Dos detenidos en Cantabria por modificar la fecha de caducidad de las latas de conserva

Dos detenidos en Cantabria por modificar la fecha de caducidad de las latas de conserva

La operación 'Artichoke' se ha saldado con nueve detenidos en Camargo, Santoña, Navarra, Valencia, Murcia y La Rioja. El consumo de conservas caducadas puede provocar botulismo, salmonelosis o intoxicaciones diversas

DM .Santander

La Guardia Civil ha detenido en Cantabria a dos personas por su presunta pertenencia a una organización especializada en modificar la fecha de caducidad y el reetiquetado de latas de conservas de atún, sardinas o mejillones. Con sus artimañas prolongaban la fecha de caducidad hasta en diez años más. La operación 'Artichoke', llevada a cabo en Cantabria, Navarra, Valencia, Murcia y La Rioja se ha saldado con la detención de nueve personas.

Fuentes de la Guardia Civil de Navarra han explicado que en Cantabria ha habido dos detenidos, en Camargo y en Santoña. Se trata de personas relacionadas con las empresas a las que se atribuye esta práctica.

La investigación, realizada por la Guardia Civil de Navarra, comenzó en mayo de 2016 a raíz de una denuncia presentada a través de su portal en internet en la que se ponía de manifiesto la posible existencia de un fraude alimentario en una empresa, consistente en la modificación de fechas de caducidad de conservas de pescado.

Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, inició una investigación para averiguar el domicilio social de esta empresa y las personas que administraban la misma.

Una única persona figura como administradora de la empresa, a cuyo nombre hay otras ocho sociedades más

Los agentes averiguaron que había una única persona como administradora de la empresa, a cuyo nombre figuraban ocho sociedades más, ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Por ello, se solicitó a los ayuntamientos de las localidades donde se encontraban estas empresas los justificantes de pago del Impuesto de Actividades Económicas, lo que permitió comprobar que todas ellas se encontraban de baja, aunque al mismo tiempo figuraban en el Registro Mercantil como activas.

Los agentes vigilaron el exterior de una empresa y observaron continuas cargas y descargas de camiones, constatando la existencia de un delito en su actividad. En concreto, se comprobó la existencia de un entramado consistente en la creación de varias empresas distribuidoras y empresas dedicadas al etiquetado que se facturaban mutuamente.

Las distribuidoras adquirían productos de las conserveras directamente y se abrían en ese momento dos vías de salida para la mercancía. Por un lado, la conservera etiquetaba los envases con sus respectivas marcas, con lo que posteriormente, si no se había conseguido vender el producto, éste era recuperado a bajo coste y volvía a los distribuidores.

En ese caso, los distribuidores, en la empresa de etiquetado creada para tal fin, volvían a procesar el envase, bien con su propia marca o con la de terceras empresas de la misma propiedad, alargando las fechas de caducidad y nuevamente lo introducían en el mercado.

La segunda opción consistía en que las empresas distribuidoras compraran la mercancía «a granel», con lo cual podían estuchar y etiquetar «a su antojo» con la empresa etiquetadora, explica la Guardia Civil, que destaca que estas prácticas «suponían grandes beneficios sin poner en riesgo ningún capital», aunque pudiendo provocar en los consumidores dolencias como botulismo, salmonelosis o intoxicaciones diversas.

La Guardia Civil ha constatado la existencia de más transferencias internacionales a paraísos fiscales por valor de más de 5 millones de euros

Como fruto de la investigación se ha detenido a nueve personas, se han practicado tres registros y se han incautado 3.744 latas de mejillón, 4.500 latas de ventresca, 500 latas de sardinas y 10.000 latas de atún.

Igualmente, se ha podido constatar la existencia de más de 500 transferencias internacionales a paraísos fiscales como Trinidad y Tobago, Islas Mauricio, Panamá o Emiratos Árabes, entre otros, por un montante de 5.666.653 euros.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona de Navarra y ha contado con la colaboración de agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, así como agentes de Seprona de Cantabria, Valencia y Murcia.

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