Renfe, condenada a contratar a dos operarios que había tenido trabajando en situación irregular

Los empleados fueron despedidos por Transervi al tener ésta conocimiento de que denunciaron ante Inspección de Trabajo la cesión ilegal de mano de obra, que se tradujo en que percibieron un salario aproximado de 15.000 euros al año, cuando el convenio de Renfe para los puestos que desempeñaban -operadores de mantenimiento y fabricación nivel 1- prevé unos salarios anuales de unos 30.000 euros. El doble.

Ahora los tribunales, a quienes recurrieron los trabajadores, condenan a Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. a readmitirlos en los mismos puestos y a Transervi, solidariamente, a abonarles los salarios dejados de percibir desde la fecha de su destitución -el 31 de diciembre de 2016- hasta la notificación de la sentencia, que vio la luz 21 de diciembre de 2017, con descuento de lo percibido por los trabajadores en cualquier otro empleo durante este periodo. En definitiva, alrededor de 30.000 euros, más las diferencias salariales no cobradas durante el último año trabajado en Renfe -2016-, el único que no ha prescrito.

De esta manera, Renfe se ve obligada a integrar en su plantilla a estos dos trabajadores sin pasar por los correspondientes procesos de selección propios de una empresa pública «para asumir las consecuencias de la chapuza que supuso contratarlos a través de Transervi con la única intención de abaratar sus salarios», afirma Iván Calvo, abogado de D.C.C. Queda absuelta sin embargo Transfesa, matriz de Transervi, de las pretensiones deducidas contra ella. Frente a la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El fallo del juzgado establece que sí hubo cesión de mano de obra ilegal porque M.A.G.R. -desde junio de 2013- y D.C.C. -desde enero de 2016- realizaban tareas ordinarias de revisión y mantenimiento de los trenes con el resto de la plantilla de Renfe Material Motor de Santander, «haciendo uso de sus herramientas, instalaciones, recibiendo directamente órdenes de jefes intermedios de la operadora ferroviaria...». Esta es una práctica prohibida por la ley, ya que la cesión de mano de obra es únicamente legal «cuando se lleva a cabo a través de empresas de trabajo temporal, con su correspondiente regulación especial de aplicación», y no una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la cesionaria, como ha sucedido.

La sentencia considera que se han vulnerado derechos fundamentales de los trabajadores al tomar la decisión de despedirlos tras conocer que habían iniciado acciones en reclamación de sus derechos.

Ya en febrero, Trabajo levantó acta declarando que se había producido una «cesión ilegal» de trabajadores por parte de Transervi, quienes suplían las labores del personal de Renfe, considerando «muy grave» la infracción de la empresa pública, por lo que fue sancionada en vía administrativa. El operador ferroviario tiene recurrida esta sanción.

El informe de Trabajo, redactado tras una visita al taller de mantenimiento el 14 de diciembre de 2016, ha sido una prueba «trascendente» en el juicio. En el mismo se constata que las tareas realizadas por los trabajadores «se encuadran dentro de la actividad propia ordinaria y normal de Renfe»; que la organización aplicada a ambos «queda integrada sin diferenciación alguna» con el resto de operaciones y empleados del taller; y que estaban bajo las órdenes de los mandos de Renfe. «La única diferencia es el sueldo», sentenciaba el expediente.

El caso es idéntico al sucedido en León en 2014 con 25 operarios envueltos en otra cesión ilegal por parte de Transervi a los Talleres de Fabricación y Mantenimiento de Renfe.