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Ana Rodríguez Alonso
Los jueces y fiscales de Cantabria se manifiestan por primera vez para pedir medidas que refuercen su independencia

Los jueces y fiscales de Cantabria se manifiestan por primera vez para pedir medidas que refuercen su independencia

Este jueves han protagonizado una concentración a las puertas de Las Salesas en la que también han reclamado una modernización de la Justicia

EFE

Santander

Jueves, 5 de abril 2018

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Jueces y fiscales de Cantabria han reivindicado este jueves la necesidad de que las Cortes Generales y el Consejo General del Poder Judicial implementen medidas para, entre otras cosas, reforzar la independencia judicial y modernizar la Administración de Justicia en materia de calidad y eficacia.

Más de medio centenar de jueces y magistrados han participado en el acto que se ha celebrado en el patio del complejo judicial de Las Salesas de Santander, donde varios de ellos han participado en la lectura de un manifiesto para reivindicar varias medidas que propusieron las asociaciones judiciales el pasado mes de junio y que aún no se han debatido.

En la lectura del manifiesto han participado, entre otros, el juez decano de Santander, Jaime Anta; la decana de Torrelavega, Patricia Bartolomé; la magistrada de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, Esther Castanedo; y la fiscal decana de Torrelavega; María Teresa González.

Los jueces y fiscales han comenzando expresando su apoyo a las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 Juntas de Jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y Magistrados. Asimismo, han apoyado las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.

Para reforzar la independencia judicial, han pedido, entre otras medidas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley para dicha reforma.

Así como la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada; y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

Para modernizar la Administración de Justicia, reclaman un plan de inversión «suficiente y prolongado»; incrementar las plantas judicial y fiscal, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; y un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado.

También apuestan por la implantación de los tribunales de instancia; y que, mientras tanto, se creen órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad (hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes).

Además, reivindican la revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto; compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; y dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.

Para mejorar las condiciones profesionales, desean, entre otras medidas, la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, abogan por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.

Así como atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal; y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal. Para conseguir estos fines, jueces y fiscales anuncian que secundarán todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.

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