La propuesta de una nueva tasa turística municipal convence a ayuntamientos costeros

La tasa turística a debate ya está implantada en muchas capitales europeas, donde cobran diferentes tributos por las pernoctaciones hoteleras
La tasa turística a debate ya está implantada en muchas capitales europeas, donde cobran diferentes tributos por las pernoctaciones hoteleras / Javier Cotera

Santander, sin embargo, no respalda este impuesto planteado por el comité de expertos de la financiación autonómica

Gonzalo Sellers
GONZALO SELLERSSantander

Las tasas turísticas municipales, que gravan las pernoctaciones hoteleras, ya existen desde hace años en algunas ciudades del país y del extranjero. La idea no es nueva, pero sí que su implantación se proponga a nivel nacional. Y algunos ayuntamientos costeros cántabros lo ven con buenos ojos. Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera son dos de los municipios partidarios, como poco, de estudiar su viabilidad. «En principio no parece algo descabellado», explicó a este periódico la concejala de Comunicación castreña, Elena García.

El comité de sabios que trabaja en la reforma de la financiación autonómica, del que forma parte la catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria y concejala del PP de Torrelavega, Natividad Fernández, es el que ha planteado esta medida, dentro del informe de más de 200 páginas presentado a Cristóbal Montoro para solucionar los problemas de ingresos de los ayuntamientos. Al ministro de Hacienda no le convence este punto, ya que considera un lastre para el crecimiento económico la subida de impuestos.

Apartamentos ilegales se ofrecen en Internet, según los cálculos de Hostelería

El Ayuntamiento de Santander comparte la misma visión que Montoro. La concejala de Turismo Miriam Díaz considera «totalmente sostenible el impacto o el coste» que puede suponer en términos de servicios la presencia de esos viajeros. «También somos muy conscientes del retorno económico que tiene el turismo para la ciudad, ya que el gasto que dejan los visitantes revierte directamente en el empleo y en los puestos de trabajo, por lo que no estimamos oportuno un impuesto de esas características», destacó.

Los expertos, sin embargo, defienden que la estancia en hoteles o establecimientos de alojamientos similares es una señal de capacidad económica. También argumentan un principio básico de beneficio fiscal: los turistas han de contribuir, aunque sea testimonialmente, a financiar servicios públicos locales (seguridad ciudadana, limpieza viaria, transporte...) que consumen, además del mayor impacto medioambiental que causa el turismo.

«No lo vemos oportuno porque somos conscientes del retorno económico que deja el turista en la ciudad» Miriam Díaz. Concejala Turismo Santander

De aplicación voluntaria

«Lo que está claro es que las zonas turísticas necesitamos una financiación especial para cubrir los gastos que genera esta actividad. Desde hace años se viene reclamando la figura del ‘Municipio Turístico’ para contar con una mejor fuente de ingresos. Si se considera esta alternativa de un impuesto específico para cada territorio, tendremos que estudiarlo y ver su posible aplicación», señaló el alcalde de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera. El impuesto sería de aplicación voluntaria para que cada ayuntamiento asuma la responsabilidad política de establecer un nuevo tributo. Cada alcalde tendría que decidir si lo implanta para gravar tanto las pernoctaciones hoteleras como todas las modalidades de estancias turísticas. ¿Cuál sería su impacto? Es complejo pero haciendo números, poniendo como ejemplo a Santander y según diferentes escenarios, tomando datos de 2016, la recaudación no superaría el millón de euros si por pernoctación se gravase al visitante con un euro, calcula el profesor titular de Economía de la Universidad de Cantabria, David Cantarero.

Pros y contras

Muchas capitales europeas ya tienen impuestos de estas características. Amsterdam, Berlín, Bruselas, Lisboa, París, Praga, Roma o Viena cobran diferentes tributos por las pernoctaciones hoteleras. También San Sebastián, Barcelona o Sevilla, por ejemplo, cuentan con algún tipo de tasa propia, en algunos casos «para frenar el turismo desbocado».

«Es una idea que ya es realidad en diversas comunidades y ciudades españolas, así que en principio no parece descabellada, aunque habría que estudiar con detenimiento pros y contras, contando con el sector afectado», adelantó la concejala de Comunicación castreña.

«Los municipios turísticos necesitamos una financiación especial para cubrir los gastos» Dionisio Luguera. Alcalde de San Vicente

Pero Cantarero, en una tribuna publicada en este periódico, advierte del posible ‘efecto boomerang’. «Puede desincentivar la actividad turística local debido a lo que los economistas denominamos la ‘elasticidad de la demanda’. Es decir, quizás no se vea muy afectada por este tributo si uno viaja a Venecia –demanda casi rígida–, pero en destinos como Cantabria probablemente tendría un efecto negativo inicial sobre la entrada de turistas», explicó el economista.

Si se da luz verde a esta propuesta del comité de expertos, la reforma de la financiación local deberá de ir de la mano de la autonómica para evitar que se solapen algunos impuestos. En Baleares, por ejemplo, ya tiene una tasa turística regional que, según los expertos, debería pasar a manos de los ayuntamientos.

Hostelería presenta 59 denuncias en un mes contra los apartamentos ilegales en internet

La guerra abierta entre las asociaciones profesionales de hostelería y los negocios turísticos profesionales contra los portales de internet que alquilan pisos turísticos ilegales se ha recrudecido en Cantabria. En el último mes, la agrupación presidida por Ángel Cuevas ha presentado 59 denuncias en el Gobierno regional por anuncios de apartamentos sin licencia en portales como Airbnb, Homeaway, Niumba, Booking, Onlyapartments o Fotocasa. «Nos están haciendo mucho daño», reconoce.

Los datos que manejan elevan a más de un millar los apartamentos ilegales que se pueden encontrar en Cantabria a través de internet. Solo en el portal Airbnb aparecen más de 300 en un primer barrido y otros tantas en Homeaway. «No estamos en contra de que se alquilen, pero deben cumplir la ley para competir en igualdad de oportunidades», explica Cuevas. «Nosotros creemos en la competencia libre, pero con seguridad, dentro de la legalidad y declarando los impuestos tal y como hacemos el resto», recalca el presidente de los hosteleros, quien pide que también se les exijan «pólizas de responsabilidad civil por si ocurriesen accidentes».

Cuevas cree que es muy positivo que se penalice a los portales que oferten pisos sin registrar y destaca que «Booking y la patronal del sector ya han llegado a un acuerdo para no publicitar ninguno sin licencia». También recuerda que la asociación lleva años alertando de los «problemas» que sufre y «del daño que les hace». Pone como ejemplo que hasta la fecha estas residencias no tienen que pagar el IVA mientras que los centros certificados sí.

Para detectar estos apartamentos, trabajadores de la Asociación de Hostelería de Cantabria entran en los portales como unos usuarios más y revisan los números de registro de las casas que se alquilan. «Los que no tienen sello, la matrícula, los denunciamos. Y acertamos el 99% de las veces», aclara. El siguiente paso le corresponde a la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria. Y, por tanto, a la burocracia. «Son muy lentos, muy pesados y muy poco ágiles», se queja Cuevas.

El Ejecutivo ya envió hace meses un escrito a las comercializadoras para avisarlas de que se va a perseguir la difusión de los pisos irregulares y espera reunirse con ellas durante este año para trabajar conjuntamente. Estas webs estarán expuestas a multas que van desde los 6.000 hasta los 30.000 euros, las máximas que recoge la ley vigente, aunque en un futuro pueden ser modificadas.

El Gobierno de Cantabria se ha propuesto ahora regular. El primer paso fue acabar con el «limbo legal» en el que se encontraban a través de la Ley de Medidas Fiscales que se aprobó, junto al Presupuesto, el pasado febrero. Se obliga a todos los propietarios de pisos turísticos a inscribirlos en el Registro de Empresas Turísticas y se corresponsabiliza, por primera vez, a todas aquellas plataformas que sigan comercializando todos aquellos que no tengan licencia.

Esta polémica se extiende por todo el país. En Barcelona, por ejemplo, Airbnb se ha visto obligada a retirar 1.087 pisos que alquilaba sin licencia. Desde Madrid también se han escuchado quejas de todo tipo. El expresidente de los hoteleros madrileños, por ejemplo, denunció que estos apartamentos turísticos permiten la libre circulación de terroristas, ya que no deben cumplir con un control de viajeros, como sí hacen todos los hoteles.

Desde la Asociación de Alquiler Vacacional en Cantabria (Alvacan), a los que el Ejecutivo pidió un informe, reclaman que «se deje de perseguir a las personas que para subsistir dignamente se ven obligadas a alquilar sus propiedades, o a las que sin más, deciden alquilar sus casas». Defienden que sus «propiedades son una fuente de beneficios para nuestra autonomía, aportando ingresos a todo tipo de empresas, tanto públicas como privadas» y niegan ser una competencia «desleal». Por ello, reclaman que se suavicen requisitos como la obligatoriedad de darse de alta como autónomos si se oferta algún servicio.

La directora general de Turismo, Eva Bartolomé, aclaró en su día que no se quiere emprender una persecución contra los propietarios de estas viviendas, ni la medida responde a un afán sobreregulador. «Se trata simplemente de que estén contabilizadas y que sepamos qué tipo de calidad se está ofreciendo en esas viviendas». dijo.

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