«Mi hijo se cayó en el colegio y nadie se hace responsable de los gastos de la operación»

Educación rechaza la reclamación de la familia de un niño de seis años que tendrá que pagar una cirugía de 2.300 euros al no tener seguro el centro

Jesús Lastra
JESÚS LASTRA

«Mi hijo se cayó en el colegio y nadie se hace responsable de los gastos de la operación. Ni el centro ni la Consejería de Educación. Quiero que la gente lo sepa, que sirva de advertencia para otros padres y que tomen precauciones para que no les ocurra lo mismo que a nosotros». Así sintetiza Tamara Gómez el vía crucis que atraviesa su familia desde que su vástago tuvo un accidente en clase en el Colegio Buenaventura González, de Santa Cruz de Bezana, por el que le han quedado secuelas en una oreja que necesitan una operación valorada en 2.300 euros. Fue el 3 de diciembre de 2015, cuando el pequeño tenía cinco años.

Hace escasos días la Consejería rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial de la familia, por la que exigía la cantidad citada para llevar a cabo la cirugía el año próximo cuando el crecimiento del niño lo permita, al entender que el suceso fue «fortuito», esto es, que no hubo negligencia docente ni deficiencias en las instalaciones. El colegio previamente había certificado que, como centro público, no tenía obligación de contar con un seguro escolar y derivó cualquier petición de responsabilidades al departamento que dirige Ramón Ruiz, que confirma que los argumentos jurídicos actuales obligan a declinar cualquier petición en este sentido siempre que los hechos giren en torno a accidentes de los pequeños, por mucho que tengan lugar en complejos educativos de titularidad autonómica.

«Nos sentimos impotentes al ver que nadie responde por un suceso ocurrido en un colegio público»

«Quiero que sirva de advertencia para otros padres y que no les ocurra lo mismo que a nosotros» Tamara Gómez. Madre afectada

«No es ya por el dinero de la intervención, lo sacaremos de donde sea. Pero sí que nos sentimos impotentes al ver cómo nadie responde por un suceso ocurrido en un colegio público», lamenta la progenitora.

El pequeño, durante una actividad grupal en el aula con todos los alumnos en el suelo, se golpeó la oreja izquierda contra un banco de madera que provocó la inflamación de la misma, según se recoge en la resolución del Gobierno, con fecha 10 de agosto. La madre lo recuerda como si fuera ayer: «Nos llamaron del colegio pero nos dijeron que no era grave. Cuando fuimos a buscar a nuestro hijo vimos que tenía la oreja hinchada. No era normal. Fuimos al centro de salud de Bezana, pero nos mandaron a la Residencia Cantabria y de ahí a Valdecilla. Nos dieron antibiótico para que se le bajara la hinchazón, pero también tenía la oreja -el pabellón auditivo- doblado hacia delante. Los médicos nos aseguraron que volvería a su sitio, pero que podía llevar algún tiempo».

«Es un hecho fortuito. No hay una relación directa entre el servicio público y el daño causado»

«Seguimos un protocolo. Cada año tenemos cientos de reclamaciones de este tipo» Alonso Gutiérrez. Director general de Centros

Gómez dejó transcurrir unos meses, pero al comprobar que el problema no se solucionaba, en octubre de 2016 pidió cita con el especialista. «El nueve de febrero de este año le dieron el alta y nos dijeron que la solución al problema de la oreja caída era una otoplastia, una operación, pero que al ser una cuestión estética la Seguridad Social no se iba a hacer cargo a menos que nuestro hijo tuviera problemas psicológicos motivados por esta deficiencia (la denominada 'oreja de soplillo'».

No obstante, al haber sido un accidente escolar, los padres aseguran haber registrado un parte en el Colegio Buenaventura González, aunque el centro se desentendió del asunto y les derivó a la Consejería. En abril un especialista privado cifró la operación en los mencionados 2.300 euros y diagnosticó al menor, ya en junio, rotura de cartílago, no detectada previamente, según Gómez.

Criterio de la Consejería

El director general de Innovación y Centros Educativos, Alonso Gutiérrez, abunda en el argumentario jurídico del Ejecutivo. «Es un hecho fortuito. No cubrimos reclamaciones donde no hay una relación directa causa-efecto entre el servicio público y el daño causado», precisa, para agregar que «cada año tenemos cientos de solicitudes de este tipo». Desde la Consejería precisan que la legislación que no admite este tipo de cuestiones es de ámbito estatal, no una normativa exclusiva de Cantabria.

Gutiérrez también apostilla que Educación «sigue un protocolo por el que, cuando hay que abonar operaciones, se hace una vez ha tenido lugar la intervención y nos giran la factura. Lo que no podemos hacer es adelantar el dinero, como nos piden en este expediente».

Los padres, por su lado, aducen que la cirugía no puede efectuarse hasta finales de 2018 por el crecimiento del menor y si esperaban la responsabilidad prescribía.

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