La Fiscalía no ve prevaricación ni cohecho en los cursos de formación que investigó la UDEF

Así lo confirmó ayer el propio organismo a este periódico tras sostener que después de «concluir la tramitación de las diligencias de investigación incoadas a partir de un informe elaborado por la Brigada de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Unidad de Investigaciones Financieras (UDEF), fechado el 22 de noviembre del 2016, a su vez iniciado ante la llamada de la representante de unos centros de enseñanza denunciando a varios funcionarios y autoridades que han prestado su actividad laboral en el Servicio Cántabro de Empleo (Emcán), ha acordado el archivo al no haberse acreditado los delitos de cohecho y de prevaricación que inicialmente se pudieran deducir de las afirmaciones contenidas en la denuncia».

Aún así, se abren diligencias de investigación por posibles delitos de falsedad documental, estafa y fraude de subvenciones «cometidas por los responsables de varias academias».

El caso fue promovido por Cossío Formación, compañía que lleva años batallando contra el Ejecutivo al sentirse discriminada en el reparto de ayudas y, especialmente, por el hecho de habérsele negado la accesibilidad. A esta delación inicial se sumaron otras dos empresas, que dieron a la Policía una primera base para arrancar sus averiguaciones.

Sin embargo, Fiscalía precisa que «a pesar de la extensa investigación que se ha desarrollado, analizando una voluminosa documentación requerida a varias consejerías, que incluía numerosos expedientes de otorgamiento de certificados de accesibilidad, así como de homologación de especialidades, información fiscal y patrimonial; y recibiendo declaración a los representantes de otros centros aludidos en la denuncia, no se han podido constatar los hechos afirmados, puesto que las irregularidades administrativas detectadas no tienen relevancia penal». En consecuencia, se opta por el archivo de las diligencias.

El primer contacto con la Policía se produjo en diciembre de 2015, mientras que en marzo de 2016 los agentes empezaron las indagaciones. En diciembre de ese año la UDEF trajo a Cantabria el resultado de estas primeras averiguaciones, hasta que el 15 de ese mes varios efectivos se personaron en el Gobierno para requerir documentación, nunca un registro, pues éste debía ir acompañado de una orden judicial que aún no procedía al estar el caso supervisado por el Ministerio Público.

Los agentes se dirigieron en aquel entonces a la Consejería de Presidencia; a las dependencias del Emcán; y a las del Icass. En total, se llevaron miles de documentos de expedientes administrativos relacionados con la homologación de los centros y la puntuación otorgada a las academias desde 2007 en concepto de accesibilidad.

Se buscaba, además de aclarar si los criterios de asignación de subvenciones y de homologación de centros eran los correctos, descartar que se hubieran producido ilegalidades en la elaboración de informes o en la toma de decisiones del funcionariado para perjudicar a unas compañías y beneficiar a otras.

Por el camino, el trabajo de los efectivos policiales abrió nuevas líneas de estudio que afectaban, entre otros, al ámbito de la Dependencia.