencia del Tribunal Supremo. A raíz de la campaña contra el intrusismo lanzada desde el Colegio profesional –se descubrieron otros dos casos en Santoña y Torrelavega–, fueron varios los clientes afectados que no dudaron en aportar sus testimonios a la causa. Como el de una mujer que contó que el acusado le realizó un implante que se le cayó hasta en tres ocasiones. Tres desembolsos en vano. Así que se dispuso a averiguar si el responsable de su «avería» bucal estaba colegiado. La respuesta que encontró es que ni siquiera tenía la titulación académica requerida para prestar servicios odontoestomatológicos y atender en boca.

Los clientes afectados deben acreditar los daños y perjuicios para reclamar una posible indemnización

«Cara chapuza»

La misma sorpresa se llevó otro cliente que, tras su paso por la misma consulta para colocarse una prótesis, tuvo que recurrir a una segunda clínica odontológica cuando se le rompió poco después. No fueron las únicas quejas que apuntaban al protésico de El Astillero, todas referidas a los años 2013 y 2014. Así, por ejemplo, otra mujer que llevó a sus hijos, de 5 y 6 años, a realizar varios empastes que duraron poco puestos, acabó buscando arreglo a aquella «cara chapuza» en otro dentista. «Llevo gastados 2.000 euros», se lamentaba, sin poder evitar el sentimiento de culpa «por haber llevado allí a mis niños».

Acusación y defensa llegaron a un acuerdo de conformidad, por lo que no cabe recurso a la sentencia

Pero ninguno de ellos se personó como acusación particular en este proceso, por lo que no demostraron los daños y perjuicios ocasionados por la intervención del acusado (no se aportaron facturas derivadas de subsanar errores reclamables a este hombre). De ahí que la sentencia diga que «no se ha acreditado la mala praxis en los supuestos referidos». Es decir, que tendrían que acudir a la vía civil si quisieran reclamar una indemnización, explica el abogado del Colegio Oficial de Odontólogos, Jesús Rubín, quien admite las posibilidades de conseguirlo «si pueden acreditar debidamente el alcance de esos daños y perjuicios», una vez existe esta condena por intrusismo. Asimismo, destaca que la condena se rige por el artículo 403.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, esto es, antes de la reforma de 2015 que endureció las penas.

En un principio la acusación particular, ejercida desde el Colegio, pedía un año de prisión y diez meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, así como el pago de las costas procesales. Y el Ministerio Fiscal, ocho meses de multa a 10 euros diario. Con la fecha del juicio oral fijada para el 26 de mayo, acusación y defensa llegaron a un acuerdo de conformidad, fijándose una sanción de ocho meses a 6 euros al día (1.440 euros), contra la que no cabe recurso.

Fotos

Vídeos