Un debate esencial para la región

«De no ser contemplado el principio de mantener el statu quo, la capacidad para una adecuada financiación de los servicios públicos de Cantabria se verá claramente afectada»

Ángel Agudo
ÁNGEL AGUDO

En fechas próximas debe iniciarse la negociación política del nuevo modelo de financiación autonómica. Durante meses diversos expertos, propuestos por las CCAA y del Gobierno central, han venido trabajando y han concluido emitiendo un dictamen elevado al Gobierno. Informe que recogía la visión compartida de los expertos pero también multitud de votos particulares. Así pues, el dictamen de los expertos es el punto de partida para la negociación que debe de iniciarse. No es una propuesta cerrada, pero si define, en alguna medida, el marco de la negociación. Es ahí donde Cantabria puede tener problemas.

Como se puede observar en la tabla 1 (ver página anterior), con el actual sistema de financiación para las comunidades de régimen común, Cantabria tiene el mayor índice de financiación por habitante ajustado de todas las comunidades autónomas y alcanza el registro de 121,3 sobre una media de 100. Esta situación no es algo graciable, sino que es la consecuencia de las características de nuestra comunidad: tamaño, orografía, dispersión, envejecimiento… características que perduran y que obligarían a que en cualquier nuevo modelo Cantabria debe de estar en la parte alta de la horquilla y, en cualquier caso, por encima de la media.

No obstante esta circunstancia no se cumple a la vista de algunas de las simulaciones que se han realizado en las últimas semanas sobre el dictamen de la Comisión de Expertos en relación al nuevo modelo de financiación autonómica. Así, de la simulación realizada por Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos del país, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y miembro de la comisión de expertos a propuesta del Gobierno central, se concluye que Cantabria es la autonomía más perjudicada con el nuevo modelo.

Por un lado sus cálculos indican que al final de los cinco años siguientes al año base, en Cantabria el índice de financiación por habitante ajustado pasaría del 121,3 al 99,1, tal y como se muestra en la tabla 1. No sólo no estaríamos en la parte superior de la horquilla, sino que nos situaríamos por debajo de la media.

El punto de partida de sus cálculos asume la eliminación del principio de statu quo en la formulación del nuevo modelo, tal y como está contenido en el informe de la Comisión. Eliminar el statu quo, significa que no se garantiza que en el nuevo modelo ninguna comunidad autónoma pierda recursos con respecto al modelo anterior, tal y como había sucedido en los modelos anteriores. Se plantea, en todo caso, una compensación transitoria de cinco años para las CC AA que salgan perdiendo con el cambio. Y esa situación perjudicial se encontrarían Galicia, Asturias, Cantabria, Rioja, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares y Castilla-León. De no aplicarse esa compensación, el nuevo modelo le aportaría a Cantabria un 18,23%.

Menos de dinero que en la actualidad, lo que supondría la mayor caída relativa de todas las comunidades que pierden. En el año de salida Cantabria perdería 312 millones de euros que en estos momentos. Dada la gravedad de esta situación, se plantea un periodo transitorio de cinco años para compensar, temporalmente estas pérdidas. Pero aun con el periodo transitorio, y al final del mismo, Cantabria obtendría un 3,86% menos de recursos que en estos momentos tal y como se muestra en la tabla 2. De nuevo Cantabria es la región que más pierde, de hecho la única, junto a Extremadura, que tendrá menos ingresos. En el otro extremo las regiones más beneficiadas serán Madrid, Valencia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Canarias.

Parece evidente, con independencia de otras cuestiones a revisar, el interés de nuestra comunidad para que en el nuevo modelo de financiación se mantenga el statu quo, tal y como han defendido en un voto particular varias comunidades autónomas y los expertos de Cantabria en la Comisión, uno en representación de la comunidad autónoma y otra a propuesta por el Gobierno de España. De no ser contemplado este principio, la capacidad para una adecuada financiación de los servicios públicos esenciales en Cantabria se verá claramente mermada.

Este es un debate esencial para nuestro futuro y sin embargo no está teniendo la atención que se merece. Además, el momento político de la región no puede ser peor, con la mayoría de las fuerzas políticas entretenidas en sus divisiones internas. Es necesario focalizar el debate político y social en esta cuestión. Es imprescindible articular argumentos sólidos, técnicamente solventes, tejer alianzas con otras comunidades y ejercer el liderazgo para alcanzar la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales de Cantabria en torno a una posición común. El riesgo de lo que nos jugamos merece el esfuerzo.

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