El Estado aprueba el informe de impacto ambiental que legaliza el bitrasvase del Ebro

Las obras del bitrasvase fueron una inversión pública millonaria. Ahora el Ministerio aprueba la declaración ambiental, primer gran paso para legalizar una infraestructura capital para Cantabria.
Las obras del bitrasvase fueron una inversión pública millonaria. Ahora el Ministerio aprueba la declaración ambiental, primer gran paso para legalizar una infraestructura capital para Cantabria. / MIGUEL DE LAS CUEVAS

Medio Ambiente lo sacará ahora a información pública durante 20 días y, tras estudiar las alegaciones, «en tres meses» puede obtener el respaldo legal

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER .

Cuando en febrero de 2014 el Tribunal Supremo anuló el bitrasvase del Ebro-Besaya -una infraestructura estatal millonaria, finalizada y en funcionamiento que garantiza el agua a Santander- por «falta de motivación en cuestiones ambientales», un escalofrío recorrió la espina dorsal del Gobierno de Cantabria, que todavía tenía en la retina la sentencia de demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera.

Se trataba de un error formal, subsanable retrotrayendo el expediente y realizando el informe que se había omitido, pero el entonces consejero de Medio Ambiente, el popular Javier Fernández, escaldado en otros procesos judiciales, no daba nada por supuesto y reconocía que la sentencia abría una «cierta incertidumbre».

El Supremo declaró ilegal el bitrasvase en 2014 por una falta de motivación ambiental, ahora subsanada

El Ejecutivo, presidido en ese momento por el Partido Popular, aseguró también que la anulación del bitrasvase no tenía por qué tener efectos prácticos. Pero, años después, la realidad demostró lo contrario, ya que sirvió de base para tumbar el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, y de no subsanarse amenaza también a los desarrollos urbanísticos de otros municipios.

Desde que el Alto Tribunal revocó el proyecto, admitiendo el recurso presentado por la asociación ecologista ARCA diez años antes por su afección a distintos enclaves de la Red Natura 2000, la Administración central ha trabajado en la elaboración de los nuevos trámites para que la obra sea legal, una responsabilidad que recae en el Estado.

Ya ha redactado el informe de impacto ambiental que concluye que «no es previsible» que la infraestructura hidráulica «vaya a producir impactos adversos significativos» en una zona declarada de especial protección para las aves (ZEPA) -'Embalse del Ebro'-, ni en los lugares de importancia comunitaria (LIC) 'Río y Embalse del Ebro' y 'Río Pas', incluidos en la Red Natura 2000.

No obstante, el estudio incluye un proyecto de restauración, presupuestado en 259.553 euros, que incorpora un plan de vigilancia ambiental, e introduce una serie de actuaciones medioambientales en cuanto a la plantación de arbolado para mejorar la integración de infraestructuras del proyecto, la eliminación de plantas invasoras, la instalación de cajas nido para aves y quirópteros en las masas forestales del entorno de actuación, la estabilización de laderas en la zona sur del embalse de Alsa y la limpieza de monte.

Este informe constituye el eje principal de la legalización de la obra. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de junio de 2017, saldrá a información pública durante 20 días, transcurridos los cuales, el Ministerio de Medio Ambiente emitirá una autorización especial que supondrá la legalización definitiva de la infraestructura.

El director de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, calcula que «en tres meses» el bitrasvase podría obtener todas las bendiciones. Mientras, Adán Musi, presidente de la asociación ecologista Arca, impulsora del recurso, subraya que la organización presentará las alegaciones pertinente al informe, una vez salga a información pública y añade que«si está todo correcto, no nos opondremos a su legalización porque no queremos ser un obstáculo».

Desde el Gobierno regional se cree que la infraestructura puede ser legal en unos tres meses

El colectivo, que fiscaliza el urbanismo en Cantabria desde hace años y tiene en su haber numerosas sentencias de demolición de infraestructuras públicas y urbanizaciones ilegales, nunca pidió la ejecución de la resolución del Supremo dictada hace tres años sobre el bitrasvase del Ebro, lo que ha supuesto un respiro para este sistema hidráulico que satisface las demandas de abastecimiento de las comarcas de Santander y Torrelavega.

Arca tampoco presentó informe alguno cuando el Ministerio le consultó sobre la afectación del bitrasvase a los lugares de la Red Natura 2000. Según consta en el estudio ambiental, en agosto de 2015 Medio Ambiente inició la fase de consultas previas a distintos organismos, entre los que se encontraba incluida la asociación ecologista, que no se pronunció ni emitió respuesta ni informe. Los colectivos conservacionistas Seo/Birdlife y WWF/Adena tampoco lo hicieron. Según Musi, la asociación no recibió esa comunicación.

Entre los ayuntamientos tampoco suscitó mucho interés la consulta. De los 24 preguntados, sólo respondieron los de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Torrelavega. Por parte de la Administración regional, lo hicieron la Dirección General de Medio Ambiente y la de Medio Natural. También se posicionó la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y ninguno de los organismos pone reparos significativos al proyecto. Este último, la CHC, subraya al respecto que las obras del bitrasvase «no han producido impactos significativos ni permanentes que hayan afectado a las masas de agua superficiales y subterráneas», y aconseja realizar controles para comprobar «el correcto funcionamiento de la estación de filtrado que garantice la no dispersión de especies invasoras entre las cuencas del Ebro y del Cantábrico».

La Dirección General de Medio Ambiente, por su parte, tampoco ve impactos negativos pero, pide a la empresa que construyó el bitrasvase y lo explota (Acuaes) que adopte algunas medidas, como recuperación de ejemplares de coníferas, regeneración de la vegetación en taludes, protección del sistema hídrico, seguimiento de la efectividad de las medidas para la protección contra la invasión del mejillón cebra o la mejora de los hábitats ribereños de los ríos Besaya y Pas. El departamento de Medio Natural tampoco observa afecciones significativas sobre los hábitats.

Compensaciones para los municipios

Sólo 3 los 24 ayuntamientos afectados han presentado alegaciones para pedir reparaciones.

De los 24 ayuntamientos afectados solo 3 contestaron a Medio Ambiente por el impacto de la obra: San Miguel de Aguayo, Campoo de Yuso y Torrelavega. San Miguel de Aguayo subrayó que las cicatrices que ha dejado la actuación en este término municipal «son evidentes» y que «algunas de las medidas que se recogen en el documento ambiental no han reducido los impactos a niveles aceptables». Aunque acepta la instalación como «la más conveniente», en términos ambientales se inclina por la alternativa de la macrodesaladora y solicita medidas de control de plantas invasoras y acciones «correctoras y compensatorias».

Campoo de Yuso propone la ejecución de una serie de medidas como el vallado de la estación de bombeo sur del túnel de Las Nieves, la reducción lumínica del proyecto y el balizado con boyas del punto de captación en el embalse del Ebro para garantizar la seguridad en el baño y la navegación. Además plantea actuaciones compensatorias como la construcción de un área recreativa dedicada a la divulgación del agua, la plantación de tejos, robles y hayas, la recuperación del humedal de Las Turberas, desecado y destruido y la instalación de seis islas flotantes para las aves acuáticas en el pantano.

El promotor ha incluido varias de las peticiones en un proyecto de restauración que tiene un presupuesto de 259.553 euros. Entre otras actuaciones incluye la restitución de las zonas afectadas por la ejecución de las obras y la reforestación de las mismas, en colaboración con la Consejería de Medio Rural. Así, entre las especies a implantar se incluyen 234 ejemplares de tejo. Además se prevé la estabilización de la zona situada al sur del embalse de Alsa, la limpieza de monte en las proximidades del Alto del Escalerón, la eliminación de plantas invasoras y la instalación de 250 cajas-nido para aves y 50 cajas-refugio para murciélagos.

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