Los municipios de Cantabria no rinden cuentas

El Tribunal de Cuencas denuncia que lleva 14 años pidiendo «sin éxito« sanciones para quienes no entreguen su documentación. Un incumplimiento que en el caso de la región alcanza el 35%

EP

El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.

«Esta recomendación ya se formuló en 2003», afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar.

Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria. Según el Tribunal de Cuentas, el nivel de incumplimiento de los municipios de Cantabria se sitúa en el 35%.

En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27% de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.

La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56% de las entidades, por debajo del 62% del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10%

Por comunidades

Por comunidades autónomas, el mayor incumplimiento se registra en Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.

A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.

Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90 por ciento, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93 por ciento. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría expliocar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.

Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.

Recetas ignoradas por los gobiernos

Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como «indispensable» para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.

También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque «la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales».

El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. «Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009», recalca el órgano auditor.

Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.

Menos deuda, más inversiones reales

El informe repasa por lo demás las principales cifras de ingresos y gastos de las entidades locales en 2015. En ese año, el gasto total del conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios básicos, el 34%.

Le siguió el apartado de actividades de carácter general (administración, atención al ciudadano, transferencias a otras administraciones, etc), el 21%. Educación, sanidad, cultura y deporte se llevaron el 14% y la protección y promoción social, el 11.

La deuda pública absorbió el 12% del presupuesto ejecutado en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una reducción del 15 por ciento registrado en 2014. «Esta disminución ha sido el hecho más característico en el gasto ejecutado en 2015», dice el órgano fiscalizador, que también subraya el aumento del 14% en las inversiones reales.

Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con la salida de la crisis económica, y el aumento acumulado desde entonces es del 36%.

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