La Fiscalía investigó 28 casos de violencia entre escolares en Cantabria el año pasado

 Los expertos señalan que la mayor parte de los casos son hechos de escasa entidad
Los expertos señalan que la mayor parte de los casos son hechos de escasa entidad / Andrés Fernández

El Ministerio Público admite un aumento en los expedientes, pero lo relaciona con una mayor visibilidad de los conflictos, lo que anima a denunciar

JESÚS LASTRA SANTANDER.

El dato se encuentra semioculto en una de las cientos de páginas que conforman la última Memoria de la Fiscalía con el balance de actividad del pasado año. El Ministerio Público incoó 28 expedientes en Cantabria por violencia en el ámbito escolar durante 2016, un incremento cuyo calado notable queda patente contraponiéndolo con la evolución de 2015, donde se hacía constar expresamente que, en toda España, fueron «escasos los supuestos en que se llega a audiencia con una calificación de delito contra la integridad moral, y en no pocas provincias ningún asunto se ha registrado siquiera, de salida, con tal denominación, predominando las conductas leves y las soluciones extrajudiciales». Como ejemplos, la propia Cantabria o Zaragoza.

¿Qué ha pasado para que se produzca este aumento de episodios violentos en los centros educativos? La propia Memoria trata de matizar el fenómeno. «Se destaca, en primer lugar, un incremento generalizado de las denuncias interpuestas por hechos subsumibles dentro del amplio concepto de lo que se viene denominando acoso escolar». Eso sí, las diferentes secciones territoriales convergen en sus tesis y precisan que «semejante incremento no se corresponde con un aumento objetivo y real de los comportamientos violentos entre iguales en los colegios, pues la mayor parte de los casos se trata de hechos de escasa entidad. Cuando dan lugar a que se incoe un expediente, raramente termina en acusación por delito contra la integridad moral, solventándose la mayoría por su cauce más adecuado, que es el de las soluciones extrajudiciales. La explicación del elevado aumento de denuncias se atribuye a la profusión de noticias en los medios de comunicación relacionadas con algunas de estas conductas».

La Fiscalía de Menores de Cantabria, dirigida por Irene Ciriza, apuntala este razonamiento. «Respecto al número de denuncias presentadas ante esta Fiscalía dentro de lo que se puede encuadrar como acoso escolar, que engloba diferentes conductas incardinables en distintos tipos penales, el aumento de las mismas con respecto a las registradas en años anteriores se valora desde esta sección como reflejo no tanto de un crecimiento de los casos, sino de una mayor visibilidad de los mismos de forma que se cursan denuncias con más frecuencia», detalla.

Sentada esta premisa, Ciriza va más allá. «Entendemos que la sensibilización que sobre este tema existe de forma creciente, por campañas institucionales, programas de formación a docentes y alumnos, o protocolos vigentes en los centros, hace que los casos se conozcan más y salgan a la luz», manifiesta.

Ante esta nueva coyuntura, la fiscal de menores «valora como muy positiva la respuesta dada por los centros escolares en la inmensa mayoría de los casos, actuando con prontitud aplicando los protocolos de intervención de forma inmediata, de manera que cuando la denuncia llega a Fiscalía el centro en la mayoría de los casos ha dado o está dando una respuesta activa al tema». Pero hay más. Ciriza explica que, más allá de la estadística, los casos de relevancia son excepción. «Los asuntos que efectivamente se 'penalizan', es decir, en los que se considera que la gravedad del caso, la ineficacia de la intervención escolar, la respuesta del menor implicado y de su familia requiere una sanción penal, formulándose acusación por el fiscal, son sin embargo los menos. Las cifras son similares a las del año 2015, ya que se valora como prioritario la solución del conflicto en el ámbito escolar con la menor intervención penal posible».

Entre tanta relatividad, sí que emerge un motivo de alarma de cara al futuro. «Nos preocupa especialmente el incremento, según los datos de la Consejería de Educación, de los casos detectados a edades muy tempranas (Primaria y primer ciclo de ESO), en los que al ser menores de la edad penal (14 años) no se puede dar respuesta penal, son inimputables. No obstante, estos casos también se comunican a Fiscalía y se solicita siempre antes de archivarlos la remisión de los informes del centro escolar para asegurarnos de que se ha dado una respuesta a la conducta en cuestión». La Memoria de 2017 también pone cifras a este fenómeno, pues de las 28 denuncias recibidas 12 se archivaron de forma directa por este motivo, un 42,8% del total.

«Hay que involucrar a toda la comunidad»

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) tienen claro que hay que vigilar este tipo de episodios violentos en los colegios cántabros. La presidenta de la entidad, Leticia Cardenal, asegura que los últimos datos hay que interpretarlos por partida doble. «Son casos puntuales, pero sí es cierto que las cifras de denuncias han aumentado. Mientras suceda en un colegio hay que evitarlo. Es obvio que nos preocupa», dice. Por ello, Cardenal aboga por «destinar recursos a poner soluciones para evitar estos conflictos, como planes de convivencia y contra el acoso en los centros, y hacer seguimiento de los mismos». Más aún, «la clave es no esperar a ver cómo evoluciona la situación, sino intervenir desde el minuto cero».

Para lograr tal objetivo, la responsable de FAPA apuesta por «hacer partícipe a toda la comunidad educativa en la lucha contra la violencia y acoso escolar, no solo a los profesores. Hay veces en que un conserje, por ejemplo, se da cuenta antes de un caso de este tipo que los propios docentes», ejemplifica.

Protocolos y planes

Desde la Consejería de Educación, en plena transición por el relevo de la cúpula política responsable del área, se remiten a los protocolos existentes para abordar estos conflictos. Por ejemplo, el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, busca «responder de manera coordinada a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y jóvenes en la escuela y su entorno, mejorar su conocimiento sobre los recursos policiales para la prevención de la delincuencia y protección de las víctimas, y concienciarles de la necesidad de erradicar las conductas violentas del ámbito escolar, fomentando el desarrollo de actitudes de rechazo y denuncia de estos comportamientos y fortalecer la cooperación policial con la comunidad educativa» autonómica.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria se propone ofrecer a los centros y a la comunidad educativa la participación en el IX Plan Director durante el nuevo curso, para lo que se pone a disposición de los mismos reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales para hablar de los problemas de seguridad que más preocupan y buscar soluciones; charlas-coloquio al alumnado sobre problemas de seguridad que les afectan como colectivo; acceso permanente a un experto policial al que consultar cualquier problema relacionado con la seguridad o la convivencia en el centro escolar; mejorar la vigilancia del entorno del centro escolar; o visitas a centros policiales y exhibiciones.

Un fenómeno complejo, en ocasiones oculto a una mirada superficial, que la comunidad educativa y las diferentes adminsitraciones involucradas deben gestionar con precisión y firmeza para evitar que las denuncias en Fiscalía continúen esta senda alcista.

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