El Igualatorio amenaza con impugnar el contrato de hospitalización concertada

El Hospital Santa Clotilde tiene concertada con el Servicio Cántabro de Salud la hospitalización para paliativos y crónicos
El Hospital Santa Clotilde tiene concertada con el Servicio Cántabro de Salud la hospitalización para paliativos y crónicos / Javier Cotera

El acuerdo del Servicio Cántabro de Salud, suscrito hasta ahora con Santa Clotilde, se amplía a cuatro años, con dos más de prórroga, lo que eleva el montante a 32,4 millones de euros

Ana Rosa García
ANA ROSA GARCÍASantander

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) no gana para disgustos. En los últimos meses ha sacado tres concursos públicos millonarios y los tres se han atascado por la vía de los recursos. Primero fue el de la renovación integral de los laboratorios de los tres hospitales (Valdecilla, Sierrallana yLaredo), que ya tiene luz verde para seguir adelante después de un parón de casi tres meses. En juego, 21,5 millones de euros. Ahora está en suspenso el del transporte sanitario –probablemente hasta después del verano– como consecuencia del intento del gremio de los taxistas de participar en el reparto del servicio, por el que la Administración pagará 48 millones (precio máximo de licitación) durante los próximos cuatro años. Y el contrato que parecía que iba a ser de puro trámite, que es el concierto de hospitalización con la sanidad privada, hasta ahora suscrito con el Hospital Santa Clotilde, amenaza con tener una competencia inesperada. El Igualatorio Cantabria, que nunca antes había optado a esta licitación, ha anunciado un recurso ante la Consejería de Sanidad.

Las condiciones

Definición del servicio
Requisitos
Recursos Humanos
Volumen
32,4

Millones de euros es el valor del contrato de cuatro años de duración, más dos de prórroga

«Nuestros servicios jurídicos están estudiando el documento porque hay una serie de cuestiones que consideramos que no están claras en el pliego de prescripciones técnicas», admite el director general de la entidad, Pablo Corral, que prefiere no profundizar en el asunto, a la espera de la cita que ya tiene prevista para la próxima semana con el gerente del SCS, Julián Pérez Gil. Lo que, por ahora, es un amago de impugnación se podría interpretar como un intento de dar un golpe en la mesa por parte del sector sanitario privado menos favorecido en la concertación de prestaciones de la sanidad pública. Y es que este contrato, que garantiza 100 camas de hospitalización para derivación de pacientes de cuidados paliativos, crónicos o que requieren rehabilitación hospitalaria, parece demasiado goloso (se oferta en bloque, no hay posibilidad de dividir en lotes) como para quedarse de brazos cruzados mientras se lo lleva solo un centro de forma casi automática.

Más aún cuando por primera vez se amplía el periodo de concertación a cuatro años –antes era la mitad–, a sumar a otros dos de prórroga, lo que eleva el montante del acuerdo a un total de 32,4 millones, frente a los 10,9 millones de euros en los que se licitó en 2013. De confirmarse la readjudicación, tal y como ha venido sucediendo hasta la fecha, Santa Clotilde se consolidaría como el principal aliado de la sanidad pública, ya que esa colaboración se completa con las derivaciones recogidas en el acuerdo marco quirúrgico. Es decir, además de ingresar a pacientes que precisan continuar con su hospitalización, también contribuye a rebajar la lista de espera quirúrgica, asumiendo una parte de las intervenciones en cola. De tal forma que de los 10 millones al año que destina el presupuesto de Sanidad a los conciertos con instituciones privadas de atención especializada (dato de las cuentas de este año), el grueso tiene como destinatario, por una vía u otra, el hospital de la Orden de San Juan de Dios.

«Los servicios jurídicos estudian el documento, hay cuestiones que no están claras», señala el gerente del Igualatorio

Conciertos menores

El resto se reparte entre el concierto suscrito con el Centro Hospitalario Padre Menni por estancias psiquiátricas y otros de menor entidad, como los de la Mutua Montañesa, el Hospital Virgen de la Paloma, la Clínica Los Lagos, Aluak y la clínica Quirón de Bilbao. En vista de ese reparto, parece que el Igualatorio Cantabria ha dado un paso al frente para reivindicar que también puede ir de la mano del Servicio Cántabro de Salud. Y lo hace justo cuando acaba de estrenar las renovadas instalaciones de la Clínica Mompía, donde ha acometido una reforma que ha supuesto una inversión de más de 8 millones de euros (3,1 en infraestructuras y 5 en equipamiento). Con ella, ha incorporado una Unidad de Cuidados Intensivos, que hasta ahora era una de sus carencias, ha ampliado el área de reanimación y los quirófanos –hasta nueve– y se ha dotado de nuevos paritorios.

Si finalmente presenta el recurso anunciado será inviable cumplir con los plazos de adjudicación, que deberían estar ultimándose ya. Tal y como consta en el pliego, la Subdirección de Asistencia Sanitaria del SCS justifica la necesidad de este concierto de hospitalización «dada la insuficiencia del número de camas en centros propios». Es por eso, dice, que se recurre a un hospital externo que «permita asegurar al sistema público camas para garantizar la adecuada programación quirúrgica, a fin de hacer más ágil la reducción de la lista de espera». Una fórmula «idónea» para ofrecer «la cobertura de los tratamientos, el suministro del material para ellos y la incorporación de técnicas y equipamientos innovadores, basándose en la situación actual y las previsiones de futuro estimadas para mantener la atención de los pacientes».

El ingreso de cada paciente derivado supone 7.000 euros

Más de 7.000 euros de media le cuesta a las arcas públicas cada paciente derivado de los centros hospitalarios del Servicio Cántabro de Salud a uno concertado. El contrato cifra en 5,4 millones el importe máximo anual que facturará la futura adjudicataria por la asistencia sanitaria en régimen de hospitalización, ya sea de pacientes crónicos, de cuidados paliativos o que requieran terapias de rehabilitación. En concreto, se establece una cuantía de 5,1 millones para un número de 650 pacientes. Del 651 al 700 se abonará una cantidad adicional de 5.500 euros por ingreso hasta ese tope marcado de 5.415.000 euros, con independencia de que el número de ingresos anual sea superior a 700.

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