El productor de Cuervos demanda a Sota y Silvia Abascal por injurias y calumnias

Un momento del rodaje /Roberto Ruiz
Un momento del rodaje / Roberto Ruiz

Emilio Barranchina presenta una demanda de conciliación y les exige una rectificación pública por sus afirmaciones en el pleno del Parlamento

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

El director de cine Emilio Barrachina ha emprendido acciones legales contra el consejero de Economía, Juan José Sota, y la diputada socialista Silvia Abascal por injurias y calumnias tras explicar en un pleno del Parlamento de Cantabria que la película 'Cuervos', rodada en Medio Cudeyo, supuso un quebranto para el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) de 1.240.255 euros. Una palabras, dice en su escrito, que dañan el «buen nombre» de un «reconocido y prestigioso» director de cine, que se ve sometido a nivel público «a tales ignominiosas difamaciones». La acción judicial también va dirigida contra el responsable del diario de sesiones de la Cámara, ya que allí quedaron recogidas las palabras de los políticos, y contra la transciptora del mismo.

Barrachina, que está inmerso en una batalla judicial con el bipartito por estafa e insolvencia punible, presentó una demanda de conciliación para que los cuatro denunciados se retracten y admitan que vertieron declaraciones falsas, injurias y calumnias contra su persona; y exige que se publique en el diario de sesiones y en la prensa de mayor tirada donde se recogió la pregunta parlamentaria de la diputada socialista al consejero de Economía, del que depende el ICAF.

En el acto de conciliación, que se celebró en el juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander, ninguno de los demandados se retractó de sus palabras. Ahora está en manos de la jueza seguir adelante con la causa para un juicio o archivarla.

Fuentes conocedoras del proceso explicaron a este periódico que Abascal presentó un escrito de respuesta en que se acogía a su derecho de parlamentaria a interpelar al Gobierno sobre la materia que considere oportuna de las actuaciones que se llevan a cabo con dinero público. Sota fue representado por el exconsejero de Presidencia Vicente Mediavilla tras la respectiva autorización del Consejo de Gobierno, quien avaló todos los datos en los informes del ICAF.

Esta acción llega cuando el bipartito y el productor se encuentran inmersos en una batalla judicial por «estafa». El Ejecutivo solicitó al juzgado a finales del año pasado que declarase el concurso de acreedores a la empresa North Cinema para intentar recuperar al menos algo de lo invertido en un filme que nunca llegó a estrenarse. Es un paso necesario para acreditar también «la insolvencia punible» en la acción penal emprendida por la Administración regional contra Barrachina.

Fuentes del Gobierno recuerdan que están a la espera de que se resuelva el concurso de acreedores, que va «más lento de lo deseado», y reconocen que ha sido complicado «dar con todos los implicados».

El Ejecutivo ha emprendido una acción a tres bandas en materia jurídica. Tres procesos que ya le han supuesto más de 65.000 euros al ICAF, según se desprende de la relación de contratos menores de la empresa pública. Ha contratado a los abogados Luis María Pozo, Borja Vila y Esteban Sevilla para la asistencia en la ejecución de la contragarantía, el concurso de acreedores y la acción penal.

Sin embargo, en su demanda Barrachina niega la mayor. Asegura que es «falso» que haya habido estafa ni ningún delito por su parte, ya que no hay demanda, ni sentencia e incluso niega ser el director, productor o administrador de North Cinema en el momento de la realización del filme. Y culpa al Gobierno de Cantabria de que con el «ruído» causado es más complicado su venta a los precios del mercado cuando se le ofreció al ICAF.

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