La juez archiva la causa que obligó a Puerto Gallego a dejar su escaño de diputada nacional

La exdiputada Puerto Gallego, tras su renuncia al acta el pasado mes de septiembre
La exdiputada Puerto Gallego, tras su renuncia al acta el pasado mes de septiembre / A. FERNÁNDEZ

Ocho años después de la denuncia presentada por un exconcejal del Movimiento Falanguista, a la que se sumó el PP, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña dice que no hay delito en un auto sin motivar

CONSUELO DE LA PEÑA

La socialista Puerto Gallego tuvo que entregar su acta de diputada nacional cuando el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo decidió investigarla por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Santoña, en el que gobernó con mayoría absoluta entre los años 2003 y 2009. La denuncia, que data de 2009, partió del entonces concejal del Movimiento Falanguista Leoncio Calle Pila y a ella se sumó poco después el PP.

Ocho años más tarde, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña, que investigó la causa antes de que el Supremo tomara cartas en el asunto por el aforamiento de Gallego, ha acordado dar carpetazo al procedimiento, sin ni siquiera oír a la afectada, al considerar que no hay delito.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, la juez María Peña Lobeto, ventila el asunto en apenas seis líneas. Sin fundamentación alguna, la resolución subraya textualmente que «de lo actuado no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones y, conforme al artículo 634 del mismo texto legal, no existiendo diligencias pendientes de ejecutar, el archivo de la causa». El auto no es firme y contra él cabe recurso de reforma ante la propia juez y después ante la Audiencia Provincial, tribunal que, en caso de apelación, podría devolver las diligencias a la magistrada para subsanar la falta de argumentación jurídica.

Cronología

2009. En febrero, el concejal de Santoña del Movimiento Falangista denunció a la alcaldesa Puerto Gallego y a los ocho concejales de su equipo de gobierno y los acusó de fraccionar contratos para adjudicarlos después a dedo a empresas amigas.

2015. La Audiencia ve indicios de delito y avala enviar la causa al Supremo porque Gallego es ya diputada nacional y aforada.

2016. En septiembre, el Tribunal Supremo considera «imprescindible» investigar a Gallego.

9 de septiembre de 2016. Puerto Gallego anuncia su dimisión .

27 de junio de 2017. La juez de Santoña María Peña dicta un auto en el que archiva las diligencias previas contra Gallego y su equipo de Gobierno.

Gallego tuvo que dimitir cuando se supo que el Supremo (tribunal que se hizo cargo de la causa por su condición de aforada) se proponía investigarla. Tras reunirse con el partido, la diputada nacional anunció su renuncia, entregó su acta y fue sustituida por Ricardo Cortés. La exalcaldesa de Santoña defendió su inocencia, pero dimitió para «no ensombrecer, en ningún caso, la determinación de los socialistas de promover la regeneración», según justificó entonces. Y es que la decisión del Supremo adoptada el pasado mes de septiembre se produjo en pleno discurso del PSOE contra la corrupción del PP y su apuesta por el endurecimiento de medidas contra esa lacra.

La exalcaldesa quiso ponerse por delante, incluso, del código ético del partido, que sólo obliga a dimitir cuando se abre juicio oral, que no era su caso. Aunque también es cierto que Gallego era presa de su palabras ya que se había comprometido públicamente a renunciar al cargo si el Supremo la investigaba.

El Alto Tribunal se había hecho cargo de la causa contra la cántabra después de una serie de avatares judiciales, bajo la acusación de un delito continuado de prevaricación administrativa en la adjudicación de contratos en Santoña entre los años 2003 y 2009, periodo en el que gobernó con mayoría absoluta el municipio.

La denuncia fue presentada en febrero de 2009 por Leoncio Calle Pila, entonces concejal del Movimiento Falangista de España, contra el equipo de gobierno socialista, una acusación a la que un año después se sumó el PP.

Sin declarar

Calle Pila acusó al equipo de gobierno capitaneado por Gallego de fraccionar contratos para evitar sacarlos a concurso y después adjudicarlos a dedo a empresas amigas, haciendo caso omiso a las continuas advertencias de ilegalidad formuladas por los interventores municipales. La entonces juez de Santoña Rocío Rubio abrió una investigación en la que requirió documentación, citó a testigos y llamó a declarar como imputados a los ocho ediles socialistas que formaban el equipo de gobierno.

Las claves

Acusación

El concejal Leoncio Pila y, después el PP, acusan a Gallego de fraccionar contratos

Supremo

La decisión del Supremo de investigar a Gallego provoca su dimisión como diputada

Pero cuando llegó a Gallego se detuvo porque ya era diputada nacional y, como aforada, la competencia era del Supremo. Pero la jueza cometió dos errores que provocaron las dilaciones en el proceso. Primero, el Supremo devolvió la causa porque no iba acompañada del preceptivo informe fiscal. Después, en febrero de 2014, dictó un auto elevando el caso de nuevo al Alto Tribunal ante los «claros indicios» de delito, pero sin una exposición razonada, lo que posibilitó que los imputados recurrieran ante la Audiencia. Este tribunal subrayó que hasta tres interventores municipales advirtieron de la ilegalidad de fraccionar los contratos para que no superasen los 18.000 euros y así adjudicarlos a dedo.

El caso llegó finalmente con todos los parabienes al Supremo, tribunal que el pasado mes de septiembre consideró «imprescindible» continuar la investigación porque existen pruebas periciales y reparos de la inspección municipal que apuntan a posibles irregularidades.

La causa fue devuelta al Juzgado de Santoña, donde llegó el pasado mes de noviembre. A pesar de las advertencias de la Audiencia y del Supremo sobre la existencia de «indicios claros» de delito, la actual titular del Juzgado no ha visto necesario tomar declaración a Gallego y ha acordado el archivo del procedimiento sin practicar más pruebas.

La decisión judicial supone la rehabilitación política de la exdiputada nacional, que vio cercenada su trayectoria en el partido por la denuncia de unos hechos sobre los que ni siquiera ha llegado a declarar. Y también la de los exconcejales socialistas José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle, también encausados y ahora eximidos de toda responsabilidad.

Pediatra de profesión, Puerto Gallego accedió a la Alcaldía de Santoña en 2001 tras presentar una moción de censura contra el alcalde popular del momento (Pedro Luis García). Luego, en las elecciones de 2003 y 2007 logró mayoría absoluta en las urnas, por lo que gobernó el Ayuntamiento durante 10 años.

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