El Gobierno central cuestiona la reducción del impuesto de Sucesiones

El Gobierno central cuestiona la reducción del impuesto de Sucesiones

El Ministerio de Presidencia y el bipartito PRC-PSOE convocan la Comisión bilateral de cooperación para analizar varios artículos de la Ley de Medidas Fiscales

ENRIQUE MUNÁRRIZ SANTANDER.

El Gobierno central ha informado al bipartito PRC-PSOE de que ha planteado ciertas «discrepancias» en relación a cinco artículos y dos disposiciones generales de la Ley de Medidas Fiscales de la administración regional para el ejercicio 2018. Se trata, en concreto, las reducciones autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la prohibición de las gasolineras sin personal excepto en las zonas rurales, la modificación de la Ley del Juego y dos artículos que afectan la creación del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia de la Administración.

La Administración central comunicó recientemente al Ejecutivo cántabro que la Comisión de Seguimiento y Disposiciones de las Comunidades Autónomas examinó a iniciativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública la Ley de Presupuestos y ha planteado diversas discrepancias. Para solucionarlas ambas administraciones han convocado a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Cantabria, que es un paso previo para intentar resolver las diferencias de criterio antes de llegar a presentar un eventual recurso de inconstitucionalidad.

DISCREPANCIAS

1
Las rebajas impulsadas en el tramo de Sucesiones y Donaciones.
2
La prohibición de las estaciones de servicio 'fantasma' y garantizar el nivel de protección del usuario.
3
Creación de un nuevo Cuerpo Técnico de Auxiliares de Seguridad y Vigilancia.
4
La modificación de la Ley del Juego impulsada por Presidencia.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, resto importancia al asunto y explicó que se trata de «un hecho habitual, que también se produjo el año pasado» y se resolvió de común acuerdo. A su juicio, la mayoría de las cuestiones son meros formalismos de redacción al entenderse que pueden pisar competencias de otras administraciones. De hecho, a la reunión, que está pendiente de celebrarse, sólo acudirán los servicios jurídicos, explicó el consejero regionalista.

El Gobierno de Cantabria confía en que las negociaciones que mantendrá con el Ministerio de Presidencia, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, en la comisión bilateral de cooperación permitan un acuerdo que evite su recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra los artículos 3.3, 8, 12,13 y 14 de la Ley de Medias Fiscales y de las disposiciones segunda y tercera.

El Gobierno central alerta de que la regulación diseñada por la Consejería de Economía, en manos del socialista Juan José Sota, en la rebaja de Sucesiones y Donaciones, puede hacer aguas al afectar a determinadas competencias. Aprovechando que habían pasado los peores años de la crisis económica, el bipartito decidió este año entrar a fondo a regular los tipos de gravamen para cónyuges, descendientes adoptados y tutores legales, con un tipo del 6% para las menores de 50.000 euros; del 10% hasta los 100.000 euros; del 20% hasta los 400.000; y del 30% por encima de esa cantidad.

«Confiamos en resolver las discrepancias durante la negociación para evitar el recurso» Rafael de la Sierra Consejero de Presidencia

Una de las principales novedades son las bonificaciones en las donaciones inmobiliarias. Cuando un padre quiera regalar una vivienda a su hijo, por ejemplo. La reducción del impuesto será del 99%, hasta los 200.000 euros, siempre que la casa se utilice como residencia habitual y la renta familiar sea inferior a cuatro veces el salario mínimo, entre otras condiciones. También contempla ventajas si lo que se quiere entregar es un terreno para construir allí una vivienda.

El consejero defendió durante la negociación de los Presupuestos que Cantabria está iniciando un «periodo de firmeza económico-financiera» que se traduce en un incremento de credibilidad ante los inversores. «Nuestro crecimiento se afianza y algunas grandes empresas empiezan a confiar en nuestra región al elegirla como centro de trabajo. Es esto lo que pretendemos potenciar con la reforma fiscal», destacó entonces Sota. Sin embargo, el Gobierno central, que cuenta con un informe elaborado por el Consejo de Estado, pide que se mire el alcance de la cesión de los tributos rebajados, ya que podrían interferir con las competencias del Ministerio de Hacienda.

El la misma línea, se comunican discrepancias a la prohibición de las gasolineras sin personal salvo en zonas rurales. La Consejería de Industria introdujo una modificación de Defensa de los Consumidores y Usuarios para vetar este tipo de negocios salvo excepciones contadas en zonas «aisladas» y que cumplan unos requisitos muy estrictos. Asimismo, plantea dudas por la creación de un nuevo Cuerpo de Técnico Auxiliares de Seguridad y Vigilancia, que se hizo para dar «mayor seguridad jurídica a los trabajadores».

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