El Gobierno reactiva el proceso para zanjar el conflicto de montes

Los afectados por la Ley de Montes se han movilizado en la calle para exigir sus derechos de propiedad.
Los afectados por la Ley de Montes se han movilizado en la calle para exigir sus derechos de propiedad. / Alberto Aja
Cantabria

Dos licenciados en Derecho, contratados por la Consejería, trabajarán «a destajo» a partir de septiembre para revisar de oficio las reclamaciones denegadas

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

Cuando Adrián Jesús Arango compró hace seis años dos fincas en Tezanos, una pequeña localidad de apenas 350 habitantes perteneciente al municipio de Villacarriedo, supuso que tenían todos los parabienes, pero sobre todo que eran parcelas privadas. Pero cuando las fue a inscribir en el Registro de la Propiedad resultó que estaban en monte público, propiedad de la junta vecinal. «¡Qué me dices!», suspiró. A punto estuvo de demandar a la señora que se las vendió, recuerda ahora su abogado Álvaro Sánchez Pego. Sin embargo, dispararon el tiro hacia la Administración. Alegó la posesión continuada de las fincas durante más de treinta años, o lo que es lo mismo, la propiedad privada por usucapión.

Por dos veces la Consejería de Medio Rural rechazó la reclamación sobre la propiedad obligando a Arango a ir a los tribunales. Pero, en la fase previa a la vía judicial, el Gobierno ha reconocido la propiedad de una de las parcelas, no de la otra, y ha dado por válidos todos los documentados presentados para acreditar la posesión ininterrumpida durante más de 30 años de la finca.

Este es sólo uno de los casos que ilustran el giro dado por el Gobierno regional en el conflicto que enfrenta a los afectados por la Ley de Montes, que llevan más de una década reclamando la propiedad de las parcelas que ocupan en montes de utilidad pública, con la Administración.

«No habrá barra libre porque hay que cumplir una serie de condiciones»

La Consejería de Medio Rural pretende que el problema quede resuelto en los dos años que quedan de legislatura. Para ello ultima la contratación de dos licenciados en Derecho que, a partir de septiembre, van a revisar de oficio todos los expedientes denegados en esta década a los afectados por la Ley de Montes. «Van a trabajar a destajo, dedicados únicamente a la revisión de cada caso, para que en esta legislatura se regularice la situación y el conflicto quede resuelto», señala el consejero Jesús Oria.

Oria calcula que los jurídicos tendrán que analizar y evaluar más de 500 expedientes denegados, además de las nuevas reclamaciones que llegan a su departamento, una comprobación que se realizará «caso a caso» porque la casuística es distinta y no existe un patrón único. «Se van a dar soluciones individuales, estudiando cada reclamación. No habrá barra libre porque se han de cumplir una serie de condiciones», advierte el consejero.

La orden es «pisar el acelerador a fondo» y recuperar el tiempo perdido por el retraso de medio año sufrido en la contratación del personal experto, debido a la demora en la aprobación de los presupuestos.

La revisión de las reclamaciones se hará de acuerdo con el nuevo marco jurídico creado por el Ejecutivo a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2016, que permite a los afectados ampliar los medios de prueba para acreditar el pleno dominio de la finca.

En la anterior legislatura, el Ejecutivo del PP únicamente reconocía la propiedad privada si las parcelas en litigio figuraban inscritas en el Registro de la Propiedad. Era el requisito establecido por los servicios jurídicos del Gobierno. La Administración despreciaba así otros medios de prueba en poder de los particulares, en su mayor parte escrituras de compraventa, testamentos y declaraciones de herederos. Pero la sentencia del Supremo permitió al actual Ejecutivo cambiar el escenario. Encargó a los letrados del Gobierno un nuevo informe de acuerdo con la resolución del Supremo. La reinterpretación de los servicios jurídicos permitió a la Administración valorar diferente documentación para acreditar la posesión y uso pacífico de la parcela al menos 30 años antes de la entrada en vigor de la Ley de Montes aprobada en 2003.

En este nuevo escenario, la Consejería se dispuso a revisar de oficio las reclamaciones rechazadas, pero «se trata de un proceso complejo que requiere la dedicación exclusiva de dos expertos». A pesar que la decisión se tomó el año pasado, la contratación de los jurídicos se realizará este mes. Hasta ahora únicamente había un goteo de expedientes resueltos, pero a partir de septiembre los procesos recibirán un «fuerte impulso». Jesús Arango ha legalizado su finca con la escritura de compraventa y la certificación catastral, y peleará en los tribunales por la que le queda.

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