El Gobierno prohibirá las gasolineras sin personal salvo en zonas rurales

Todas las gasolineras tendrán que estar atendidas por empleados, excepto las de zonas rurales./DM .
Todas las gasolineras tendrán que estar atendidas por empleados, excepto las de zonas rurales. / DM .

La Ley de Medidas Fiscales recoge un cambio legislativo para vetar las estaciones de servicio ‘fantasma’y garantizar el nivel de protección del usuario

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

La guerra entre las gasolineras tradicionales y las conocidas como ‘fantasma’ por la ausencia de personal está más cerca de solucionarse. El Gobierno de Cantabria ha decidido llevar la calma al sector y restringir al máximo la existencia para evitar la creación de nuevas gasolineras desatendidas. El bipartito PRC-PSOE ha decidido introducir, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, una modificación de Defensa de los Consumidores y Usuarios para vetar este tipo de negocios salvo excepciones contadas en zonas «aisladas» y que cumplan unos requisitos muy estrictos.

Hasta la fecha no ha habido una necesidad imperiosa de adaptar la normativa de protección de los consumidores y usuarios en Cantabria, dada la escasa implantación en la región y al hecho de que el sector ha venido funcionando y respetando con normalidad los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios. No obstante, la liberalización del mercado impulsada por la Ley de Hidrocarburos de 2013 ha disparado el número de gasolineras ‘low cost’ que ofrecen descuentos de entre cinco y 10 céntimos por litro frente al precio medio del mercado, y «han supuesto un elevado interés empresarial en este tipo de instalaciones desatendidas», según explica el bipartito. Según un informe elaborado por las grandes petroleras, en 2016 se instalaron en el país 241 nuevos puntos de suministro y se superó por primera vez la barrera de las 11.000 gasolineras.

Siguiendo los pasos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Navarra, que ya prohíben las estaciones de servicio sin empleado, el departamento dirigido por Francisco Martín ha decidido regularlo para «para garantizar y elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios». La finalidad de la modificación es que todas las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción o calefacción dispongan en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de personal debidamente formado y cualificado que realice el servicio, permitiéndose, no obstante, la existencia de instalaciones desatendidas cuando se cumplan «todos y cada uno de los requisitos legalmente previstos».

Por ejemplo, que las ventas de la citada instalación no superen los 400.000 litros/año; que radique en un ámbito rural y en un municipio cuyo padrón no exceda de 1.200 habitantes; que guarde una distancia mínima respecto de otras estaciones de servicio, y que ésta esté a menos de 15 kilómetros por cualquier carretera que las comunique; que tenga comunicación permanente con un centro de atención al cliente; que conste un servicio de vídeo-vigilancia durante las 24 horas, y que disponga de un sistema automático de extinción de incendios.

En caso de que el suministro deba realizarse directamente por el consumidor, se indicará esta circunstancia de forma visible con la palabra «autoservicio» cuando no hay personal afecto a la instalación, en su caso, haciendo constar en cada aparato suministrador las instrucciones necesarias para su manejo.

Implantará requisitos y garantías muy estrictas para que abran en pueblos «aislados»

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), dirigida por el cántabro Jorge de Benito, cree que con la actual ley en la mano existen «muchas dudas» de que este tipo de estaciones sin empleados pueda funcionar. El también responsable de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cantabria afirma que el problema no radica tanto en que se abran nuevas gasolineras desasistidas –en Cantabria apenas representan el 2% del total con instalaciones en Polientes, Bezana y Nueva Montaña, y sólo otras tres empresas del sector se han dirigido a Industria interesándose por los requisitos para abrir una nueva–, sino en que todas sin excepción cumplan las mismas exigencias legales aplicables a la distribución de carburantes al por menor.

El Gobierno explica que este cambio legislativo no se tramita por motivos de seguridad sino fundamentalmente para mejorar la atención a los usuarios y a las personas discapacitadas.

Nuevo Cuerpo de vigilantes

El borrador de Ley de Acompañamiento, cuya reforma fiscal fue adelantada por este Gobierno, también contempla entre una veintena de modificaciones, la mayoría técnicas la creación de un nuevo Cuerpo de Técnico Auxiliares de Seguridad y Vigilancia. El bipartito explica que es una figura que se impulsa para dar «mayor seguridad jurídica a los trabajadores», una demanda que se había planteado desde hace tiempo, pero que no supondrá ni un incremento de la plantilla ni de sueldo.

También plantean un cambio en la Ley de Subvenciones para que cuando el importe de gasto subvencionable supere las cuantías fijadas por la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso. Se trata de dar mayor transparencia al dinero público que acaba en manos privadas.

Los autobuses escolares podrán llevar otros viajeros en las zonas rurales

El Gobierno quiere exprimir al máximo el dinero que destina anualmente a subvencionar el transporte escolar en Cantabria, y está convencida de que esta red que se activa en las jornadas lectivas en horarios muy concretos (primera hora de la mañana y de la tarde) puede resultar clave para cubrir la movilidad de los pasajeros de las comarcas rurales, donde la rentabilidad de las concesionarias está más que cuestionada.

En Cantabria, la población de las zonas rurales, especialmente del interior, se distribuye de manera dispersa, dándose la circunstancia de que existen numerosos municipios donde la densidad de población, unida a la aludida diseminación, impiden establecer unos servicios de transporte regular de viajeros de uso general con una ocupación mínima que asegure su viabilidad social y económica. Por ello, existen pequeños núcleos que no pueden disponer de servicios de transporte público que garanticen una adecuada movilidad de sus habitantes. El bipartito modificará ahora la ley de transporte de Viajeros por Carretera para poder cambiarlo.

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