El PP recurre el archivo de la causa que obligó a Puerto Gallego a dimitir

Puerto Gallego./EFE
Puerto Gallego. / EFE

El caso va camino de la Audiencia, ya que tanto los populares como el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila están dispuestos a llevar el sobreseimiento ante el tribunal

CONSUELO DE LA PEÑASantander

El Partido Popular ha recurrido el auto judicial que archivó la causa contra la exalcaldesa de Santoña y exdiputada socialista, Puerto Gallego, y ocho de los concejales que formaron parte de su equipo de Gobierno entre los años 2003 y 2011.

Los populares siguen así la estela del exconcejal del Movimiento Falangista de España en Santoña Leoncio Calle Pila, que en febrero de 2009 impulsó la denuncia a la que se sumó después el PP. Ambos han recurrido en reforma ante la propia juez y anuncian que acudirán a la Audiencia Provincial de Cantabria si se mantiene el carpetazo del caso.

La juez María Peña Lobeto tendrá ahora ocasión de fundamentar su decisión, que ventiló en apenas seis líneas, si no quiere que la Audiencia le devuelva el procedimiento para que lo razone debidamente. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña cerró la causa al considerar que no había delito.

La exdiputada nacional tuvo que dimitir cuando se supo que el Supremo (tribunal que se hizo cargo de la causa por su condición de aforada) se proponía investigarla por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Santoña, en el que gobernó con mayoría absoluta entre 2003 y 2009. Tras reunirse con el partido, Gallego anunció su renuncia, entregó su acta y fue sustituida por Ricardo Cortés. La exalcaldesa de Santoña defendió su inocencia, pero dimitió para «no ensombrecer, en ningún caso, la determinación de los socialistas de promover la regeneración», según justificó entonces. Y es que la decisión del Supremo adoptada el pasado mes de septiembre se produjo en pleno discurso del PSOE contra la corrupción del PP y su apuesta por el endurecimiento de medidas contra esa lacra. La política socialista quiso ponerse por delante, incluso, del código ético de su partido, que sólo obliga a dejar el cargo cuando se abre juicio oral, que no era su caso.

El proceso se abrió en 2009 cuando Calle Pila acusó al equipo de Gobierno capitaneado por Gallego de fraccionar contratos para evitar sacarlos a concurso y después adjudicarlos a dedo a empresas amigas, haciendo caso omiso a las continuas advertencias de ilegalidad formuladas por los interventores municipales. La Audiencia primero y el Supremo después vieron indicios de delito, pero la juez de Santoña no.

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