El Gobierno se compromete con los sindicatos a crear la oficina de transparencia y lucha contra la corrupción

El Gobierno se compromete con los sindicatos a crear la oficina de transparencia y lucha contra la corrupción

CC OO y UGT acuerdan con Revilla y Díaz Tezanos introducir cláusulas sociales en la contratación pública

DM .
DM .Santander

El Gobierno de Cantabria se ha comprometido con los sindicatos UGT y CC OO a establecer un marco normativo para introducir cláusulas sociales en la contratación pública y a poner en marcha una oficina de transparencia y lucha contra la corrupción.

Estos dos compromisos los han obtenido los secretarios generales de UGT y CC OO, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, al presidente de Cantabria y a la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, en las conversaciones que han mantenido para abordar el proyecto de presupuestos del Gobierno de Cantabria para 2018.

Carmona y Sánchez han dado a conocer hoy estos compromisos, que esperan que se pongan en marcha en 2018, aunque han explicado que no tendrán asignación presupuestaria por los «problemas técnicos» que presentaba su introducción en la ley de acompañamiento de los presupuestos, por lo que han lamentado que no se hayan negociado con más tiempo.

En rueda de prensa, el máximo representante regional de CC OO ha opinado que el Gobierno «ha perdido una oportunidad» de llevar al Parlamento unos presupuestos «con un mayor consenso» por la premura de su aprobación y ha destacado el esfuerzo de los sindicatos por «no tirar la toalla» en la negociación y alcanzar compromisos.

Carlos Sánchez ha precisado que estos compromisos no se han plasmado en un documento firmado, sino que, según ha añadido, se trasladarán al diálogo social para alcanzar en ese ámbito el acuerdo formal.

Entre esos compromisos, el secretario general de CC OO ha señalado la aprobación de un marco normativo, que los sindicatos preferirían que fuese una ley, aunque también aceptarían un decreto, para regular las cláusulas sociales en los contratos del Gobierno de Cantabria con empresas. De esta forma, Sánchez quiere poner «pie en pared» a las bajas temerarias a la precariedad laboral de las empresas subcontratadas que realizan servicios para el Ejecutivo regional, con una normativa en la que ha destacado que Cantabria sería pionera.

Los sindicatos también han arrancado al Gobierno el compromiso de crear una oficina de transparencia y lucha contra la corrupción, que haga un seguimiento de las subvenciones y ayudas públicas, que quieren que sea «independiente» y que no dependa del Gobierno de Cantabria, sino de la Cámara regional.

UGT y CC OO también quieren que esta oficina, que creen que debería de estar dirigida por una persona de reconocido prestigio, colabore con la hacienda regional en la lucha contra la economía sumergida.

Primer trimestre del año

«El anuncio de estos dos compromisos con el Gobierno lo avala las negociaciones que hemos llevado y exige que en el primer trimestre del año que viene el Gobierno ponga en marcha estas iniciativas en el debate parlamentario», ha resumido Sánchez.

El secretario general de UGT ha valorado, además, «el tono y el talante» de Gobierno de Cantabria que, según ha añadido, ha adquirido el compromiso de desarrollar la ley de la Renta Social Básica.

«Veo al Gobierno sensible», ha señalado Mariano Carmona, quien ha recordado que en Cantabria más de la mitad de los parados no perciben ningún tipo de prestación y ha destacado el compromiso del Ejecutivo regional de ampliar la Renta Social Básica.

Por el contrario, Carmona ha criticado la reforma fiscal que plantea el Gobierno que, a su juicio, «deja que desear» en equidad y progresividad, mientras sube los impuestos de las viviendas de segunda mano y de los coches usado, lo que afecta a los que menos tienen, ha advertido.

El máximo responsable regional de UGT ha pedido, además, que se extienda la exención en el pago del tramo fijo del canon del agua que disfrutan los perceptores de la Renta Social Básica a los denominados «trabajadores pobres».

Y, entre otras medidas que los sindicatos han trasladado al Gobierno, ha señalado la propuestas de que el acceso al empleo en las empresas públicas se haga en las mismas condiciones de igualdad y mérito que en el trabajo para las administraciones.

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