La prostitución se traslada a los pisos relax, «más difíciles de controlar», según la Policía

Uno de los episodios más impactantes de los últimos meses tuvo como epicentro Torrelavega. Allí, una pareja nigeriana lideraba una organización criminal que sometía a las chicas con rituales vudú, algo que las provocaba un miedo tal que no se atrevían a denunciar. Para desarticular la trama fue fundamental la colaboración con otras policías de Europa y África. Ese es un camino para poner fin a estas tragedias personales. En otros casos, los agentes empiezan a tirar del hilo a raíz de denuncias ciudadanas. Y a veces son las propias afectadas las que dan la voz de alarma. «Nos llega información de muchos sitios. Por ejemplo, existe un buzón contra la trata que es totalmente anónimo y accesible a través de internet. A estos asuntos se les da una prioridad máxima», explica el responsable del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional en Cantabria.

Antes de intervenir es necesario procesar todos los datos y conocer el hipotético 'modus operandi' de la organización, si es que realmente existe. «Trabajar de forma precipitada podría desencadenar un problema aún más grande porque muchas veces la forma de controlarlas es mediante amenazas a ellas o sus familias», apuntan los responsables policiales. La labor 'in situ' es muy delicada y la prioridad es proteger a las víctimas que pueden estar colaborando con los agentes. Lo normal es que en los clubes las chicas víctimas de explotación vivan engañadas y ni siquiera conozcan el idioma. De ahí que las autoridades siempre vayan acompañadas por traductores: «No podemos permitir que nadie de dentro haga de intérprete, porque podrían manipular cualquier dato relevante».

En el ámbito rural, donde se concentra una parte importante de los negocios de alterne, la encargada de realizar las inspecciones es la Guardia Civil. «Hay una serie de indicios que te pueden indicar que existe una situación de coacción. Cuando no tienen la documentación a mano y se la entrega otra persona, cuando en el mismo lugar están alojadas las chicas, cuando el edificio está cerrado a cal y canto o tiene barrotes, cuando al preguntar a una posible víctima responde otra persona...», apunta un responsable de la Benemérita, quien remarca que es muy difícil detectar casos sin una investigación previa.

Siguiendo las indicaciones del Protocolo Nacional de Lucha contra la Trata, la Guardia Civil de Cantabria intenta visitar todos los clubes de su demarcación. Y a veces se detectan otros tipos penales relacionados con las drogas o delitos contra los trabajadores. Por eso, en ocasiones también van acompañados de técnicos de la Inspección de Trabajo, que en algunos clubes ya han ordenado la paralización de la actividad «por la existencia de riesgo grave o inmediato para los trabajadores».

Porque aunque no haya explotación sexual, en su interior pueden existir otros problemas. «La lucha contra el fraude implica actuar sobre actividades clandestinas o semiclandestinas en la medida que se puede aflorar esta situación irregular que tanto daño hace al sistema y a los trabajadores por la falta de permisos, de cotización y mayores riesgos laborales con la correspondiente precarización del mercado», apunta Miguel Ángel Gálvez, director territorial de la Inspección de Trabajo.

En Nueva Vida lamentan que no exista una regulación clara en relación a los establecimientos de este tipo, que en su mayoría están registrados como negocios de hostelería. En este sentido, piden a las instituciones que trabajan sobre los demandantes de estos servicios. «Más allá de estar contra la trata, que en resumen es pagar por violar, debemos rechazar que se trate a cualquier persona como mercancía», dice Jiménez, quien es favorable a multar a un consumidor que cada vez es más joven. «El problema es que se ha normalizado la mercantilización del ser humano. Incluso en los juzgados. En ocasiones parece que las víctimas son las acusadas», apunta.

Según la Memoria Fiscal de 2017, el año anterior la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaron en la comunidad nueve posibles víctimas de explotación sexual y dos de ellas aceptaron el periodo de reflexión, una situación de especial protección. Tienen 90 días para pensar si quieren colaborar en la investigación, se les proporciona un piso tutelado y se paralizan las órdenes de expulsión que tengan si están indocumentadas. «Lo más importante es protegerlas», recuerdan desde la Policía.

Por eso, en muchos casos, si se comprueba su condición de víctima, se les puede dar un permiso de residencia. Aunque es la excepción, también hay denuncias falsas, que automáticamente desembocan en la activación del protocolo de expulsión. En el último ejercicio analizado se efectuaron 141 inspecciones en pisos, clubes y otros establecimientos, que sirvieron para controlar a 273 chicas. A tenor de esta misma fuente, en la región existen entre 25 y 28 clubes de alterne. En este documento también se pone de manifiesto que la cifra va a la baja y que existe una tendencia a su sustitución por los denominados 'pisos relax', en los que la intervención policial resulta más compleja. «Si bien hasta ahora no ha habido problemas significativos para su control y se les permite el paso hasta el recibidor, nunca a las habitaciones, preocupa la forma de actuar si surgiese oposición de sus responsables», apunta la Fiscalía.

En concreto, porque al tratarse de domicilios privados sólo se podría entrar con una orden judicial. Esto ralentizaría el proceso y podría dar tiempo suficiente a los delincuentes para ocultar pruebas. Precisamente el pasado mes de febrero se realizó la primera inspección con orden de un juez a un 'piso relax'.

Las autoridades destacan que organizaciones como Nueva Vida o la Red Cántabra contra la Trata hacen un trabajo importante con acciones como la de detección de VIH en los clubes, que cada año atiende a unas 450 mujeres en la región. En ocasiones, esta es la mejor vía para localizar posibles casos de explotación sexual. «Hablamos con los clubes previamente y solemos tener una respuesta positiva, con condiciones. Si vamos sin avisar algunos nos han dicho que no», dice Jiménez, quien señala que también cuentan con mediadoras de los países de origen. De este modo, en 2016 se detectaron otras doce víctimas potenciales, que se derivaron a la Policía Nacional, primero, y después a los centros que gestionan estas entidades.