Puerto Gallego declarará ante el juez en octubre por una denuncia de hace ocho años

Puerto Gallego
Puerto Gallego / DM

La magistrada que reabrió el caso solo quince días después de cerrarlo la cita como investigada por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era alcaldesa de Santoña

CONSUELO DE LA PEÑA

Ocho años después de ser denunciada por el supuesto fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Santoña, en el que gobernó con mayoría absoluta entre los años 2003 y 2009, la socialista Puerto Gallego declarará como investigada (antes imputada) ante el juez. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña, encargado de la causa, la ha citado a declarar el próximo 17 de octubre, a las diez de la mañana. Ese día podrá, por fin, defenderse y explicar su versión de los hechos.

La citación se produce después de los vaivenes que ha sufrido el caso en los últimos meses. La juez de Santoña María Peña Lobeto dio carpatazo al procedimiento a primeros de julio al considerar que no había delito alguno. Lo hizo sin oír a la afectada, después de ocho años bajo sospecha judicial. Pero ante los recursos de los querellantes, la juez se corrigió y quince días después reabrió la causa para escuchar a la exdirigente socialista, a la que ahora llama a declarar en octubre.

Gallego fue denunciada en febrero 2009 por el entonces concejal del Movimiento Falanguista Leoncio Calle Pila, una iniciativa a la que se sumó después el PP. Calle Pila acusó a todo el equipo de gobierno, capitaneado por Gallego, de fraccionar contratos para evitar sacarlos a concurso y después adjudicarlos a dedo a empresas amigas, haciendo caso omiso a las continuas advertencias de ilegalidad formuladas por los interventores municipales. La entonces juez de Santoña Rocío Rubio abrió una investigación en la que requirió documentación, citó a testigos y llamó a declarar como imputados a los ocho ediles socialistas que formaban el equipo de gobierno.

Pero cuando llegó a Gallego se detuvo porque ya era diputada nacional y, como aforada, la competencia era del Supremo. Sin embargo, la juez cometió dos errores que provocaron las dilaciones en el proceso. Primero, el Supremo devolvió la causa porque no iba acompañada del preceptivo informe fiscal. Después, en febrero de 2014, dictó otro auto elevando el caso de nuevo al Alto Tribunal ante los «claros indicios» de delito, pero sin una exposición razonada, lo que posibilitó que los imputados recurrieran ante la Audiencia. Este tribunal subrayó que hasta tres interventores municipales advirtieron de la ilegalidad de fraccionar los contratos para que no superasen los 18.000 euros y así adjudicarlos a dedo.

Investigación

El caso llegó finalmente con todos los parabienes al Supremo, tribunal que en septiembre de 2016 consideró «imprescindible» continuar la investigación porque existen pruebas periciales y reparos de la inspección municipal que apuntan a posibles irregularidades. La causa fue devuelta al Juzgado de Santoña, donde llegó en noviembre. Sin embargo, a pesar de las advertencias de la Audiencia y del Supremo sobre la existencia de «indicios claros» de delito, la actual titular del Juzgado no vio necesario tomar declaración a Gallego y acordó el archivo del procedimiento sin practicar más pruebas por entender que no había delito.

Esa decisión supuso la rehabilitación política de la exdiputada nacional, que vio cercenada su trayectoria en el partido por la denuncia de unos hechos sobre los que ni siquiera ha llegado a declarar. Y es que Puerto Gallego tuvo que entregar su acta de diputada nacional cuando el Supremo decidió investigarla por un presunto delito de prevaricación. Poco le duró la dicha, porque dos semanas después la juez reabrió el caso a petición del PP y de Calle Pila. La exdiputada socialista no quiso recurrir ese auto, lo que hubiera supuestos nuevos retrasos para declarar.

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