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Un grupo de los afectados por los derribos extendió una pancarta alusiva a su situación en el patio del Parlamento regional

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Un grupo de los afectados por los derribos extendió una pancarta alusiva a su situación en el patio del Parlamento regional María Gil Lastra

«Somos prisioneros en nuestras propias casas. Esto tiene que terminar ya»

Los afectados por las sentencias de derribo volvieron a movilizarse para reclamar ante varios ayuntamientos, el TSJC y el Parlamento «justicia y una solución definitiva»

Teodoro San José

Santander

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Domingo, 27 de mayo 2018, 08:02

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«Esto es inhumano, está acabando con nosotros. Después de veinte años nos merecemos una solución. Ochenta y tantos han fallecido ya y no lo verán ¡pero yo sí quiero verlo!», clama Mariángeles Santiago. «Tengo el patrimonio embargado y eso que somos inocentes. Todo el trabajo de mi vida está metido ahí, me separé y no puedo liquidar los gananciales porque el chalé no se puede vender», señala Ortensio Salazar no sin cierta desazón y hastío. Mariángeles y Ortensio son dos de los cerca de quinientos propietarios afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas. Doscientos se movilizaron ayer por enésima vez para reclamar justicia, para pedir agilidad a los políticos y para mantener vivo el espíritu reivindicativo que, con gran sacrificio, les ha traído hasta aquí sin perder la esperanza de que algún día verán regularizada su situación. Porque esa es la lucha de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), un colectivo que clama por la legalización de unas viviendas, de unas urbanizaciones que compraron «con todas las de la ley» pero que les convirtió en rehenes de unas irregularidades urbanísticas de las que ellos eran ajenos.

No por repetidas las historias como las de Mariángeles y Ortensio dejan de perder dramatismo. «Somos prisioneros en nuestras propias casas», señalan junto a los que ayer volvían a enfundarse la camiseta amarilla identificativa de su protesta -ya va para veinte años- y que recorrieron varios municipios e instituciones con el fin de reclamarles, como martillo pilón, justicia y agilidad administrativa.

«Es lo que pedimos. Justicia. Justicia nada más. Exigimos una solución definitiva. Que esto termine ya. A los ayuntamientos implicados, para que aceleren los trámites y aprueben sus planes urbanísticos para ponerlos en manos de la Justicia, y a los políticos, para que se cumpla la declaración institucional que aprobaron todos los partidos de Cantabria, todos, sobre nuestra reclamación y se solucione antes de que finiquite la legislatura», señalaba Antonio Vilela, presidente de AMA, precisamente a las puertas del Parlamento regional. Allí hicieron ayer la última parada de la que dieron en llamar 'ruta de los inocentes', una caravana de tres autocares repletos de afectados que primero se movió por los ayuntamientos de Argoños, Escalante, Arnuero y Piélagos, en los que se concentran la mayoría de las sentencias de derribo de viviendas. En Liencres, por ejemplo, Vilela, al pie de una farola en la plaza de la Cruz, no pudo dejar de recordar que desde aquel mismo punto, hace quince años, ya pidieron que se regularizaran sus viviendas. «Ahora venimos por las 78 sentencias de derribo que hay aquí», recordó, «y para apoyar el Plan General y que se ponga a disposición de la Administración cuanto antes».

En el caso de Piélagos, así parece que será. Lo dijo la alcaldesa, Verónica Samperio, durante su breve alocución ante los afectados: «Soy consciente de que el Plan es la única manera de presentar a los jueces una herramienta para que las viviendas sean legalizables, y yo creo que el nuestro estará en junio». En parecidos términos se expresó el de Argoños, Juan José Barruetabeña, y lo refrendaría más tarde el director general de Urbanismo en el Parlamento, Francisco González Buendía, al apuntar que los planes de ambos municipios estarán aprobados antes de fin de año.

Y es que la reelaboración, modificación y aprobación de esos nuevos planes es primordial para que los jueces y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dispongan de un material con el que decidir si cumplen la legalidad y si esas viviendas hay que tirarlas, lo que, por otro lado, no evita que los afectados se pregunten «¿qué pasa con el suelo urbano consolidado? Si derriban vuelven a construir encima y se dilapidan recursos públicos cuando hay solución dentro de la legalidad». Es más, algunos, como lo verbaliza Mariángeles Santiago, afirman que sería «una tortura añadida que se tire todo, como piden algunos ecologistas, para volver a construir en el mismo sitio. Eso es inhumano».

En el patio del Parlamento los representantes y portavoces de todos los grupos políticos -Rubén Gómez, (Ciudadanos), Verónica Ordóñez (Podemos), Víctor Casal (PSOE), Pedro Hernando (PRC), e Íñigo Fernández (PP), además de Juan Ramón Carrancio (Grupo Mixto), el citado director general de Urbanismo y el diputado nacional de Ciudadanos Félix Alvarez- reiteraron su compromiso de trabajar para que esta situación se regularice «y acabe cuanto antes». Para que la solución sea «la que se merecen» antes del final de la legislatura. Por último, Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento regional, les animó a «no decaer en esa unidad, en la lucha» y les aseguró que el Parlamento apoyará para que la solución «sea posible. Una solución a un problema que nunca se debió de dar», concluyó.

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