Sniace y Helium pierden la reclamación de 114 millones al Gobierno por el primer plan eólico

La sala de lo Contencioso Administrativo, presidida en funciones por Clara Penin, echa por tierra todas sus expectativas de las firmas tras más de dos años de litigio al considerar que no existen esos daños que se reclaman y que los parques pueden seguir tramitándose ahora con la nueva legislación. Sólo les reconoce el derecho a recuperar «los gastos que asumieron en su día y los costes de constitución del aval tras la adjudicación de la potencia y hasta su devolución». Una cantidad que está pendiente de cuantificar y que podría oscilar entre 300.000 y 400.000 euros, según las primeras estimaciones. El Gobierno, no obstante, tiene pensado recurrir para tratar de ahorrarse también desembolsar esta partida.

Sniace y Helium formaron uno de los siete grupos que resultaron adjudicatarios del concurso eólico junto a la Sociedad de Capital Riesgo Global (Banco Santander), aunque está última no ha firmado la demanda. El concurso logró en diciembre de 2010, en una resolución firmada por el entonces consejero de Industria, el socialista Juan José Sota, una concesión de 189 megawatios para la instalación de un parque eólico entre los municipios de Soba y Vega de Pas. Además, el proyecto industrial que comprometía Sniace por esta adjudicación era la construcción de un Centro Tecnológico de Bioenergía, con una inversión de 7,3 millones de euros.

No es esta la primera reclamación que el Gobierno gana a las empresas afectadas por la anulación del anterior concurso eólico, pero sí es la de más entidad económica. Por ejemplo, Cantabria Generación exigió que se le reembolsen los gastos originados por las tasas y los avales que tuvo que pagar, una cantidad cercana a los 800.000 euros. También lo hizo Viesgo. Ambas fueron desestimadas íntegramente. Blas Mezquita presentó la denuncia cuatro días después de que el Tribunal Supremo enterrara definitivamente el concurso eólico y condenara en costas a las empresas recurrentes.

El concurso eólico fue anulado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia en octubre de 2012 tras la demanda interpuesta por la asociación ecologista ARCA, que había avisado reiteradamente al Gobierno del PRC-PSOE de las irregularidades legales durante la tramitación del plan. La anulación definitiva, por sentencia del Tribunal Supremo, respondía a un recurso contra el fallo del Tribunal Superior presentado por siete de los adjudicatarios, entre los que no estaba el grupo liderado por Sniace.

La sentencia del Supremo censura y rechaza la forma en la que fue diseñado el concurso eólico al considerar que la ampliación de la zona susceptible de albergar molinos y la de la potencia instalada -que pasaba de 300 megawatios de potencia en tres zonas a 1.400 megawatios- en las siete finamente adjudicadas, incluía previsiones y determinaciones que son propias de un instrumento de planificación, sin que se sometiese al trámite esencial de la evaluación ambiental estratégica, preceptiva para los planes y programas con efectos significativos sobre el medio ambiente.