«Tenemos un grave problema con la contratación, nos falta personal»

La gerente de Pro Mairem, Pilar Mateo, coincide en que «tenemos un gran problema con las contrataciones, no se ha planificado esto, y muchas veces te tienes que buscar la vida para encontrar personal porque si les llaman de las bolsas de trabajo del Servicio Cántabro de Salud, te dejan. Y a veces ocurre de un día para otro, y te encuentras que no tienes cómo cubrir ese hueco». En este sentido, Alfonso Herreros, presidente de Lares, confirma que «en ese caso, no puedes competir».

Si no tienen reparos en cambiar de destino laboral de manera fulminante se sobreentiende que es porque tendrá su reflejo en la nómina o en la carga de trabajo. Y Otero lo admite sin tapujos: «Con lo que nos pagan por plaza concertada, no podemos subir los sueldos». UGT publicó un informe UGT la semana pasada sobre la precariedad laboral del sector, en el que denunciaba sueldos que apenas suponen mil euros brutos (unos 700 netos), marcados por el convenio colectivo estatal de la dependencia –sin renovar desde 2013–, o incluso trabajadores que no tienen jornada completa sino que desempeñan tareas por horas, con salarios que no llegan a los 400 euros al mes.

Desde el lado de la patronal, se recuerda que «entre el 60% y el 65% de lo que se cobra por una plaza en una residencia, se va en salarios», e insisten en «el estrecho margen» que queda para sufragar el resto de servicios (comida, lavandería...) tras la rebaja de los precios públicos que arrastran desde hace cinco años. Por ello, en la negociación que el sector mantiene con la Administración, se lucha por mejorar las condiciones del concierto y ajustar la ratio de personal, al tiempo que se insiste en que la coordinación sociosanitaria es «mejorable». Las residencias no están obligadas por ley a contar con personal facultativo, sino que son los médicos de familia de los centros de salud los que deben asumir la atención a los residentes. Sin embargo, apunta Pilar Mateo, «el perfil de usuarios va cambiando y cada vez exigen necesidades mayores. Hasta el punto de que los cuidados que requieren en ocasiones exceden incluso el coste de la plaza».

Llegados a este punto, de lleno total, y con las dificultades de asumir la demanda, la Federación recomienda al Gobierno realizar un estudio a fondo de la situación, que permita dibujar un mapa y plasmar en él la necesidad real de plazas y su reparto por la región. «Si hay un compromiso por parte de la Administración, la gente se lanzará a invertir y podrán crearse nuevos centros y generar empleo», concluyen. Según las estimaciones de UGT, dentro de 15 años para satisfacer el progresivo envejecimiento de la población el sector de la dependencia en Cantabria tendría que incrementar en 1.500 empleos su actual plantilla, un 25% más que los 6.030 trabajadores actuales –casi el 90% son mujeres–.