Revilla dice que el Gobierno no adoptará ninguna de las propuestas de la Airef para las empresas públicas

Revilla dice que el Gobierno no adoptará ninguna de las propuestas de la Airef para las empresas públicas
Sane
Cantabria

El presidente regional desoye el informe hecho público este miércoles, mientras PP y Podemos insisten en reordenar el sector público

Pilar Chato
PILAR CHATOSantander

Tajante. Así se ha mostrado este jueves el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, al ser preguntado por las medidas que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha propuesto para las 25 empresas y sociedades públicas de Cantabria: «No se va a adoptar ninguna de ellas», ha dicho. Así que ni fusiones, ni subidas de tasas o precios públicos, ni privatizaciones de servicios turísticos. Las recomendaciones que el organismo emite en un informe pedido por el propio gobierno le parecen al jefe del Ejecutivo regional «un disparate». Y es que el presidente tiene claro que no se trata de empresas privadas y que los servicios públicos tienen unos costes que hay que asumir y el Gobierno «no se puede guiar por beneficios ni por coste sino por atención a los ciudadanos». Este informe desvelaba unas pérdidas de 72 millones de euros.

El informe también ha provocado las primeras reacciones entre la oposición. Mientras el PP le pide al presidente que «hable menos y se ponga a trabajar para sanear» estas entidades, Podemos insiste en la necesidad de fusionar las empresas públicas para ganar en eficiencia y «frenar el dispendio del dinero de la ciudadanía y las duplicidades innecesarias».

«Claro que los servicios públicos cuestan dinero, por eso son servicios públicos», y desde el Gobierno se asumen una parte de los costes para que no repercutan en el ciudadano, ha insistido Miguel Ángel Revilla, quien rechaza la subida de tasas que recomienda la Airef porque es una manera más de «meter más impuestos todavía a los ciudadanos».

El informe de la Airef señala que las empresas y fundaciones públicas de Cantabria -entre las que se encuentran Cantur, Sodercán, ICAF, Pctcan o 112- tuvieron durante 2016 unas pérdidas de 72,3 millones de euros. Ingresaron en ese ejercicio 126,1 millones y generaron un gasto de 198,4 millones. Entre las medidas propuestas destacan subir las tarifas de algunas instalaciones turísticas de Cantur, como la del Parque de la Naturaleza de Cabárceno o la estación de esquí de Alto Campoo; cerrar otras, como las cuevas, en temporada baja; elevar un 17% las tasas que MARE cobra a los ayuntamientos por la recogida de basuras; fusionar sociedades que comparten actividad; externalizar servicios; o centralizar la gestión.

A juicio del presidente regional y líder del PRC, aunque servicios como mantener abiertas las cuevas «tengan un coste», hay que hacerlo porque supone también «un beneficio» por la cantidad de personas que vienen a la región y se quedan a dormir, consumen, etcétera. También ha puesto como ejemplo la estación de esquí de Alto Campoo, que también tiene un «coste», pero que es «un dinamizador» de la comarca campurriana y a la que han acudido a esquiar este año 110.000 personas.

«Así podemos hablar de cantidad de servicios que estamos prestando para beneficio de los ciudadanos y que hay empresas que son deficitarias y otras que son rentables», ha resumido Revilla, quien también se ha referido a otros servicios públicos que pueden ser deficitarios pero que hay que mantener, como líneas de autobús, maestros o consultorios médicos que prestan servicios en pueblos.

También ha rechazado la recomendación de realizar privatizaciones. «De ninguna manera, no estoy en absoluto de acuerdo», ha dicho Revilla. El presidente ha advertido de que se trata de un informe que «ni siquiera lo ha hecho un organismo externo», que «hacen análisis como si estuviéramos hablando de una empresa privada». «No, esto no es una empresa privada. Hay unos servicios públicos que no son rentables pero que hay que mantener. Los ciudadanos tienen derecho a esos servicios», ha reiterado.

«Esto no es el Banco Santander ni el BBVA. No se pueden guiar por beneficios ni por coste sino por atención a los ciudadanos, eso es lo que tiene la entidad de lo público, que hay cosas públicas que son deficitarias, que deben ser deficitarias y que las hacemos porque sino no las haría una empresa privada», ha concluido.

Reacciones

El Partido Popular de Cantabria ha opinado que el Gobierno está «volviendo a las andadas» con las empresas públicas y ha criticado la reacción de Revilla. «La respuesta no puede ser que no se va a privatizar nada mientras él sea presidente», ha opinado el diputado popular Íñigo Fernández, para quien «la respuesta debe ser sanear esas cuentas para no cargar esa deuda a las espaldas de todos los cántabros».

El diputado ha insistido en que es necesario «poner orden y volver a la senda de la gestión eficaz». Para Fernández, el resultado del informe es «muy preocupante», porque demuestra que el Gobierno PRC-PSOE vuelve a los «mismos vicios de siempre». A su juicio, no se pueden mantener las empresas públicas «a costa» de los ciudadanos y «no pueden proliferar como champiñones ni servir exclusivamente para colocar a gente con el carné en la boca», añade Fernández.

El PP no descarta llevar este debate al Parlamento de Cantabria para que el Gobierno regional informe de las causas del desfase y de las medidas que tiene previsto adoptar para solucionarlo.

En el caso de Podemos, el diputado José Ramón Blanco ha reiterado la necesidad de fusionar las empresas públicas de la comunidad autónoma como medida para ganar en eficiencia y «frenar el dispendio del dinero de la ciudadanía y duplicidades innecesarias». La formación se muestra «conforme» con los resultados del estudio que «avala algunas de las medidas de Podemos como vía para frenar la sangría de las arcas públicas».

Blanco ha recordado que desde Podemos se lleva años denunciando una mala gestión en las empresas públicas cántabras, y ha recordado que para los presupuestos de 2017, su grupo ya propuso al Gobierno aglutinar varias empresas públicas para evitar las pérdidas millonarias y reducir cargos públicos «designados a dedo».

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