Críticos del PP presetan una querella 'anónima' contra Saénz de Buruaga

La presidente del PP, María José Sáenz de Buruaga, con su equipo de confianza. ::
La presidente del PP, María José Sáenz de Buruaga, con su equipo de confianza. :: / DANIEL PEDRIZA

Afiliados del ‘sector dieguista’, que esconden su identidad a todos salvo a los jueces, acusan a la presidenta del partido de un delito electoral y otro de prevaricación

CONSUELO DE LA PEÑA

El ‘sector dieguista’ del PP está dispuesto a poner a la mismísima presidenta de su partido ante las más altas instancias judiciales. Miembros críticos, cuya identidad ocultan tras un velo de misterio, presentaron ayer en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria una querella criminal contra la dirigente regional del PP, María José Sáenz de Buruaga; la secretaria general, María José González Revuelta, y quien presidió el comité organizador del Congreso, Jesusa Sánchez. Buruaga es diputada regional y por tanto aforada, por lo que el tribunal competente para dirimir el caso es la Sala de lo Penal del TSJC.

LoS querellantes, ‘anónimos’ para todos menos para el tribunal, las acusan de un delito electoral y otro de prevaricación administrativas por las «ilícitas actuaciones y múltiples irregularidades» que se produjeron en el proceso electoral celebrado el pasado mes de marzo, en el que Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del PP cántabro tras obtener cuatro votos más que su rival Ignacio Diego. Los ‘dieguistas’ no asumieron esa derrota porque, a su juicio, hubo tongo, y emprendieron una serie de acciones judiciales, tanto en el ámbito civil como penal, para enmendar el resultado.

La última traca judicial es la querella presentada ayer, que pretende sentar a la presidenta del partido ante la Justicia. Ahora, la Sala de lo Civil y Penal, que preside el magistrado José Luis López del Moral, tiene que valorar si admite o no a trámite la querella y dictar una resolución en consecuencia.

La Sala tendrá que dirimir si los hechos objeto de acusación son nuevos y no coinciden con la denuncia que archivó de forma definitiva la Audiencia Provincial de Cantabria este mismo mes. Este tribunal dio carpetazo a las diligencias judiciales abiertas tras la denuncia presentada por el exconcejal Ramón Arenas por supuestos pagos irregulares de las cuotas de unos 500 afiliados del PP en el proceso congresual de este partido.

Si la Sala acuerda investigar los hechos, el proceso no se activará hasta el próximo mes de septiembre dado que agosto es un mes inhábil en la Administración de Justicia. La querella, de 35 folios, está firmada por el abogado José Aníbal Álvarez García, un prestigioso especialista en penal que comparte despacho con el exjuez Santiago Torres en la calle Velázquez de Madrid, que ha defendido, entre otros, al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca y al exministro José Manuel Soria. Para hacer frente a sus honorarios, el grupo Lealtad Popular, que aglutina a los díscolos, ha iniciado una colecta entre sus afines. En el escrito de querella se hace alusión a posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secretos en el caso de Jesusa Sánchez, gerente y presidenta del Comité Organizador del PP.

La dirección regional del PP por su parte sostiene que la querella «responde a una estrategia de acoso judicial diseñada al día siguiente del Congreso Regional por quienes se niegan a asumir el resultado democrático». A su juicio, sus promotores «saben que no va a prosperar y utilizan los tribunales al servicio de una estrategia política de desgaste de la dirección regional», porque solo quieren «dinamitar la confianza y destruir la organización. Nunca han querido al PP, que han utilizado en su propio beneficio», por lo que pide que pongan fin a esta actitud.

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