eN SOLITARIO

Juan Luis Fernández
JUAN LUIS FERNÁNDEZ

Al principio de esta legislatura, el Gobierno de Cantabria parecía solo una reedición levemente corregida de la experiencia de la coalición 2003-2011. Cierto que había algunos aspectos diferentes. En primer lugar, la coalición no sumaba mayoría absoluta, lo que la obligaba a apoyarse en Podemos o Ciudadanos. Eligieron a Podemos y este partido fue entusiasta en la instalación del nuevo ejecutivo. En segundo lugar, el PRC negoció tan precipitadamente, que dejó en manos del PSOE el 80% del presupuesto regional, algo no sólo desproporcionado desde el punto de vista de representatividad democrática (después de todo, sólo una séptima parte de los cántabros apoya esas ideas de gestión, mientras otros seis séptimos discrepan), sino que también sería progresivamente doloroso para la propia estructura regionalista. Y es que es muy difícil liderar la región si los principales servicios públicos de la autonomía no los llevas tú.

Así pues, una fricción en torno a la identidad de la «bisagra» parlamentaria y otra fricción en torno al excesivo papel del PSOE, no justificado por las urnas, eran conflictos previsibles. No tanto lo era el bloqueo de la relación entre rosas y círculos, ni tampoco la fractura interna del socio alternativo, Ciudadanos. Y mucho menos, desde luego, la división interna del socialismo y la llegada de un nuevo liderazgo en onda con un resucitado Pedro Sánchez.

La cohesión interna del Gobierno es ahora menor y su incertidumbre parlamentaria, mayor. Para aprobar el Presupuesto de Cantabria de 2018, necesita un voto, y sus opciones están de nuevo en Podemos, en el diputado de Ciudadanos, o en el no adscrito que se ha ido del partido de Rivera. Todo ello tiene un coste electoral, no sólo para los diputados que entren a negociar, sino también para el Gobierno. Aprobar una ley con un «voto sin partido» no es demasiado edificante, ni convergente con el discurso de transparencia y honradez que se transmite al universo electrónico.

El Presupuesto es clave. Si se aprueba, el PRC podría gobernar incluso en solitario, pues le bastaría con algún tipo de entendimiento con otras fuerzas para agotar la legislatura, prorrogando en 2019 el presupuesto del año anterior. Lo único que podrían temer los regionalistas es una moción de censura, pero esta ya no es viable entre grupos tan heterogéneos y tan cerca de las elecciones. Y como la actividad legislativa es muy escasa, en la práctica la vida de la autonomía se reduce a la ejecución del presupuesto por el Gobierno y a los debates de control semanales en el Parlamento.

Será posiblemente para el PRC una tentación creciente la de librarse del coaligado, hacer en solitario la recta final para rentabilizar el gasto público, y trabajarse un escenario de escaños en que vuelva a tener una posición central en el mapa político. A la inversa, una vez aprobado el presupuesto, la posición del PSOE es de máxima vulnerabilidad. Pues ni entonces ni después de mayo de 2019 tiene mejores opciones que sentarse con el PRC. Su única salvación es conseguir más escaños, pero esto parece improbable con las tensiones internas que se vienen observando. Al revés, los problemas de los demás invitan al PRC a intentar una mayoría absoluta y, para eso, gobernar solos puede ser la plataforma óptima.

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