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Viernes, 16 de marzo 2018, 07:25
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El Gobierno regional está tramitando, y espera publicar en breve, una orden de acreditación y autorización de los centros de dependencia que supondrá un aumento de la cantidad aportada por plaza concertada, y además también prevé actualizar los precios públicos con el IPC.
La vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha explicado que ya al inicio de la legislatura el Gobierno se reunión con Cermi y con otras organizaciones para iniciar un proceso de diálogo, que lleva en marcha más de dos años, para acordar la nueva normativa de acreditación y autorización de centros. Esta normativa conlleva el incremento del precio de cada plaza concertada. Hace apenas una semana el Cermi y otras organziaciones sociales denunciaron que la falta de una fianciación adecuada ponían en riesgo su futuro.
La vicepresidenta ha explciado que, a raíz de los recortes en la legislatura del PP, en el año 2012, cuando se rebajaron los precios y las plazas, las organizaciones alertaron de que estaban en «una situación de urgencia»y pidieron el incremento del IPC en los precios públicos. Díaz Tezanos ha señalado que el Ejecutivo prevé actualizar el IPC y además está ultimando la normativa de acreditación y autorización.
La vicepresidenta y consejera de Política Social ha agregado que esa normativa está «prácticamente cerrada» y «consensuada» con las organizaciones, de manera que quedan los últimos trámites administrativos. Según Díaz Tezanos la intención del Gobierno ha sido «regularizar» la situación de los centros de dependencia y hacerlo «con un proceso de diálogo permanente».
El precio de la plaza está en función de muchas variables, y también depende del tipo de centro. Con todo, Díaz Tezanos ha señalado que la actualización del IPC puede estar en torno a 700.000 euros. En este sentido, ha subrayado que la mayoría de la inversión que se hace por la Ley de Dependencia es «a costa» del Gobierno regional, porque «es la comunidad autónoma la que asume en torno al 80 %» de la inversión.
Y ha añadido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está incumpliendo la ley, «que decía que el 50 % lo aportaban las comunidades y el otro 50 % el Estado», algo que no se cumple desde la llegada del PP al Gobierno de la nación que supuso «los recortes».
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